En primera persona
Las heridas abiertas de un desahucio: "Me metía una almohada en la boca para que no me escucharan llorar"
Cuatro vecinos de Pamplona que perdieron sus viviendas tras la crisis inmobiliaria de 2008 se reúnen con Tere González y Mikel Otazu, antiguos integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para recordar lo vivido y evidenciar las secuelas emocionales más de una década después
Publicado el 26/10/2026 a las 05:00
La vajilla sigue envuelta en el mismo papel de periódico de la fecha del desahucio. Septiembre de 2015. Hace unos días, al abrir un armario, Lucía se encontró con aquellos platos y aquellas páginas. Y regresó de golpe al momento en que perdió su hogar junto a su marido y su hija de 17 años.
Once años después, Lucía vuelve a hablar de ello. Y esta vez lo hace públicamente. No está sola. Alrededor de una larga mesa, cubierta con un mantel y vasos con posos de café con leche, se han reunido cuatro personas, tres mujeres y un hombre, que perdieron sus hogares durante los años más duros de la crisis inmobiliaria.
A la derecha de Lucía se sientan Bernardo Mosquera, de 61 años, y Sandra Peñuela, de 50. Son pareja. Perdieron su vivienda en 2014 y, doce años después, siguen viviendo en una habitación alquilada. Frente a ellos está María, de 61 años. Fue desahuciada en 2012, cuando su marido se encontraba en el extranjero. En un extremo de la mesa escuchan Tere González y Mikel Otazu, que entonces formaban parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Casco Viejo de Pamplona.
No ha sido fácil reunirlos. La convocatoria pretendía contar con más personas que también sufrieron la pérdida de sus viviendas, pero varias han renunciado a última hora. “Resulta muy doloroso volver a aquello”, se disculpan. También pesa el miedo a ser señaladas. A sentirse estigmatizadas. Porque, aunque hayan pasado más de diez años, hay heridas que siguen abiertas.
La muerte en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, tras ser desalojada de la vivienda en la que había pasado buena parte de su vida, ha vuelto a remover aquel dolor. A ello se suman las noticias sobre nuevas amenazas de desahucio que se han sucedido este mes de octubre. Entre ellas, la de 19 familias de Fitero amenazadas por fondos buitre, que incluso les ponen trabas cuando intentan pagar unas mensualidades cuyo importe les han triplicado. El tiempo ha pasado, pero algunas historias parecen repetirse.
No solo quieren contar lo que sufrieron, sino también lo que vino después. Cómo cambió su vida, qué ocurrió con sus familias y qué huellas dejó aquella experiencia en su salud once, doce o catorce años después de perder sus casas. A su lado, Tere y Mikel también regresan a aquellos años.
La reunión se celebra en la cocina del banco de alimentos y recuerda a aquellas asambleas de la crisis inmobiliaria, celebradas en locales que parecían clandestinos. Lucía tiene ahora 68 años. Sentada a la mesa, se encoge sobre sí misma al recordar. Cruza los brazos y se aprieta el vientre. Como si todavía llevara dentro todo aquel dolor acumulado y no quisiera dejarlo salir. O quizá sí. Baja la mirada y guarda silencio unos segundos. Después, con los ojos brillantes, se endereza en la silla. Su expresión cambia. Y dice con firmeza: “Venga… vamos a empezar”.
Al principio pesan los silencios. Las miradas se cruzan, esquivas, bajas, con los ojos cristalinos. Las palabras salen a trompicones. Frases cortas, susurros y alguna exclamación. Pero, poco a poco, los cuatro se van animando. Un recuerdo lleva a otro. Hay lágrimas y también alguna sonrisa inesperada cuando hablan de la solidaridad que encontraron en la PAH. “Salvaron muchas vidas”. La plataforma acompañaba a las familias en un momento en el que muchas afrontaban deudas de por vida, imposibles de pagar.
Y, por momentos, parece que el tiempo no hubiera pasado. Hay algo en esta cocina que los devuelve a los años de aquella crisis inmobiliaria. La mesa, los cuerpos inclinados, las voces quebradas, la necesidad de escucharse. De sentirse vivos. “Aquellas asambleas... sentíamos que había esperanza”.
