Tiendas de campaña en la Vuelta del Castillo y soportales, la antigua ikastola Jaso ocupada por decenas de jóvenes, bajeras insalubres convertidas en infraviviendas, familias viviendo en vehículos... Pamplona sufre desde hace tiempo un creciente problema de sinhogarismo que el Ayuntamiento de Pamplona se muestra dispuesto a afrontar. El concejal de Acción Social, Txema Mauleón (Contigo-Zurekin) ha anunciado este lunes la puesta en marcha del  Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER), dotado con 140.500 euros para el segundo semestre de 2026. Será una especie de "ventanilla única" atendida por cinco profesionales que facilitará trámites y ofrecerá recursos, en la medida de lo posible. 

El Ayuntamiento de Pamplona ya puso en marcha a finales de 2025 una "experiencia piloto" mediante un equipo disciplinar capaz de actuar "tanto en situaciones de urgencia como en la prevención y el acompañamiento". Ahora, el consistorio ve necesario consolidar este programa "que no solo buscar atender al sinhogarismo, sino que incide en la prevención de la pérdida de vivienda, y en la mejora de la convivencia ciudadana", ha señalado Mauleón.

El programa EDAER se articula en cuatro líneas principales de intervención. Por una parte, se ocupa de personas en situación de calle y asentamientos, en coordinación con el equipo de calle, para gestionar empadronamiento social y derivar a recursos habitacionales. También interviene con familias con menores en situación de calle, a las que ofrece atención urgente y prioritaria, con valoración del riesgo de desprotección infantil. Otra de las líneas afecta a personas en infraviviendas, bajeras, trasteros o vehículos: el programa realiza visitas de inspección junto a Policía Comunitaria, evalúa las condiciones de habitabilidad y valora planes de mejora o realojo. El programa interviene, asimismo, en la prevención de la pérdida de vivienda, con activación de prestaciones de emergencia, mediación vecinal y seguimiento para evitar el sinhogarismo.

Entre sus prioridades, el programa garantiza itinerarios específicos de protección y apoyo a mujeres en exclusión residencial, familias monomarentales y víctimas de violencia machista.

Para desarrollar todas las acciones de intervención se cuenta con una equipo de cinco personas: una administrativa a jornada completa, dos trabajadoras sociales (una a jornada completa y otra a un cuarto de jornada) y tres educadoras (técnicas de nivel B) al 100% de la jornada.

Según un estudio realizado, con encuestas a 1.300 unidades familiares, un 8,5% admitían estar alojadas en viviendas inadecuadas (chabolas, edificios abandonados, bajeras, vehículos o situaciones de hacinamiento extremo) y un 34% se alejan en vivienda insegura (acogidas por familiares, sin tenencia legal, ocupación ilegal, bajo amenaza de desahucio o en situaciones de violencia). El perfil más habitual corresponde a familias de origen migrante, mujeres con familia monoparental y menores.