Lo que empezó con una multa por orinar en plena calle ha terminado con un pequeño revés para el Ayuntamiento de Pamplona. Todo comenzó el 13 de diciembre de 2025 cuando un agente de la Policía Municipal denunció a un ciudadano por orinar en la vía pública, en la avenida de Guipúzcoa.

El hombre optó por una decisión bastante práctica: pagar la multa aprovechando el descuento del 50 %. Pero una cosa era pagar menos y otra muy distinta darle la razón al agente. Así que, el mismo día presentó un recurso con el argumento de que la denuncia no concretaba suficientemente en qué punto de la avenida se habían producido los hechos. También echaba en falta alguna fotografía o vídeo que respaldara la versión policial.

Hasta aquí, una discusión bastante habitual entre un ciudadano multado y el Ayuntamiento. Pero la historia dio un giro inesperado. Resulta que el problema no estaba en dónde había orinado, sino en lo que hizo después el Ayuntamiento de Pamplona. O, mejor dicho, en lo que no hizo.

El consistorio entendía que, como el hombre había pagado la multa con descuento, el procedimiento estaba terminado y no hacía falta nada más. Pero el Tribunal Administrativo de Navarra no lo ha visto así. En una resolución fechada el 2 de octubre de 2026 recuerda que pagar una multa no significa necesariamente reconocer la infracción y que la administración sigue teniendo la obligación de dictar una resolución expresa.

Y aquí viene la sorpresa: habían pasado los seis meses de plazo desde el inicio del expediente sin que el Ayuntamiento hubiera dictado esa resolución. ¿El resultado? Procedimiento caducado y multa anulada. De hecho, el tribunal ni siquiera ha necesitado entrar a discutir si el ciudadano orinó realmente en la calle, si los agentes tenían razón o si faltaban pruebas. 

Así que una denuncia por orinar en la calle ha acabado dando una lección de procedimiento administrativo. El Ayuntamiento de Pamplona puso la multa, el ciudadano la pagó y, al final, quien se ha llevado el tirón de orejas ha sido el consistorio.