Este periódico presenció una de ellas hace once años, en un local de la calle San Agustín, en el Casco Viejo de Pamplona. Era un espacio que parecía estar bajo tierra, sin cobertura. Las personas que lo habían perdido todo o estaban a punto de perderlo entraban de puntillas. Intentaban pasar desapercibidas. Al bajar a ese lugar, uno tenía la sensación de adentrarse en el subsuelo de la ciudad. Allí, la única conexión con el exterior era la que ofrecían las voluntarias y los voluntarios de la PAH.
“No somos números”
Era 2015. En aquella sala del Casco Viejo de Pamplona, las voces resonaban entre paredes de piedra. El mismo Bernardo que hoy vuelve a sentarse a una mesa para recordar aquellos años moderaba una de las asambleas junto a Tere González y Mikel Otazu. Las sillas formaban un círculo. Había hombres y mujeres, matrimonios y familias con niños. Algunos ya habían perdido sus viviendas. Otros vivían pendientes de la fecha de su desahucio. Todos compartían la misma incertidumbre.
Detrás de muchas de aquellas historias estaba el desempleo. La crisis había arrasado con sus puestos de trabajo, especialmente entre quienes habían trabajado en la construcción. Sin ingresos, las cuotas hipotecarias se habían vuelto imposibles de pagar. Algunos arrastraban deudas superiores a los 100.000 euros. Habían perdido la casa, pero no la deuda. Muchos llegaban a aquella sala “muertos de miedo”.
Pero bastaba con que alguien se atreviera a hablar para que los relatos comenzaran a encadenarse. Una mujer viuda reconocía que había firmado documentos sin comprender su alcance. Otros admitían que tampoco habían entendido las condiciones de sus préstamos. Denunciaban la falta de recursos y las dificultades para negociar con las entidades financieras. También las barreras de una Administración que, a su juicio, debería haber tendido puentes. “No somos números, somos personas”, clamaba Bernardo en aquella asamblea. Entre los asistentes se repetía otra frase: “No queremos caridad, queremos dignidad”.
Detrás de las reivindicaciones había situaciones de extrema precariedad. Muchas familias sobrevivían en habitaciones de pisos compartidos. La PAH denunciaba la falta de alojamientos temporales, alquileres sociales y mecanismos de protección para quienes se quedaban sin hogar. En la sala también había una pareja muy joven. Habían perdido el trabajo y contaban que sobrevivían vendiendo sus pertenencias. Eran los años en los que habían proliferado los negocios de compraventa de oro, otro de los símbolos de la crisis de 2008.
Aquellas historias reflejaban una realidad que se extendía por todo el país. Mientras el Estado movilizaba miles de millones de euros para rescatar al sistema financiero, cientos de miles de personas afrontaban procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios en toda España. El país atravesaba una crisis económica, social y política cuyas consecuencias iban mucho más allá de las estadísticas.
“Tras un desahucio la vida te hace muy vulnerable”
Octubre de 2026. De vuelta a la cocina del banco de alimentos, Tere González toma la palabra. Plantea una pregunta que atraviesa toda la conversación: “¿Se puede olvidar un desahucio? ¿Cómo os ha afectado en vuestras vidas?”. Se dirige a Lucía, María, Bernardo y Sandra. El periodista toma notas. Mikel permanece atento.
Lucía responde casi sin esperar. “En mi caso, no se supera”. Se hace un silencio. “Lo tienes apartado aquí, pero después de pasar por algo así, la vida te hace muy, muy vulnerable. Cualquier problema cotidiano te hunde en la miseria. Ver a una mujer que han sacado de su casa... Me derrumbé”.
Han transcurrido once años desde que perdió su vivienda, pero cualquier contratiempo puede devolverle la misma sensación de indefensión. “Está aquí guardado, en la cabeza”, dice mientras gesticula. “En junio me pasó un problema y me derrumbé. Tuve que recurrir a un psicólogo”.
Pese a todo, Lucía se considera afortunada. Tuvo unos meses para prepararse antes de abandonar su vivienda y contó con el apoyo de la PAH. “Me dieron unos meses de margen, para hacerme la idea poco a poco, más las charlas que me daba Tere por teléfono, aunque a la mayoría no se lo dieron”. A otros les entraban directamente en sus casas cuando no estaban y les cambiaban la cerradura.
