La década de los 70 del pasado siglo fue la era dorada del amianto en España. Se le conoció como Uralita, que en realidad era la marca con la que se extendió en la construcción de todo el país. El Ayuntamiento de Pamplona presentó ayer el mapa del amianto de la capital navarra y los planes para su eliminación. Un total de 212 edificios tienen este material cancerígeno, sobre todo en cubiertas y tejados. La mayoría en encuentra en construcciones de tipo industrial y se localizan, dentro de los límites de Pamplona, en Landaben. El total de inmuebles con este material suma una superficie total de 222.581,51 metros cuadrados.

El concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre Larrañaga, y el director de Conservación Urbana, Patxi Iriarte Echenique, aseguraron ayer que la eliminación completa del amianto en Pamplona tendría un coste total de 6,75 millones de euros. Pese a la toxicidad de este material de construcción, el consistorio asegura que el 90,7% de los metros cuadrados de amianto tienen prioridad baja, es decir, su peligrosidad no preocupa. Como explicó Iriarte, “si el amianto está en un estado funcional, no hay problema”. “Pero con el paso del tiempo las fibras pueden ir al ambiente y ser peligrosas”, añadió. Por contra, hay 2.913 metros cuadrados de superficie con amianto de prioridad alta.

El Ayuntamiento de Pamplona ha retirado el amianto de dos de sus edificios: uno, las naves del antiguo Oscus, con una superficie de 2.200 metros cuadrados, cuyos trabajos de retirada concluyeron en febrero de este año. El otro es la Casa de las Mujeres, con una superficie de 243 metros cuadrados. También se ha retirado este año. El consistorio es propietario de tres inmuebles más con este material todavía pendiente de retirarse: las cubiertas de Civivox Jus la Rocha y del albergue Paderborn, y un edificio de San Jorge cedido a Tasubinsa.

QUÉ ES EL AMIANTO

También conocido como abestos, el amianto es un material fibroso compuesto por silicatos que, durante años, se ha usado como elemento constructivo por su versatilidad y maleabilidad. “Sin embargo, se ha descubierto que tiene componentes cancerígenos en las fibras que lo integran, que pueden ser inhalados durante la manipulación”, explicó ayer Izagirre. Su uso en nuevas construcciones en España está prohibido desde 2002 y, en el conjunto de la Unión Europea, desde 2025. Ahora se está trabajando en la eliminación del existente en construcciones antiguas, para evitar que su rotura o manipulación pueda tener efectos nocivos en la salud de la población.

El Censo Municipal de Amianto se configura como un instrumento de control para conocer las edificaciones con riesgo y poder así establecer un plan de retirada. El censo incluirá la localización, el uso del inmueble, la superficie comprometida por la presencia de amianto y el estado de conservación de los elementos identificados, calificados como deficiente, regular o bueno. Además, incorpora cartografía. Todo ello permitirá planificar la gestión y retirada con criterios técnicos, preventivos y de seguridad.

TRABAJO DE CAMPO

La base del censo radica en el inventario preliminar realizado por Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado una revisión de ese inventario, mediante la asistencia de personal técnico especializado. Con ese fin, se han llevado a cabo un trabajo de campo, validando los datos, identificando nuevos elementos y evaluando el estado actual de cada inmueble.

Una vez elaborado el censo, el ayuntamiento planificará ahora las actuaciones conforme al riesgo potencial de cada edificio y el estado de conservación de los elementos, prestando especial atención a los espacios usados preferentemente por menores.

Según adelantó Iriarte, antes de que termine septiembre el Ayuntamiento de Pamplona publicará en el mapa de contenidos de Pamplona -Geopamplona- la capa con la localización de los edificios que todavía cuentan con amianto, y que se muestra en esta página.

El Gobierno de España obliga a que el amianto esté completamente retirado de instalaciones y emplazamientos públicos en 2028. Ese es el horizonte que marca la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Las intervenciones de retirada deben ajustarse al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo y debe realizarse mediante gestores autorizados.

El Gobierno foral ha habilitado una partida presupuestaria de 655.322 euros. Estas ayudas cubren hasta el 90 % del gasto, con un máximo de 30.000 euros por actuación, y exigen una inversión superior a 3.000 euros, IVA excluido, y la ejecución por empresas inscritas en el RERA. Se subvencionan actuaciones iniciadas desde el 1 de enero de 2026 y ejecutadas hasta el 30 de septiembre de 2026. Las solicitudes deben presentarse telemáticamente hasta el 31 de octubre de 2026, y se resolverán por orden de presentación.

Además, la Ley Foral 9/2025 prevé para los expedientes de rehabilitación protegida con solicitud de calificación provisional, una ayuda adicional para retirada, manipulación, transporte y gestión de amianto, de 1.000 euros por vivienda y 12.000 por edificio.