Un mayor tránsito de camiones, cientos a diario entre la PA-30, la carretera NA-700 que atraviesa Arazuri y Ororbia y, especialmente, por la más estrecha NA-7000 desde Ororbia hasta el enlace a Lete pasando por Asiáin y las recomendaciones para que los ciclistas no la utilicen han hecho saltar las alarmas en la Cendea de Olza y el Valle de Ollo. Tras semanas soportando días con casi 900 viajes cuestionan los ayuntamientos la falta de información ante esta circunstancia, derivada de las obras de desmonte dentro del proyecto de variante ferroviaria de Landaben. Pero, sobre todo, advierten de la inseguridad en unas vías en las que, además, vienen reclamando mejoras y cambios, incluida la variante de Ororbia, proyectada hace décadas y sin partida en otros tantos presupuestos de Navarra.

Los dos ayuntamientos, a cargo de agrupaciones independientes y que no llegan suman los 2.400 habitantes pero acogen varias infraestructuras comarcales, han reclamado una reunión urgente con el departamento competente del Gobierno foral. En este caso Cohesión Territorial, que promovió la obra a través de la dirección general de Obras Públicas y responsable de carreteras. Lamentan que el encuentro no hubiera tenido lugar antes de la actuación, con un plazo de nueve meses, para coordinar el paso de camiones hacia la cantera cercana al Monasterio de Yarte, donde depositan el material.

Entienden desde Cendea de Olza y Valle de Ollo que previa a la utilización de la vía debía haberse hecho un trabajo previo para analizar asuntos como el transporte escolar y el agrícola, la comunicación entre pueblos o los problemas derivados de encharcamientos y hasta inundaciones en caso de lluvias. También la previsible afección de un tráfico pesado en una vía que en algunos tramos no presenta arcenes y arrastra problemas.

Este viernes, con la obra en marcha desde hace meses (en septiembre el Gobierno de Navarra publicitó su avance), los municipios hicieron público el malestar y la situación que soportan. Incidían en el texto en la falta de información y en la afección a tres vías, sobre todo a la de carácter rural y peor equipada. “Resulta difícil entender que se haya iniciado un uso intensivo y continuado de esta carretera durante aproximadamente nueve meses sin haber sido comunicado siquiera a los ayuntamientos y haber mantenido previamente una reunión de trabajo con las entidades locales afectadas. Es preciso analizar cómo convivirá este volumen de camiones con los usos cotidianos de la vía (transporte escolar, autobuses, vehículos agrícolas, tráfico pesado de las canteras, ciclistas y los habituales problemas de inundaciones y embausamientos en invierno)”, señalaron.

Matizaron que no cuestionan la infraestructura ferroviaria, sino la gestión de sus afecciones. «Una obra pública de estas dimensiones no puede trasladar un tráfico pesado masivo a carreteras rurales sin hablar con quienes viven aquí. La seguridad no puede ser el precio a pagar», advierten. Al mismo tiempo, piden las medidas que no se han aplicado con el inicio de la obra.