Tere le pregunta por su hija. “Me preocupó mucho mi hija, que tenía 17 años y estaba estudiando”. A su izquierda, María escucha con la palma de la mano apoyada en la mejilla. Parece contener las ganas de intervenir. Finalmente, toma la palabra. “Es volver a vivir lo que sentiste. Yo tengo que apagar la tele porque me pongo a llorar. No paro y me pongo a recordar”.
Para Bernardo y Sandra, las imágenes de otros desahucios también suponen regresar a uno de los momentos más difíciles de sus vidas. “Te pones en la piel de la persona. Perder todo. Es como revivir eso”.
Comparten con María y Lucía la sensación de haber quedado desprotegidos ante una maquinaria económica y administrativa que siguió arrasando cuando apenas podían mantenerse en pie. “Hubo mucha gente que se tiró por las ventanas”.
Tere y Mikel escuchan. Durante los años más duros de la crisis, ambos acompañaron a numerosas familias en situaciones similares. Al límite. Más de una década después, al escuchar de nuevo sus historias, consideran que la sociedad sigue sin abordar las causas profundas del problema. “Hemos avanzado poco, porque no se ha entrado al fondo del asunto”.
Año 2008, crisis inmobiliaria
Para comprender lo que les ocurrió, hay que regresar a los años anteriores a 2008. España vivía entonces una expansión inmobiliaria. Los bancos concedían hipotecas a familias que confiaban en conservar sus empleos y en que el valor de sus viviendas seguiría aumentando. Muchas asumieron préstamos a largo plazo en un mercado en el que los precios de las casas crecían mucho más rápido que los salarios.
El estallido de la burbuja inmobiliaria, agravado por la crisis financiera internacional, acabó con aquel escenario. La construcción se desplomó, numerosas empresas cerraron y el desempleo se disparó. Miles de familias se encontraron de pronto sin ingresos para pagar unas hipotecas elevadas por viviendas que, además, habían perdido buena parte de su valor.
Pero perder la casa no significaba librarse de la deuda. En España, si el importe obtenido por el banco no cubría la cantidad pendiente de la hipoteca, las personas afectadas podían seguir debiendo dinero después de la ejecución hipotecaria. Solo podían evitarlo si alcanzaban un acuerdo o se acogían a determinados mecanismos legales. Para muchas familias, las consecuencias económicas del desahucio se prolongaron durante años.
En Navarra, la crisis golpeó especialmente a trabajadores de la construcción, autónomos, empleados de empresas auxiliares y familias que habían comprado una vivienda durante los años de expansión. Pamplona y su comarca también fueron escenario de situaciones que hasta entonces parecían impensables para quienes llevaban años trabajando y pagando sus hipotecas.
Bernardo y Sandra conocen bien ese proceso. Llegaron de Colombia hace 26 años. Trabajaban de día y de noche, con salarios que no superaban los mil euros. Ahorraban con la ilusión de construir una vida estable en Pamplona. Después de años de esfuerzo, compraron una vivienda de primera mano por 240.000 euros. Pero llegó la crisis y perdieron el empleo en la construcción. El banco pasó a valorar su casa en unos 120.000 euros. Mientras tanto, según recuerdan, la cuota hipotecaria subió de unos 800 euros hasta acercarse a los 1.500 mensuales. “Y sin trabajo ya llega un momento…”.
Lucía también recuerda cómo un problema económico provocado por una constructora en crisis acabó arrastrando a su empresa familiar y a toda su familia. Habían dedicado años a pagar su vivienda y, cuando parecía que buena parte del esfuerzo estaba hecho, todo se vino abajo. “Cuando yo casi tenía pagada mi casa...”.
“Vas viviendo, solo vas viviendo”
El golpe no fue solo económico. A la pérdida del hogar se sumaron problemas de salud mental, tensiones familiares y una inestabilidad que se prolongó mucho después del desahucio. María, de 61 años, conoce bien esas consecuencias. Perdió su vivienda en 2012. Su marido había regresado a Ecuador después de quedarse sin trabajo. Ella tuvo que afrontar prácticamente sola el proceso, aunque contó con el apoyo de su hija y de la PAH.
