El drama del desahucio se cierne sobre cuatro familias en Pamplona: "¿Paga? ¿Qué paga? Vivo de mi trabajo"
Cuatro familias sobre las que cierne la amenaza de desalojo de pisos municipales de Pamplona han decidido unirse para presentar un frente común y más fuerte de cara a conseguir, entre otras cosas, que el Ayuntamiento les reciba
Publicado el 14/11/2026 a las 05:00
El desahucio de la octogenaria María Carmen Abascal este septiembre en Madrid prendió la mecha del descontento popular por el problema del difícil acceso a la vivienda y el encarecimiento de los precios de alquilar. Una acampada en Sol y movilizaciones fueron la contestación que culminó este miércoles con la huelga general convocada por nueve organizaciones sindicales y sociales en protesta por el precio del ladrillo y la carestía de la bolsa de la compra.
Frente a esta gran réplica ciudadana, en el último año, el desahucio en Pamplona se está viviendo sin apenas repercusión a pesar de que el número de afectados no es pequeño en aquellos que ocupan pisos municipales. Estos días, se ha constituido una asociación de familias en peligro de desalojo para, afirman, hacer un frente común y más fuerte ante el Ayuntamiento.
No hablan de confrontación, aclaran, sino de algo tan simple como que se les reciba. Lo intentó sin éxito en julio uno de ellos para conocer en qué punto se encontraba su expediente y, de paso, hacer partícipe al equipo de gobierno de su grave situación: familia con dos hijos pequeños a punto de quedar en la calle. Un abogado en representación del matrimonio y sus hijos pidió ese mismo mes al Defensor del Pueblo su mediación, que materializó en una carta al alcalde Joseba Asiron (EH Bildu). “Habida cuenta de la situación de extrema necesidad a la que se alude, y considerando que de la unidad familiar afectada formarían parte dos menores, de cinco y de un año, veo pertinente trasladarle la petición que se me ha hecho llegar”. No hubo reunión.
En los últimos meses, a instancias de Patrimonio, la Junta de Gobierno Local -que integran EH Bildu. Geroa Bai y Contigo Zurekin- han incoado expediente de desahucio a 7 familias (13 adultos y ocho menores) por ocupación de inmuebles de titularidad municipal. Un expediente que terminará en un juzgado porque sólo sus titulares pueden ejecutar el desalojo. En algunos casos, se refleja en la documentación, no cumplen con los requisitos para acceder a esta prestación como estar empadronados en la ciudad al menos hace dos años. El problema, critican los afectados, es que la mayor situación de vulnerabilidad y riesgo de calle es cuando llegan a Pamplona y, aseguran además, que el Ayuntamiento está poniendo trabas para inscribirse en el padrón.
Pero quieren remarcar que en su camino también han topado con abogados de oficio -no tienen dinero para pagarse uno- a los que agradecen su celo profesional porque, sin retribución mediante, asumen de manera muy concienzuda su defensa para intentar frenar o demorar el desalojo.
Y ahora, además, cuentan con el asesoramiento del abogado Daniel Polo Múgica. “No estaba especializado en estos temas, lo mío son asuntos mercantiles, de seguros y derecho penal. Pero una persona conocida supo de un caso sangrante al que a una familia con dos hijos pequeños les daban pocos días para marcharse. Nos percatamos que no había intervenido Fiscalía de Menores que, en caso de que los hubiera, debe estar presente para velar por esos niños. Insistimos en fiscalía que finalmente declaró nulo el proceso y el desahucio se suspendió”.
Daniel quiere dejar claro que una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, tiene todo el derecho a recuperar su propiedad. “Pero cuando hay menores, esta autorización de desalojo no es un cheque en blanco, sino que lo tiene que hacer con arreglo a la ley y ordenamiento jurídico; y ese marco legal establece que en caso de niños y adolescentes que no tengan la mayoría de edad se debe establecer medidas para garantizar su bienestar, que no se vean en la calle”.
