Todos los días, para ir a trabajar, pasaba por delante de las obras de Arrosadia donde a finales de 2024 les adjudicaron una Vivienda de Protección Oficial (VPO) a finales de 2024. Una adjudicación que fue anulada un mes después por el Gobierno de Navarra debido a que en la cuenta de su pareja todavía figuraban sus padres como titulares, lo que les había perder uno de los requisitos (tener 8.000 euros a final de año en una cuenta como titular individual, no como cotitular), según una rígida interpretación de la ley. Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dado la razón a la pareja de adjudicatarios y autoriza la firma del contrato de compraventa de aquella vivienda. 

Después de casi un año y medio de peregrinaje judicial, S.Z. pamplonés de 27 años, sigue pasando por delante de Arrosadia para ir a trabajar. La sentencia aún no es firme y sigue sin saber si acabará viviendo en esa zona con su pareja, de la misma edad, pues aún no han recibido comunicación de Vivienda pese a que las sentencias, primero del juzgado y después de la instancia superior, han sido muy claras. “Sentimos impotencia. Sí, nos han dado la razón, pero... de momento no está sirviendo de nada y seguimos con la duda de si nos darán esa vivienda o no.  Esa sensación tenemos”. El problema a esta demora, creen, es que el Gobierno pudo adjudicar de nuevo esa vivienda sin esperar la resolución judicial.

Una década antes, los padres de la que en un futuro iba a ser una pareja le abrieron una cuenta bancaria. “Ella era menor. Era una cuenta para becas y ayudas para los estudios y los únicos gastos que salían de allí eran suyos, como cenas y cosas cotidianas”, cuenta su pareja. Sus padres no la utilizaban, pero nunca dejaron de figurar como titulares. “Es que no es algo que te preocupe, no piensas hasta qué punto va a tener implicación. En la mía también estaban mis padres, pero un día fue mi padre a hacer un trámite al banco y el empleado, que era conocido, le preguntó si no quería salirse, ya que yo había cumplido los 18 años. Y dijo que sí. Pero porque se pasó por el banco”. 

Te puede interesar

A punto de perder una VPO por compartir la titularidad de la cuenta bancaria con sus padres

Ir a la noticia

A principios de 2024, ya como pareja, se apuntaron en las listas  para optar a una VPO. En noviembre, cuando estaban de viaje, recibieron la comunicación de que habían sido adjudicatarios de una vivienda en Arrosadia. A la vuelta, enviaron toda la documentación. Entre ella, los certificados de titularidad bancaria, ya que los solicitantes reciben 3 puntos por cada uno de los últimos cinco años en los que hayan tenido una cuenta bancaria con 8.000 euros a 31 de diciembre de cada ejercicio. Ellos pensaban que cumplían todos los requisitos para tener 12 puntos (por cuatro años), pero Vivienda empezó a requerirles más documentación. “No entendíamos nada. Hasta que nos dimos cuenta de que en su libreta (la de su pareja) también figuraban como titulares sus padres”. Y según el informe de la jefa de sección de ayudas y planificación del servicio de Vivienda, no merecían esos 12 puntos porque el saldo de la cuenta había que dividirlo entre los tres titulares y entonces ya no se alcanzaban los 8.000. “Nos pilló un poco por sorpresa. Pasas de la alegría de te hayan concedido una VPO a que de repente, al mes siguiente, te digan que no”.

CRITERIO CONTRARIO AL SUPREMO

La pareja dio la vivienda por perdida, pero un familiar abogado estudió su tema y vio posibilidades. Así que recurrieron. “Es que todos los gastos e ingresos que había en esa cuenta eran de mi pareja. Miramos otras sentencias y nos animamos a recurrir. Nosotros no teníamos mucha esperanza, porque al final vas contra la administración. El abogado sí que lo veía”.

En la primavera del año pasado salió la primera sentencia, que les daba la razón. La sentencia argumentaba que ser cotitular de una cuenta bancaria no es lo mismo que ser copropietario a partes iguales del dinero que hay en ella, pues hay que analizar las relaciones internas de los interesados. “Nos pusimos muy contentos”.  Pero pasaban los días y nadie contactaba con ellos. Hasta que decidieron llamar a Vivienda y allí la respuesta fue que ese piso, todavía en construcción y que el juzgado les autorizaba a firmar, ya había sido adjudicada a otra persona. El Gobierno de Navarra recurrió la sentencia. “A partir de ahí ya nos desentendimos bastante y pasó a un segundo plano, no sabíamos de qué plazos estábamos hablando”. 

A finales del mes pasado, salió la sentencia del TSJN, que de nuevo fue muy contundente contra la decisión adoptada por el departamento de Vivienda: era contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y les autorizaba a firmar la compraventa de la vivienda, la que les adjudicaron en 2024, esa que podría estar adjudicada a otra persona. De momento, la pareja no ha recibido ninguna comunicación ni sabe cómo resolverá el Gobierno su caso. Expresan impotencia: “Estamos a la espera y con ganas ya de salir de dudas, que alguien levante la mano y diga: vamos a hacer esto”. Mientras esperan esa llamada, la construcción de la vivienda sigue su curso.