Diario de Navarra

La Junta General del Valle de Salazar no convocará elecciones para renovar sus miembros mientras no sea firme la última sentencia en torno al proceso de renovación de ordenanzas. Así lo asegura la entidad a raíz del anuncio del Ayuntamiento de Jaurrieta de que interpondría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que dio la razón a la Junta en un primer recurso del consistorio. La Junta ha aportado un comunicado a raíz de las declaraciones críticas efectuadas en este periódico por el alcalde de Jaurrieta, José Ángel Cambra, sobre la renovación de ordenanzas, documento por el que se rige la Junta. El texto que aún sigue en vigor data de 1976, y desde 2015 se vienen adoptando acuerdos para su adaptación a la legalidad y renovación. En este tiempo ha habido varios recursos vecinales y del propio Ayuntamiento de Jaurrieta, y hasta ahora el TSJN ha acabado dando la razón a la Junta en tres ocasiones. Dos de las sentencias ya son firmes, y la referente a Jaurrieta todavía no pues, como se ha dicho, se recurrirá al Supremo. “Este proceso de recursos es muy largo y difícil de entender para la Junta y vecinos. En otros valles pirenaicos el cambio de ordenanzas antiguas para acoplarlas a los tiempos que vivimos se está haciendo con naturalidad, y no entendemos por qué aquí no”, expone la Junta. “Nos sorprende que después de la última sentencia del TSJN, muy clara para la Junta, se recurra por parte del Ayuntamiento de Jaurrieta al Supremo con los costos que ello supone”, añaden. AUTO DE SUSPENSIÓN El consistorio de Jaurrieta informó de que dispone de un auto del TSJN que estima la suspensión del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas. “Un auto se pronuncia sobre un incidente relativo a la cuestión principal y sus efectos jurídicos son provisionales hasta la sentencia definitiva. Confunde a la población equiparar auto y sentencia”, dice la Junta, e indica que sí informó de la existencia de esta medida cautelar que consiguió Jaurrieta, “tal y como queda recogido en actas”. “Además, en todas las reuniones públicas y foros hemos dicho que no podemos hacer nada hasta que tengamos todas las sentencias firmes, y que había que esperar a la del Ayuntamiento de Jaurrieta”. Respecto de las críticas del alcalde jaurrietano sobre que no se quiso recibir al consistorio para plantear alegaciones, la Junta recalca que “recibe, ha recibido y recibirá a todas las personas y colectivos que lo soliciten”. “Cuando Jaurrieta pidió una reunión (sólo con algunos junteros), se le invitó a asistir a una reunión pública que se iba a realizar para que defendiera sus argumentos ante la Junta y todos los vecinos. Mayor transparencia no se puede dar”, alegan. Recalca también que “Jaurrieta no tiene representantes en las sesiones de la Junta desde el 23 de diciembre de 2015 porque no acude”. “En su mano (Cambra es juntero) estaba el defender sus propuestas en cada sesión a la que no ha asistido y nombrar a su segundo representante; tampoco el Ayuntamiento ha contestado a la Junta respecto a un escrito de notificación sobre este tema”. “ENTIDAD LOCAL DIFERENTE” Asegura la Junta que “hasta que no se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso, no se harán elecciones”. “Pero es que la Junta no ha hecho nada hasta que el TSJN falló en diciembre a su favor y se empezó a pensar en hacer elecciones siguiendo el modelo de Aezkoa. Dábamos por hecho que no se recurriría al Supremo”, explican. Al recurrirse, “la modificación de ordenanzas sigue suspendida”. “No hay nada que esconder. Se trabaja según el momento en el que nos encontramos del procedimiento judicial”, alegan. También sale la Junta al paso de las críticas de Jaurrieta sobre una exclusión de los ayuntamientos. “Se realizó en 2016 una consulta popular sobre las nuevas ordenanzas y la mayoría optó por una Junta independiente de los ayuntamientos, que bajara a 9 junteros y con una redistribución de los pueblos por quiñones”, dicen. Y respecto de dos sentencias aludidas por Cambra de 1929 y 1966 que se referían a los ayuntamientos como copropietarios del comunal de Irati e integrantes de la Junta, se considera “dudosa” la idoneidad de la remisión. “Una ley posterior, como es la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, y las propias ordenanzas de 1976, reconocen a la Junta como entidad local y como entidad diferente a los municipios y concejos que la componen”, sentencian.

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Salazar no convocará elecciones hasta no haber sentencia firme

El Ayuntamiento de Jaurrieta recurrió al Supremo la que dio la razón a la Junta sobre las nuevas ordenanzas.

La Junta General de Salazar define este proceso de recursos como “muy largo y difícil de entender”.

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