Y no hubo ese celo, insiste, en ese caso en el que se pudo suspender el desalojo pero que finalmente se ejecutó en verano. “Fue horrible, vinieron lo que llamamos la comitiva judicial, con representantes municipales y uno del Juzgado, además de la Policía local para evitar incidentes. El afectado no quiso que la familia estuviera allí y los dos trabajadores del Ayuntamiento le pidieron las llaves mientras decían, ‘bueno, pues ya está, gracias por colaborar’. Esa noche tendrían que dormir en la calle. Al final, tras mucho insistir, se les pagó un hotel cuatro días. Después, sí se tuvieron que marchar a la intemperie”.
Critica Daniel y critican los afectados, que las viviendas ocupadas cuando son desalojadas no se habitan de forma inmediata. “Por eso nos parece que el Ayuntamiento está actuando de manera inhumana. En el piso que tuvo que abandonar esta persona con su familia tardaron un par de meses en llegar los nuevos”, alegan desde la asociación que última sus estatutos. Y mandan un mensaje claro: “Vivimos de nuestro trabajo y pedimos al Ayuntamiento que nos ponga un alquiler, que queremos pagar. Al mercado libre no podemos acceder más que a habitaciones en pisos compartidos. Y ese no es un buen ambiente para criar a niños pequeños”.
Pamplona cuenta ahora mismo con 188 pisos para emergencia habitacional y la inclusión social, a las que espera incorporar algo más de un centenar en proceso de rehabilitación. El equipo de gobierno no quiso pronunciarse sobre la situación ni valorar las declaraciones de la asociación.
ESTRELLA GARCÍA GARCÍA. 20 AÑOS. MADRE SOLTERA DE UN NIÑO DE 6:“Vivo totalmente angustiada. Me ha costado una depresión”
De las cuatro familias integrantes de la asociación, el de Estrella García García, nacida en Pamplona hace 20 años y madre soltera de un niño de 6, es el único caso que no accedió de manera ilegal a la vivienda municipal en el grupo San Pedro. “Entré por contrato, pero en agosto de 2025 me anunciaron que ya no me podía acoger a la prestación por lo que rescindían el acuerdo”.
El motivo, explica, porque figura como copropietaria al 50% de un piso en los Arcos de la Frontera (Cádiz). “Lo compró mi madre con el dinero que sacó de otro de Santa Engracia que también había puesto a mi nombre y al de mi hermano para que no se lo quitaran por deudas. Tenía 13 años, no sé si firmé o no, es que ni me acuerdo. Y ahora lo mismo”, explica.
Pero, añade, Servicios Sociales saben que el trato con su madre es nulo por lo que ella no se puedo beneficiar de ese piso. “La convivencia es imposible”, redunda. Estrella cuenta que ahora los únicos ingresos que percibe son 570 euros por subsidio de desempleo de un contrato de jornada reducida. “Estoy en búsqueda activa, desde administrativa hasta hostelería, tengo experiencia. Pero debo encontrar algo que me permita conciliar porque soy madre soltera, el padre del pequeño se ha desentendido de él y no cuento con apoyo familiar”.
La última notificación municipal le llegó en marzo de 2026. “Vivo totalmente angustiada. Me ha costado una depresión”, asegura Estrella, que dice sobre todo preocuparse por su hijo. “Está perfectamente integrado en el colegio”. Y tiene un techo, remarca, porque si finalmente el Ayuntamiento consigue ejecutar el desahucio las opciones de vivienda son prácticamente nulas. “Al mercado libre no puedo acceder por el precio y una habitación ronda los 600 euros, lo cual veo bastante difícil”. A parte que, reconoce, no cree que sea el mejor ambiente para criar a un niño pequeño. Ahora trata de desurdirse de esa vivienda de Cádiz y, por de pronto, se ha empadronado en Pamplona. “Por el piso, estaba Arcos de la Frontera”, pero insiste en que era una cría de 18 años sin asesoramiento y con un pequeño a su cargo. “El problema es que para acceder a los pisos de Nasuvinsa y del Ayuntamiento no llevo en el padrón el tiempo que piden”. Y solicita que se revise su caso. “Tengo un hijo pequeño y la voluntad de seguir pagando el alquiler”.
