A la izquierda de la entrada al fuerte de San Cristóbal, un cartel recuerda que el inmueble es propiedad del Ministerio de Defensa, que cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural y que el acceso está cerrado al público por caídas o desprendimientos. Desde hoy, a la derecha del portón una placa indica que el Gobierno de España lo declara como Lugar de Memoria Democrática. Un primer paso para suprimir ese veto de visitas.

Ha sido hoy cuando el Boletín Oficial del Estado recogió la declaración que se subrayó con la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez y de la vicepresidenta foral Ana Ollo al enclave militar que corona el monte Ezkaba y que sirvió de prisión franquista. A principios de año, Navarra y Madrid firmaban un protocolo por el que se comprometían a este reconocimiento como enclave memorialístico. El siguiente paso será que Defensa haga las obras necesarias para garantizar la entrada de personas. Será el Gobierno de Navarra el que a futuro - nadie ayer aventuró a dar una fecha- elabore un régimen de visitas públicas a San Cristóbal dirigidas a la ciudadanía y a centros escolares. Además, creará en el interior un centro de interpretación histórica que se avanzó incorporará el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, brigadas y aljibes y el cementerio de botellas.

Ana Ollo recordó que Navarra ya había integrado a su red memorialística este camposanto ubicado junto al fuerte para los presos -que debe su nombre a que los enterraban con una botella con su filiación carcelaria- y la ruta GR 225, balizada para el senderismo que recuerda el recorrido hasta la muga de los tres únicos que consiguieron pasar a Francia de los 795 fugados el 22 de mayo de 1938.

Una comisión de seguimiento, formada hoy por la mañana y con representantes tanto de la Comunidad foral como de la Secretaría de Estado de la Memoria Histórica, velarán por el cumplimiento de la adecuación, visitas y puesta en marcha del centro histórico. Y si dicha comisión se fundó sin apenas testigos, la colocación de la placa contó con una nutrida presencia: integrantes de los grupos del Parlamento foral, a excepción de Vox, alcaldes y concejales de la comarca de Pamplona, miembros de asociaciones memorialísticas, como la que demanda la demolición de los Caídos de Pamplona que entregó a Fernando Martínez una carta pidiendo su derribo como “elemento contrario a la memoria democrática”.

Junto a Fernando Martínez y Ana Ollo estaba la hija del albañil leonés Jovino Fernández González, que logró pasar a Francia tras la fuga masiva de aquel mayo de 1938. Dos días antes lo habían hecho otros dos presos, Valentín Lorenzo Bajo y José Marinero Sanz. “Papi, estamos en Pamplona, en la puerta del Fuerte de San Cristóbal”, inició su discurso en el que recordó cómo su padre, capturado en Santander y afiliado a la CNT, le contaba que lo entregaron a la prisión como un fardo, cómo para cuatro hombres había un rancho en el que flotaban 60 garbanzos o que sobrevivió en la fuga comiendo hierba durante diez días, dos metido en un río. Un pastor navarro fue el que le ayudó a pasar a Francia. Y subrayó la importancia de enclaves de la memoria para que la juventud recuerde lo que pasó. “Papi, tú lo sabes, los hijos de republicanos hemos visto como esa cruel tragedia se arrinconó en la memoria durante décadas”, dijo al final con la voz quebrada, en un acto en el que ayudó a descorrer la cortinilla de la placa junto a Fernández y Ollo. En su honor, bailó un aurresku Edurne Turrillas Bueno, acompañada del txistu de Aitor Huarte Usurbil, ambos del grupo de dantzas municipal Duguna. Y se oyó la música del dúo de cuerda Leire Fernández y Eva Niño.