Vecinos de San Jorge y Rochapea temen perder el alquiler social tras la compra de un fondo buitre

La preocupación ha llamado a la puerta de un numeroso grupo de vecinos de San Jorge y Rochapea. La compra de dos bloques de viviendas (y podría haber un tercero en Buztintxuri) por parte de un fondo de inversiones buitre ha puesto la espada de Damocles sobre las cabezas de cientos de familias. El problema, como suele pasar en estos casos, es la subida abrupta de los precios del alquiler, un incremento que en muchas ocasiones se convierte en imposible de asumir por parte de los inquilinos.

Esta es la tesitura que están sufriendo los vecinos de 84 inmuebles de la avenida Sanducelai, así como en Marcelo Celayeta, donde existen hasta una docena de portales afectados. La situación se agrava, ya que el 31 de marzo es la fecha límite que ya les ha sido notificada a algunos para solventar el cambio de contratos, de vivienda de protección social a un alquiler convencional.

El coste que deberían asumir, aunque cambia según circunstancias, se sitúa entre 700 y 800 euros al mes (en la situación anterior, la entidad estaba exigiendo unos 560 euros que, con ayudas, eran unos 140 para las familias con mayor nivel de ayudas). El cambio de cuantías está directamente relacionado con las exigencias de cobro del fondo de inversión Testa Residencial (los actuales propietarios de las viviendas) para quienes opten por quedarse en sus casas. Tras pasarse el plazo de 20 años exigido para destinar los pisos a alquiler social, el tiempo está a punto de caducar.

NERVIOSISMO REAL

De ser así, el fin de la calificación llevaría aparejada la libertad del libre mercado para vender o alquilar, además de la supresión de las distintas subvenciones que los afectados venían recibiendo por parte del Gobierno de Navarra (al dejar de ser viviendas de alquiler protegido, los inquilinos no pueden optar a ese derecho de ayuda). Tal y como se señaló durante la sesión de Urbanismo del miércoles, los afectados serían, en su mayoría, personas con recursos limitados, pensionistas o gente con alguna minusvalía.

La inquietud se adueñaba este jueves de los portales 2,4,6 y 8 de la calle Sanducelai; otro en Santa Vicenta María; y las viviendas situadas entre los números 119 y 131 de la avenida Marcelo Celayeta. Numerosos periodistas se habían acercado hasta el lugar a primera hora de la mañana, donde los vecinos no tenían inconveniente en poner sobre la mesa la situación a la que se exponen. “Nos vamos a quedar en la calle. Los precios que piden son inasumibles”, indicaban este jueves. Las mismas familias que ya habían colgado de sus ventanas diversos letreros y carteles reivindicativos, demostrando su malestar y rogando al Gobierno de Navarra que tome cartas en el asunto.

“Llevamos casi diez años aquí”, insistían algunos sin dejar de pedir “más tiempo” para organizarse y negociar una solución.