Recuerda especialmente el miedo que sentía cada vez que regresaba a casa. Temía encontrarse con que ya no podía entrar. “Yo era llegar a casa después de trabajar y tener el temor de que me iban a echar la llave a la puerta”. Las noches se convirtieron en horas de angustia y llanto. “Me metía una almohada en la boca para que no me escucharan llorar”. Finalmente, le cambiaron la cerradura y no pudo recuperar todas sus pertenencias.
María habla con tristeza e impotencia. Con el tiempo, consiguió acceder a una vivienda de alquiler social. Reconoce que su situación ha mejorado desde entonces. Pero volver a tener un techo no significa haber recuperado la tranquilidad. “Siempre tengo la duda de si me renovarán o no”. Ese temor reaparece con cada trámite y cada renovación del contrato. Para alguien que nunca ha perdido su casa puede resultar difícil de comprender. “Después de que pasó eso, la vida ha ido rodando mejor. Pero el sufrimiento fue duro”. Y cuando le preguntan si ha conseguido superarlo, responde: “Vas viviendo, solo vas viviendo”.
“Se me apagó la luz del sol”
Bernardo y Sandra tampoco han conseguido dejar atrás las consecuencias de aquel desahucio. Perdieron su vivienda en 2014 y, doce años después, siguen sin poder acceder a otra en propiedad ni a un alquiler independiente. Viven en una habitación por la que pagan 400 euros al mes. Comparten un piso de tres habitaciones con otras tres personas. En total, cinco adultos, todos mayores de cincuenta años. “No hemos podido levantar cabeza”.
Bernardo recuerda que la pérdida de la vivienda le provocó una profunda depresión y dificultades para recuperar su vida laboral. “Se me apagó la luz del sol. No tenía ganas de nada. Todo nuestro esfuerzo de diez años y todo el trabajo que tuvimos lo metimos en aquella casa, con todas las ilusiones del mundo”.
La pareja no ha dejado de buscar alternativas. Está inscrita como demandante de vivienda protegida, pero asegura que la puntuación obtenida en los procesos de adjudicación no le ha permitido acceder a un piso. El mercado privado tampoco se lo pone fácil. A los elevados precios de los alquileres se suman las exigencias económicas y las garantías. También las dificultades para encontrar propietarios dispuestos a alquilarles una vivienda por su edad y situación laboral. “Si nos están pidiendo tres nóminas para alquilar una habitación, imagínate para comprar un piso”, observan. “Cada vez es más complicado todo”, añade Sandra.
Vivir en una habitación alquilada, una opción que durante años se asociaba principalmente a estudiantes o jóvenes recién emancipados, se ha convertido en la única alternativa para personas que han trabajado durante décadas. Tere considera que esa realidad refleja hasta qué punto se ha normalizado la precariedad residencial. “Hemos visto los desahucios, hemos visto a las familias quedarse sin vivienda y hemos pasado a verlas vivir en una habitación. Y se ha dado por bueno”. María, que escucha a su lado, interviene casi en un susurro: “Tenemos una edad como para pensar que no se puede vivir en una habitación”.
“Cuando entraba sola al banco ni me miraban”
En medio de aquella crisis, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se convirtió para muchas familias navarras en algo más que una organización de protesta. Sus asambleas eran lugares donde compartir información, recibir asesoramiento y encontrarse con personas que atravesaban situaciones parecidas. Pero también servían para romper el aislamiento y la vergüenza. “Nos sentíamos escuchadas”, interviene Lucía. “Descubríamos que no estábamos solas e incluso minimizábamos nuestros problemas. ¡De qué me voy a quejar yo con lo que le está cayendo!”.
La PAH acompañaba a las familias en las negociaciones con los bancos. Trataba de evitar los lanzamientos y buscaba soluciones para que la pérdida de la vivienda no dejara además una deuda imposible de afrontar. María recuerda cómo cambió el trato de su entidad financiera cuando comenzó a acudir acompañada por integrantes de la plataforma. “Yo entraba sola y ni me miraban. Me cogía un día de asuntos propios en el trabajo para ir al banco y me volvía igual. Pero cuando fui con la PAH, entonces sí. Sabían hasta mi nombre”.
