Diario de Navarra

Pamplona espera la resolución judidicial de al menos 13 casos de ocupación ilegal -todos ellos en al barrio de la Rochapea- de otras tantas viviendas de propiedad municipal para proceder a su desalojo. Así lo confirma Patxi Fernández Elizalde, director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento pamplonés, quien asegura que se están tomando medidas preventivas para evitar nuevos casos en el futuro, como el tapiado de los accesos a los pisos. “Nos consta que intentan entrar en cuanto se enteran de que hay una vivienda libre”, asegura. Según confirman desde el área, existen 19 viviendas municipales tapiadas que todavía no reúnen las condiciones de habitabilidad. Seguridad Ciudadana es una más de las áreas del Ayuntamiento afectadas por este fenómeno que en la pasada legislatura copó buena parte de las páginas de sucesos y de los debates plenarios, con dos casos paradigmáticos: la ocupación del palacio Marqués de Rozalejo, que terminó con disturbios, tres desalojos y el sellado final del edificio -y con 22 encausados a la espera de juicio-, y el de una vivienda en la calle de Jarauta 13, en la que se denunció una presunta violación y que culminó con una manifestación popular contra los okupas por la agresión al propietario del bar Katu, en la misma calle. Fueron los propios okupas quienes tuvieron que llamar a la Policía Municipal para evitar una agresión de los vecinos. Con Seguridad Ciudadana, otras áreas municipales como Desarrollo, Urbanismo, Patrimonio, Servicios Jurídicos o Hacienda se ven afectadas por el fenómeno de la ocupación. Usurpar ilegítimamente una vivienda de propiedad municipal tiene consecuencias múltiples que afectan a la seguridad, a la fiscalidad, al patrimonio municipal o a las políticas de desarrollo. Doce de las trece viviendas municipales ocupadas ilegalmente se encuentran en el Grupo San Pedro -entre los números 1 y 38- y una en la calle Marcelo Celayeta, número 118, todas en la Rochapea. El perfil de estos ‘okupas’ es el de familias de escasos recursos que acceden a viviendas muchas veces sin cédula de habitabilidad. “Entran en cuanto se enteran de que queda una libre. Se saltan todas las listas de espera y normalmente llaman a familiares para que ocupen otras viviendas cuando saben que están ‘disponibles’. Los desalojos no suelen ser problemáticos”, continúa el director de Seguridad Ciudadana. Este perfil poco tiene que ver con el de las familias afectadas por las hipotecas, ciudadanos que adquirieron legalmente una vivienda y a los que la crisis económica les arrolló y “sacó” de alguna manera del sistema. Los desalojos de las viviendas municipales como las del Grupo San Pedro son discretos, sin presencia colectivos sociales de apoyo. “POLÍTICA DE TOLERANCIA 0” Javier Labairu es el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona en el gobierno de Navarra Suma. Cuando se le pregunta sobre las políticas del gobierno de Maya en materia de ocupación, remite al programa de la coalición de UPN, PP y C’s para las elecciones del pasado 26 de mayo. “Política de tolerancia 0 con okupaciones ilegales de bienes municipales”, indica el punto 329 -de un total de 330- del programa municipal de Navarra Suma para Pamplona. Un puesto quizás postrero para un asunto que entró de lleno en la agenda política en la pasada legislatura y sobre el que tanto UPN como el PSN ejercieron una oposición correosa ante la desidia del gobierno de Asiron. El palacio Marqués de Rozalejo, convertido en gaztetxe Maravillas, llegó a erosionar las relaciones del ya extinto cuatripartito municipal. Mientras Aranzadi apoyaba expresamente a los ‘okupas’, EH Bildu miraba para otro lado y atribuía la ocupación del inmueble, propiedad del Gobierno de Navarra, a la escasez de espacios de autogestión. El peor papel le tocó a Geroa Bai, que tuvo que soportar pinturas amenazantes en la sede del PNV. Tras tres ocupaciones y otros tantos desalojos, entre septiembre de 2017 y enero de 2019, hoy el edificio se encuentra sellado y vaciado. El Gobierno de Uxue Barkos convocó a pocos días de las elecciones forales del 26-M la licitación para la redacción del proyecto de reforma del palacio y su conversión en un Instituto de la Memoria Histórica. Mientras tanto, los 22 encausados por la ocupación del inmueble esperan un juicio suspendido en mayo y que se celebrará en octubre o noviembre. El gaztetxe de Rochapea: resistir ante un desalojo Desde el Ayuntamiento de Pamplona restan importancia al gaztetxe de la Rochapea, ubicado una nave industrial de la calle Artica y que generó algunos problemas con los vecinos de la zona después de varias fiestas. “Son chavales jóvenes que entran durante el día. Pero no hacen un uso intensivo del local”, aseguran desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento pamplonés. La nave está ocupada desde septiembre de 2016. La afirmación contrasta con el comunicado que el pasado 9 de agosto lanzaron desde la asamblea del gaztetxe. Aquel día, los jóvenes ofrecieron una rueda de prensa en la que reivindicaban el papel de este espacio en el barrio y en el que mostraban su intención de resistir ante un posible desalojo. “Defenderemos el gaztetxe mediante todos los medios que están a nuestro alcance”, advertían. Al igual que ocurría con el palacio Marqués de Rozalejo -y con todos los espacios ocupados-, el gaztetxe de la Rochapea plantea el problema de la seguridad estructural del edificio. El problema para el propietario se multiplicaría en el caso que ocurriese un accidente o un herido. UPN y PSN solicitaron en varias ocasiones el desalojo del edificio cuando estaban en la oposición. El caso está también judicializado a la espera de sentencia. Casa Arraiza, en Aranzadi, otra ocupación abierta El de Casa Arraiza es otro caso de ocupación también iniciado durante la pasada legislatura y que sigue sin resolverse. El inmueble -parcialmente de propiedad municipal- sigue ocupado por una pareja que se instaló en la casa de los guardas en septiembre de 2017, hace ahora dos años, con el compromiso de abandonarlo cuando el Ayuntamiento se lo requiriese. En octubre de aquel año, con el gobierno de Joseba Asiron (EH Bildu), el Ayuntamiento desplazó una patrulla de técnicos para interesarse por la situación de la pareja de okupas e informarles de la ilegalidad de la situación. También en octubre de 2017, el PSN presentó una declaración de urgencia para que se comprobase el estado del edificio. Se da la circunstancia de que los antiguos propietarios siguen acudiendo a la finca y por tanto “conviven” de alguna manera con las personas que ocupan un espacio que fue suyo. El acuerdo alcanzado por los propietarios de estos inmuebles con el Ayuntamiento era que podían seguir utilizándolas mientras no se ejecutase el proyecto municipal para el parque. Hoy en día el proyecto del parque en Aranzadi continúa paralizado.

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Pamplona espera la sentencia de 13 pisos de 'okupas' para su desalojo

Se trata de viviendas municipales que se localizan en el Grupo San Pedro y en la calle Marcelo Celayeta

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