Ayuntamiento
Hasta 5.000 euros en multas a la propietaria de la bajera de la calle Río Alzania en Pamplona
El edil de Urbanismo, Joxe Abaurrea, ha desvelado que la titular del local ocupado por 17 personas no quiere denunciar para iniciar judicalmente el procedicimiento de desalojo
Actualizado el 28/01/2026 a las 08:28
Hasta cinco multas consecutivas que suman 5.000 euros ha sido la respuesta del Ayuntamiento de Pamplona a la propietaria de la bajera de la calle Río Alzania, del barrio de Azpilagaña de Pamplona, para intentar que tome medidas para el desalojo de las personas que, de forma ilegal, duermen allí desde hace unos siete años. Actualmente hay 17. La noticia se ha conocido hoy en la comisión de Presidencia del Ayuntamiento a preguntas de la portavoz del grupo municipal del PSN, Marina Curiel. El edil de Urbanismo, Joxe Abaurrea (EH Bildu), le ha dicho que, además, han instado a la titular del local que denuncie para así iniciar un procedimiento judicial para el desalojo de estas personas que generan malestar en el barrio, sobre todo en el portal contiguo a la bajera, el número 11 de la calle Río Alzania. "Pero se ha negado". El concejal de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso (EH Bildu), ha añadido que Policía Municipal está al tanto de problema y que el policía comunitario de barrio participó en la reunión celebrada por los residentes de la zona el pasado 15 de enero. Entonces el mensaje del vecindario al Ayuntamiento fue que no estaban tomando medidas eficaces para atajar esta situación.
PSN PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DEL EDIL DE SEGURIDAD CIUDADANA
el PSN ha anunciado que solicitará la comparecencia del concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Endika Alonso (EH Bildu) para que dé explicaciones públicas a los vecinos y vecinas de Pamplona sobre la situación de las ocupaciones ilegales en bajeras, una preocupación creciente en distintos barrios de la ciudad. “Desde el PSN estamos muy sensibilizados con la preocupación de la ciudadanía en materia de seguridad. Pamplona es una ciudad segura, pero eso no puede servir de excusa para la inacción. El Ayuntamiento debe actuar con más determinación, dar explicaciones y acompañar a los vecinos y vecinas”, concluye su portavoz, Marina Curiel
Los residentes en la zona describen el lugar como un espacio la bajera con enganches ilegales a las redes de agua y electricidad del edificio, en cuyo interior hacen hogueras y barbacoas, con trasiego constantes de personas ajenas al inmueble, un local presuntamente vinculado al consumo y tráfico de sustancias estupefacientes. Una mujer gestiona la entrada de las personas a las que cobra por dormir. Y narraron que una noche que se negó a alguien el acceso, éste quemó un colchón junto a la puerta. Una situación que, añadieron, crea inseguridad por lo que, por ejemplo, los menores no pueden pasear por la zona o que esos enganches ilegales les ha hecho desembolsar 5.000 euros en reparaciones.
Los vecinos, conocedores de la falta de denuncia de la propiedad, han recurrido a la vía penal. Les han dado cita para el 26 de marzo para notificarles cuando se celebrará el juicio. "No podemos más, la gente teme represalias, porque se te encaran y nadie se atreve a pasar por delante, damos toda la vuelta por las escaleras de Río Ega", decían los vecinos.
