"Es un horror vivir aquí”. “Tenemos miedo”. “Un sin vivir”. Vecinos de la calle Santos Ángel de Ochandátegui del barrio pamplonés de Buztintxuri denuncian la situación denigrante en la que tienen que habitar, presos de una maraña administrativa que les dejó en manos de un fondo buitre. Este, aseguran, elude toda responsabilidad en las continuas ocupaciones de trasteros, en la rotura de puertas de portales, de bombillas, en la suciedad y basura acumulada en los garajes.

 No pueden más, relata José Luis Galindo Arranz, un vecino que ha decidido dar un paso adelante y hacer público lo que sucede, por encima del miedo que, como la mayoría, siente. “Vivíamos como reyes, en el barrio donde hemos hecho cuadrilla, donde tenemos nuestra vida”, explica. 

Técnico Químico de profesión, tiene 55 años, los últimos trabajó en limpiezas para el Ayuntamiento de Pamplona y ahora se encuentra en paro y arrastra algunos problemas de salud con dos caderas operadas... Accedió a un piso de alquiler protegido en 2014. Lo gestionaba Servihábitat y entonces “todo funcionaba muy bien”. Recuerda a Fernando, la persona que les atendía “amable y competente” cada vez que tenían una incidencia. 

Todo fue al traste al acabar el periodo de protección. Negociaron con el Gobierno de Navarra prorrogar el alquiler. Lo consiguieron, pero los inmuebles quedaron después en manos de Testa Residencial, fondo buitre que, afirman, ha desatendido totalmente al vecindario y “permite situaciones vandálicas e incívicas”. “Existe la que llaman la página del inquilino, si hay alguna incidencia debemos comunicarla desde ahí. Pero pasado un tiempo y sin hacer absolutamente nada responden que la incidencia está cerrada”, sostiene una vecina.

 La manzana, con una docena de portales, forma una U de la que uno de los laterales se vendió. “Ahora son propietarios y su situación dista mucho de la nuestra”, apunta otra de las vecinas que se acerca al portal del número 54. La puerta de entrada está rota. No se cierra. “Así lleva cerca de dos años”, apunta José Luis. Su vecina vive dos portales más allá y asegura que pasa mucho miedo, sobre todo cuando tiene que ir al garaje a recoger su coche. “Doy toda la vuelta por no pasar por la zona donde hay más trasteros ocupados”, señala. 

Es fácil comprobarlo. Nos acompañan desde el ascensor, utilizando la linterna del teléfono móvil para introducir la llave, porque las bombillas están rotas y no se reponen. En el garaje hay varias puertas de trasteros forzadas. En cada uno viven cuatro o cinco personas que muchas veces “hacen sus necesidades en el garaje”. Se ven en distintas zonas charcos de orina y heces. También los vómitos son habituales, afirman. Junto a un trastero, botellas de aceite y otros productos para cocinar, suponen que con camping gas. “El otro día me crucé con una rata como un gato”, subraya José Luis Galindo. Okupas y vecinos Llega a disculparse por el hedor en algunas zonas, por los orines en zonas comunes... 

Otra vecina clama por la ayuda que no llega. “Si viviera aquí el alcalde o la presidenta no estaríamos así”, apunta y considera que el incivismo, evidente en los okupas, se da también en algunos vecinos de los inmuebles que no respetan las mínimas normas de convivencia. “Si arreglan la puerta en dos días estaría rota, prefieren empujar que meter la llave, todo así”, muestran los buzones destrozados, lo mismo una de las puertas auxiliares. “El problema es la gente con la que convivimos, arriba y abajo”. “Quieren que nos vayamos” José Luis Galindo opina que esta situación en la que “Testa se desentiende está vinculada al deseo del fondo de empezar de cero y subir el precio del alquiler” que, a pesar de la protección, no es precisamente barato. Oscila, pero en su caso paga 800 euros por un piso de 60 metros cuadrados en el que reside con su pareja. "Pero no encuentras nada por menos dinero. Lo alquilarían a 1.200".

 Reconoce que “el chantaje ha sido hasta ahora la única manera de conseguir algo, de lograr que repararen lo que les corresponde”. “Pero es un sinvivir”, insiste y recuerda que estuvieron un mes sin ascensor. Él vive en un quinto. Otra vecina menciona que hay inquilinos que subarriendan la vivienda. “En una de ellas hay unas quince personas, es un desastre y nadie controla nada”, lamenta. Le gustaría cambiar de casa, pero su sueldo no se lo permite; hay quien se plantea dejar de pagar, pero ella no quiere “ser una morosa y arriesgarse a quedarse en la calle”. 

El vecindario incide en que la Policía Municipal ha ido muchas veces por la zona. Pero dicen que no pueden hacer nada. ¿Cómo es posible? se preguntan. 

Están hartos también de las peleas, “cualquier domingo, en el mismo patio exterior, con navajas, con bates de beisbol... Tenemos nuestras leyes, no todo vale, entro y la lío, las cosas no son así y para mí el problema no es la inmigración”, reflexiona José Luis Galindo Arranz en el salón de su casa, “con las mejores vistas de Iruña”. “Vivíamos tan bien...”, vuelve a echar la vista a un pasado que ahora mismo parece una fantasía. Han tenido que colocar una alarma en su piso, con cartel en la puerta, “otros 40 euros al mes”. “Es que te encuentras con cualquiera en el ascensor. Duermes con miedo”, admite Colette, su pareja.

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