Con el recuerdo inicial a la figura del fallecido Alfonso Bañón Seija (Valladolid, 1930 - Pamplona, 2026), exconcejal y exdiputado del Congreso, el Ayuntamiento de Pamplona abordó este lunes en un pleno extraordinario varias medidas relativas al principal problema de la ciudadanía pamplonesa, navarra y española: la vivienda. Por un lado, la “municipalización del servicio de gestión de viviendas” propiedad del ayuntamiento, 613 repartidas por la ciudad, algunas de ellas convertidas en auténticos quebraderos de cabeza para el consistorio y para los vecinos de pisos ocupados. El caso paradigmático se encuentra en Buztintxuri. La municipalización conlleva una nueva ordenanza dirigida a “promover la inclusión social”. 

Por otro lado, la corporación aprobó la modificación de la ordenanza fiscal Nº 3, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es decir, el ICIO. Esta modificación contempla bonificaciones en seis supuestos. Entre otros, un 50% para aquellos edificios destinados en su integridad a viviendas protegidas en régimen de alquiler social y del 25%, cuando más de la mitad del inmueble está dedicado a tal fin. También se beneficiarán las cooperativas en cesión de uso, caso del polémico proyecto del ‘cohousing’ de Txantrea, o las promociones de VPO en edificios catalogados, como la de Maristas. Para UPN, se trata de medidas que benefician a los “amiguetes” del equipo de gobierno.

INCLUSIÓN SOCIAL

En todo caso, se trata de medidas dirigidas a un mercado ortodoxo y regulado, en un panorama con una lista de espera en Navarra de más de 24.000 personas que aguardan una VPO. Pero hay otro creciente, de personas y familias que no pueden permitirse acceder a una hipoteca ni a una vivienda, por protegida que esté. Para ese perfil se ha impulsado la municipalización del servicio de viviendas públicas, que el gobierno de Asiron ha denominado con el nombre en euskera de Aukera, “oportunidad”.

El concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea (EH Bildu), aseguró que la aprobación inicial de ayer del servicio -con el voto en contra de UPN y PP y a favor del tripartito y del PSN- está dirigido al “eslabón más débil de la cadena”. “Merecen y necesitan una atención especial”, aseguró en su primera intervención. El modelo establece tres estadios para familias en riesgo de exclusión social o con escasos recurso para que puedan incorporarse al mercado inmobiliario del común de la ciudadanía: viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición. Se supone que el siguiente paso es el mercado inmobiliario “normalizado”.

La nueva ordenanza sobre este asunto recoge exenciones del 25%, 50%, 75% e incluso del 100% de las cuotas de alquiler en función de los niveles de renta de las personas o familias acogidas. Las víctimas de violencia de género pagarán un 10% del total. Se incluye además un programa de “acompañamiento social intenso”, en palabras del concejal de Acción Social, Txema Mauleón (Contigo Zurekin). La idea es evitar los reiterados problemas que se producen en algunas de estas viviendas, como ocurre y ha ocurrido en Buztintxuri.

El debate de este punto dejó la habitual y enconada confrontación entre UPN y EH Bildu. Para los regionalistas, en palabras del concejal Juan José Echeverría, la municipalización del servicio de viviendas va a permitir al consistorio “echar a la gente ocupa” y saltarse así, la ley de arrendamiento. “Mientras tanto, los arrendadores, a pasar por el aro”, añadió. Pidió no duplicar servicios con el Gobierno de Navarra y consideró la medida una forma de “encarecer y derrochar recursos”. 

Abaurrea acusó por su parte a UPN de dejar “215 viviendas abandonadas” y de construir edificios “para los ricos”.

El Ayuntamiento de Pamplona aprobó este lunes por unanimidad detraer 60.000 euros del presupuesto de 12 de millones destinado a la reurbanización del paseo de Sarasate en este 2026 para acometer obras en la Casa de las Mujeres. UPN envió este lunes por la tarde una nota para recordar que su grupo ya advirtió en el pleno de noviembre de 2025 que no sería posible gastar ese montante de 12 millones en las obras de Sarasate durante este año. De hecho, el equipo de gobierno admite que solo podrán destinarse en plazo 8,7 millones, tal y como advertían, según UPN, informes técnicos.

“Se presupuestaron más de 3 millones de euros de más. Lo advertimos, pero lo negaron. Hoy ya están retirando dinero de ese sobrante para hacer otras actuaciones, dándonos la razón”, expresaron los regionalistas en una nota. El concejal de UPN, Aitor Silgado, que fue quien advirtió del presupuesto en el pleno de noviembre, preguntó a la concejala de Hacienda, Garbiñe Bueno (EH Bildu) si “mintió o no se enteraba” cuando en aquel pleno de noviembre aseguró que sí se gastarían los 12 millones presupuestados.

UPN presentó seis enmiendas no aprobadas de esos más de 3 millones que no se gastarán y que incluían 500.000 euros para comenzar las obras del Civivox de Erripagaña. Para la formación regionalista, “Asiron hipotecó la inversión en los barrios de la ciudad, porque muchos de ellos se quedaron sin ninguna actuación”.