ELMEHDI MANSOURI Y FATIMA -EZ-ZAHRAE FTINA. 30 y 26 AÑOS. DOS HIJOS DE 7 Y 4 AÑOS: "¿Paga? ¿Qué paga? Vivo de mi trabajo"
Llegaron a Pamplona directamente desde su Marruecos natal hace un año y tres meses. “Elegí esta tierra porque tengo el diploma de electricidad en energías renovables y sé que en Navarra se trabaja mucho con este tema. En mi país, no hay futuro”, dice Elmehdi Mansouri, de 30 años. Casado con Fatima -Ez-Zahrae Ftina, de 26, la pareja tiene dos niños de 7 y 4 años. Encontró trabajo, aunque no de jornada completa (su contrato es de 15 horas) y sigue con la esperanza de que le llegue un empleo en su especialidad.
Su primera alternativa fue una habitación en un piso compartido por la que pagaban 600 euros al mes. “Muy cara. Y no es un buen lugar para una familia. Hay gente soltera que bebe mucho o fuma y uno de mis hijos tiene asma”. Comenzó a buscar otros pisos. “Pero es difícil que nos alquilen a gente de Marruecos y a buen precio”.
Una chica le dijo que había viviendas vacías municipales en el grupo San Pedro. “Y me metí, sí, estaba desesperado”, reconoce. “Pero no hago un mal uso. Al revés. Lo tenemos limpio, hemos pintado y también mejorado la cocina”, enumera. Al mes, le llegó el aviso del Ayuntamiento de que había comenzado el proceso administrativo para incoar expediente de desalojo. “Un conocido me dijo que acudiera al Colegio de Abogados”. Le asignaron a una abogada de oficio que en el Contencioso Administrativo solicitó como medida cautelar que no se ejecutara el desalojo por tratarse de una familia con menores en situación de emergencia habitacional al encontrarse solos en Navarra. El resto de la familia sigue en Marruecos.
Elmehdi dice que aspira a que el Ayuntamiento estudie su caso y le ponga un alquiler. “Ya estoy empadronado”, dice para demostrar su afán de regularizar su situación. “Oigo hablar de las pagas que nos dan, ¿qué paga? Yo vivo de mi trabajo y la única ayuda que recibo, sobre todo en cosas para los niños, es de Medicus Mundi”, quiere aclarar. Por su parte, Fátima resalta la labor de los profesores del colegio Cardenal Ilundáin al que acuden los pequeños. “Se han preocupado en integrarlos y enseñarles bien el idioma”. La pareja añade que apenas salen de casa por temor a que les arrebaten la vivienda. “Yo a trabajar y ella a buscar a los niños”.
MOSTAFA bOUNNITE 49 AÑOS, CASADO, DOS HIJOS de 16 y 12 años: "Para mí lo peor es pensar en mis hijos"
Sabe hablar perfectamente inglés, tiene estudios de Mercado y Marketing y experiencia laboral. Pero aquí es sólo un migrante marroquí ocupa con, además, una amenaza de desahucio. “Para mí lo peor es pensar en mis hijos. El mayor estudia Segundo de Bachiller. Si nos echan a la calle y tenemos que buscar una habitación. ¿Qué futuro puedo darle?”, dice Mostafa Bounnite, de 49 años, casado y con otro segundo hijo de 12. “Todo esto se lo explico a las trabajadoras sociales, que sí, que me escuchan. El problema es que cuando vuelvo te encuentras con otra persona y vuelta a empezar”. Lleva en Pamplona un año y ocho meses y hace seis se empadronó en la ciudad.
Como otras de las familias que están de forma ilegal en las viviendas, le llegó de oídas que había pisos vacíos propiedad del Ayuntamiento. Y entró porque, también como se escuchan en otras historias, le cobraban mucho por una habitación en un piso compartido donde además sus hijos no podían hacer vida normal de estudiantes. En su caso, fue él mismo el que presentó el primer recurso ante el Ayuntamiento cuando le llegó el aviso. Pero finalmente se apoyó en un abogado de oficio para que logre demorar el desalojo ante lo cual han presentado un nuevo recurso en el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). “Yo trabajo, mi mujer también, pero no ganamos lo suficiente para alquilar un piso. ¿Por qué no nos permiten pagar éste que, además, no lo utilizaba nadie?”.