Tere explica que no siempre era posible conservar la vivienda. “Fueron tiempos difíciles y sabíamos que los bancos, sus abogados, fondos de inversión, unas leyes insuficientes con las situaciones de vulnerabilidad, una administración pública que no cubría normalmente el reubicar a estas familias en otra vivienda, nos situaba ante problemas muy serios. Había además niñas y niños por medio”. En muchos casos, la situación económica y jurídica estaba tan deteriorada que el objetivo era reducir las consecuencias del desahucio. “Sabías que muchas veces iban a perder algo, a veces todo. El tema era luchar para que la pérdida fuese la menor posible”.
Había familias que podían entregar su casa y continuar debiendo más de 100.000 euros. Conseguir que aquella deuda quedara cancelada o reducida era, en ocasiones, el principal resultado de meses de negociaciones. “Luchábamos por el mal menor. Que cada uno pudiera salir lo más entero posible de aquel destrozo. Lamentablemente quedaban solos en un desguace”.
Pero la ayuda no terminaba en los bancos. La plataforma también creó una red de solidaridad que iba mucho más allá de las gestiones hipotecarias. Sus integrantes recogían muebles, colchones, ropa de cama y otros enseres para las familias que tenían que abandonar sus viviendas. Llegaron a disponer de una bajera donde almacenaban las donaciones y desde la que ayudaban a equipar nuevos hogares. “Pedíamos muebles para una familia y de repente teníamos la bajera llena”.
“Un amigo nos salvó la vida”
También hubo particulares que ofrecieron sus viviendas de forma temporal a quienes se habían quedado sin un lugar donde vivir. Es al llegar a este punto cuando Bernardo se quiebra por primera vez durante la conversación. Hasta entonces ha mantenido una sonrisa que transmite energía y esperanza, pese a la dureza de lo vivido. Pero el recuerdo de un conocido con el que se cruzó por la calle le cambia el gesto. La emoción le dificulta seguir hablando. Aquel hombre se interesó por su situación. Cuando supo que él y Sandra no tenían dónde vivir, sacó unas llaves del bolsillo. Les ofreció un piso en el barrio pamplonés de la Milagrosa sin pedirles nada a cambio. La pareja pudo vivir allí durante dos años. “Nos salvó la vida”, recuerda Bernardo, emocionado. Su amigo falleció, pero no han olvidado aquel gesto.
En unos años marcados por la pérdida de empleos, viviendas y ahorros, la solidaridad permitió a muchas familias sostenerse cuando sus recursos económicos y emocionales estaban agotados. Tere evita idealizar aquella época. Sabe que hubo situaciones que no pudieron resolverse y familias que sufrieron consecuencias irreparables. Pero también recuerda que la organización colectiva permitió afrontar problemas que, vividos en soledad, resultaban devastadores.
De las hipotecas al alquiler
Más de una década después, el problema de la vivienda sigue presente, aunque ha cambiado de rostro. Los desahucios no desaparecieron con el final de la crisis inmobiliaria. Lo que ha cambiado es, en buena medida, su perfil. La pérdida de la vivienda ya no afecta únicamente a quienes contrataron una hipoteca que después no pudieron pagar. También alcanza a familias que viven de alquiler y tienen dificultades para asumir las rentas o mantener sus contratos. En Navarra, los datos judiciales recogidos en 2025 sitúan en 167 los lanzamientos practicados durante el año, un 24,6 % más que el anterior.
Para Mikel Otazu el problema actual tiene sus raíces en decisiones políticas acumuladas durante décadas. Señala, entre otras, la insuficiencia de vivienda pública de alquiler. También la posibilidad de que determinadas viviendas protegidas de promociones antiguas perdieran su calificación y acabaran incorporándose al mercado libre. “Se ha metido muchísimo suelo y dinero público en viviendas que después han pasado al mercado privado. Eso ha desvirtuado lo que debía ser una política pública de vivienda”.
Otazu y González defienden que las viviendas financiadas con recursos públicos deben mantener su protección a largo plazo. También consideran necesario que las administraciones dispongan de un parque residencial suficiente para ofrecer alternativas a quienes quedan fuera del mercado. El objetivo, sostienen, es garantizar el acceso real a la vivienda de las personas vulnerables. En este contexto, la compra de viviendas a fondos de inversión introduce otra vía de actuación pública: recuperar inmuebles en manos de grandes propietarios para incorporarlos al parque público de vivienda. Una iniciativa que conecta con una de las reivindicaciones de la PAH durante aquellos años: que las administraciones adquirieran viviendas procedentes de la crisis hipotecaria en lugar de permitir que acabaran en manos de fondos especulativos.
