“Yo le pediría que ya, desde ahora, deje de ser concejala, sin esperar a los trámites judiciales”. Con estas palabras el alcalde de Pamplona Enrique Maya (Navarra Suma) se dirigió ayer a la concejal de Bildu, Amaia Izko, poco después de que esta reconociera haber colaborado con la banda terrorista ETA, en el juicio celebrado contra 47 abogados. Ese reconocimiento y el acuerdo alcanzado con la fiscalía evitará que muchos de los juzgados, entre ellos Izko, vayan a prisión, pero no se librará de una condena a 3 años de inhabilitación que le impedirán seguir como concejal de Pamplona.

Ayer, Maya no dudó en calificar como “una ofensa para las víctimas del terrorismo etarra” la presencia de Izko en el salón de plenos, un cargo con el que “ha menoscabado la dignidad de esta institución”, aseguró. Para Maya el puesto que ostenta todavía la edil de Bildu (y podría mantener hasta que la sentencia sea firme) no es una anormalidad, sino “una aberración democrática y un insulto a las víctimas del terrorismo”, algo de lo que responsabilizó a Bildu y a su portavoz en Pamplona, el exalcalde Asiron.

Bildu habla de manipulación

Joxe Abaurrea (Bildu) interpretó la petición de Maya de que Izko no vuelva al consistorio como una forma de “enturbiar” un pleno solicitado por la oposición, y también de “camuflar o distorsionar” las mayorías en la mancomunidad. “Me parece una petición obscena” llegó a decir.

Con otras palabras pero con un igual sentido se expresó la socialista Maite Esporrín. “Esperemos que este asunto no afecte a la representación”, dijo refiriéndose a la próxima elección del presidente de la Mancomunidad.

El alcalde contestó que lo obsceno sería permitir que una persona condenada por colaborar con ETA pertenezca a la Corporación municipal, y se comprometió a agilizar los trámites para que el sustituto de Izko pueda estar presente en la asamblea del próximo 26.

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