Según los datos que ha proporcionado hoy el concejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona, Endika Alonso (EH Bildu), en la ciudad hay detectadas 37 bajeras de ocupación ilegal, de las que cuatro están originando problemas de salud y ruidos con comunidades de vecinos. Una de ellas es la que los residentes de la calle Río Alzania, en Azpilagaña, quisieron hacer pública. Las restantes se distribuyen en San Jorge, con dos, y otra en la Rochapea.

Alonso ha comparecido en la comisión de Presidencia a petición de los socialistas porque, ha defendido su portavoz Marina Curiel, los ciudadanos debían conocer qué se estaba haciendo en un tema que ha generado alarma social. "Gobernar es también dar la cara", ha dicho la concejala, que ha querido dejar claro que desde su grupo la sensación es que la ciudad es segura pero que era necesario atajar cualquier incertidumbre. En cambio para el popular Carlos García Adanero la intención del PSN era otra muy distinta, ofrecer en bandeja al equipo de gobierno de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin la oportunidad de ejercer la autocomplacencia. 

Autocomplacencia interpretada por los populares y también desde UPN por el insistente discurso de Endika Alonso junto a su compañero de grupo Joxe Abaurrea y socios del tripartito (Txema Mauleón, Contigo Zurekin, y Mikel Armendáriz, Geroa Bai), de que se estaba actuando de forma constante y más ardua que la hecha por la ahora oposición cuando gobernaban juntos como Navarra Suma o en las alcaldías en solitario de los regionalistas. Porque, coincidieron todos en señalar, los problemas de Río Alzanía ya existían de antes, a los que se sumaban los del bloque de Tejería -en el ojo de mira por una agresión sexual y tráfico de drogas- a los que en este mandato se ha dado solución. Abaurrea ha querido sumar a la explicación Aranzadi, cuyo asentamiento ilegal ha sido muy cuestionado por PP y UPN, y donde según el edil de Urbanismo se han hecho actuaciones de recuperación de Casa Soto o las Agustinas frente a la inacción del anterior equipo de gobierno.

Endika Alonso ha desvelado, además, que en estos últimos 24 meses, ha sido posible poner término a ocho bajeras de viviendas ilegales gracias a una acción coordinada de Policía Comunitaria con Urbanismo de cara a instar a la propiedad para el desalojo. Medida que en algunos casos ha sido mediante orden judicial. Los bajos ya libres estaban en Iturrama, San Jorge, Azpilagaña, San Juan y Buztintzuri.  Precisamente sobre este barrio ha centrado su critica Mikel Armendáriz acusando a UPN de no hacer nada cuando una "pseudomafía" tenía bajo sus riendas todo un bloque, los trasteros y hasta el garaje. "Pero como era un sitio marginal...", ha deslizado. Por su parte, Txema Mauleón se ha centrado en los recursos. "Ustedes tenían a una persona para exclusión social en toda la ciudad y nosotros 23".

Y frente a este discurso de trabajo constante, el regionalista Javier Labairu, ha hablado de dejadez subrayando, además, que el Ayuntamiento tiene la ley y normativas municipales de su mano -como señala el Defensor del Pueblo, ha indicado- para actuar. En concreto, ha citado sobre todo la que se refiere a la falta de licencia para ejercer una actividad en el interior, en este caso ocupación o vivienda, lo que le faculta para multar, realizar inspecciones y cesar esa actividad sin autorización municipal. El concejal ha indicado que los vecinos sufren apagones de luz por los pinchazos al suministro además de una factura más elevada, problemas con el agua porque también la utilizan e incluso inundan el garaje. Llevan más de 6.000 euros en reparaciones por los daños ocasionados por las 17 personas que pernoctan en el interior, que hacen sus necesidades en los alrededores o en botes que luego tiran fuera. Labairu ha sostenido que su agresividad y enfrentamientos con los vecinos genera tal sensación de miedo que se evita la calle. "Pero ustedes como las avestruces meten la cabeza dentro a ver si pasa la tempestad".