En esa línea, González cuestiona que existan viviendas vacías en manos de grandes tenedores. “El propio Ayuntamiento de Pamplona dispone desde hace años de más de un centenar”, recuerda. “No se trata únicamente de construir nuevas promociones, sino de garantizar que la inversión pública no termine alimentando el mercado especulativo”. Y plantea una reflexión que va más allá: “Como no lleguemos a considerar la vivienda como la educación o la sanidad, como algo para lo que necesitamos un sistema de protección público, no vamos a solucionar el problema”.
Discriminación por origen
La legislación no establece una prohibición general de los desahucios. Las posibilidades de suspensión dependen de las normas vigentes, del procedimiento judicial, de las circunstancias de vulnerabilidad acreditadas y de otros requisitos legales. Para González y Otazu, las moratorias y suspensiones pueden evitar situaciones de emergencia, pero no resuelven por sí solas las causas del problema. “El problema es que no se han aplicado políticas públicas que buscasen el bien común y el acceso a la vivienda de la población”, insisten.
A su juicio, las administraciones deben garantizar alternativas habitacionales reales, aumentar el parque público de alquiler y evitar que las viviendas construidas con ayudas públicas acaben perdiendo su función social. A la falta de oferta se suman, denuncian, situaciones de discriminación por origen, nivel de ingresos o composición familiar. La crisis inmobiliaria ya había golpeado con especial dureza a la población extranjera. En 2012, representaban el 36,8 % de los propietarios que perdieron su vivienda.
También consideran González y Otazu que los gobiernos han perdido la oportunidad de hacerse con viviendas que estaban en manos de los bancos. En cambio, señalan, los fondos de inversión las han adquirido en paquetes a precios reducidos con fines especulativos. Una dinámica que, a su juicio, alimenta nuevos desahucios. “Si no es la Administración pública la que les alquila una vivienda, los privados no se la van a alquilar”.
Las palabras siguen encadenándose alrededor de la mesa este 14 de octubre de 2026, como sucedía en 2015 en la calle San Agustín.
La acusación que más dolió
La conversación llega a su final casi dos horas después. Los recuerdos han ido dejando paso a reflexiones sobre lo que ocurrió y lo que todavía queda por resolver. También reaparece una de las acusaciones que más les dolieron durante aquellos años: “Nos decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Como si fuera tan fácil tener ilusiones”.
El sufrimiento golpeó de lleno. Lucía explica que su marido atravesó una depresión de varios años después del desahucio. Todavía hoy evita hablar de lo ocurrido. Por eso no está sentado a esta mesa. “Yo doy la cara, lloro y hablo, pero él no puede”.
Los cuatro piden preservar en la medida de lo posible su anonimato. No se trata únicamente de proteger su intimidad. También quieren evitar el estigma que todavía asocian a la pérdida de una vivienda. Once, doce o catorce años después, el miedo a volver a perderlo todo sigue presente. Aun así, han decidido sentarse alrededor de esta mesa y hablar. Quieren recordar que detrás de cada procedimiento judicial hay personas, familias y proyectos de vida.
El periodista plantea una última pregunta: ¿ha aprendido algo la sociedad española de la crisis inmobiliaria de 2008? La respuesta llega cargada de resignación. “Ha aprendido a desconfiar y a sufrir. ¿Qué más podemos hacer?”.
Los cuatro consideran que la sociedad no ha asumido las consecuencias de aquella crisis y que las administraciones siguen sin ofrecer una red de protección para evitar que otras familias pasen por lo mismo. Asimismo, González y Otazu consideran que, más de una década después, el objetivo debería ser mucho más ambicioso: garantizar que nadie se quede sin hogar por su situación económica. La muerte de Maricarmen ha reabierto una herida que nunca se ha cerrado. “Esto no se supera”, repiten.
Llega el momento de despedirse. Hay abrazos, lágrimas y miradas que parecen entenderse sin necesidad de palabras. Entonces, el teléfono de Tere recibe un vídeo. Se lo envía una mujer que duerme en una habitación junto a su marido y sus dos hijos pequeños. El mensaje que lo acompaña es breve: “Tere, no puedo más”.
