Hasta 27 intervenciones policiales por una ocupación en la Txantrea

Persianas bajadas por voluntad o porque, rotas, se han desmoronado. Algún cristal sustituido por cartones. Este deterioro exterior de un bajo de la travesía de Espronceda de la Txantrea contrasta con las ventanas del piso del mismo rellano, donde aparecen varias macetas y los cristales impolutos En las otras dos alturas del inmueble, igualmente con un par de viviendas cada una, también presentan un aspecto cuidado. Porque, dicen los vecinos de la zona, allí viven “familias normales” con niños pequeños o personas mayores de toda la vida de este barrio de Pamplona. 

Incluso una vez en ese bajo que parece sin habitar lo hizo una señora a la que todos recuerdan como una mujer discreta, de vida rutinaria. El problema fue su hijo drogadicto. “Pero ella lo tenía a raya. Al morir, se descontroló todo”. Y de este descontrol habla el número de intervenciones policiales que provocaron sus ocupantes: 27 en los nueve primeros meses del año pasado en los que se incautaron objetos peligrosos.

En septiembre, hasta las oficinas del Defensor del Pueblo de Navarra llegaba el escrito de una persona del portal que, también en nombre del resto de vecinos, exponía esta situación: “Uno de los inmuebles de dicha finca está ocupado ilícitamente por cuatro personas, que, presentando problemas de drogadicción, están constantemente peleando entre ellos, así como dañando mobiliario tanto municipal como de la comunidad de propietarios; han llenado el patio de la finca de bienes sustraídos (bicicletas, patinetes, motos, etc.); las peleas entre los ocupantes alcanzan niveles de violencia especialmente elevados por las noches, lo que imposibilita el descanso de los vecinos, que, cuando les instan a no molestar, son amenazados. Los vecinos están desesperados, pues están constantemente llamando a la Policía Municipal, a la Policía Foral de Navarra y a la Policía Nacional, pero el problema no se soluciona”.

DUDAS CON LA PROPIEDAD

Un residente de la travesía se queda extrañado. “Pensaba que el piso era propiedad del hijo”. Pero otro dice que se lo había embargado el banco. Hay una tercera versión. “Tengo entendido que hijo se ha ido, no sé si a un centro de desintoxicación o porque no aguanta a la pareja que vive ahora”. Un portal inmobiliario de Navarra anuncia su venta con la advertencia de que está ilegalmente ocupado. Una vivienda de 76 metros cuadrados y dos habitaciones por 126.000 euros. Pero en el teléfono de contacto nunca hay respuesta que pueda clarificar quien es el propietario.

Precisamente el Defensor del Pueblo en su resolución le dice al Ayuntamiento de Pamplona que puede dar un paso más allá al de las intervenciones policiales: contactar con el titular de inmueble “a fin de que estos puedan instar su desahucio ante la autoridad judicial competente”.

Desde el Ayuntamiento se indica que ya se ha hecho pero no quieren clarificar si las escrituras de la vivienda están en manos de un particular o de una entidad financiera. La institución también dice al consistorio que debe reforzar la seguridad en la zona, con mayor presencia policial para garantizar la tranquilidad de los vecinos porque, añaden, hay una sensación de inseguridad.

Y mientras, entre los vecinos, continúa el malestar y las quejas. “Yo todas las noches me cierro con llave y atranco la puerta porque también se dedican a robar. Si dejas el coche junto a su portal te arriesgas a que te lo desvalijen”, asegura una residente de la zona. “Su bajo da a un patio y lo ves lleno de suciedad”, comenta otra. “Pero esto no es nuevo, llevan ya muchos años”. 

El problema es para toda la manzana no sólo para los residentes del portal. “Muchas de las broncas las montan en la calle. Los insultos y tacos están a la orden del día. ¿No los pueden desalojar? ¿O intervenir asuntos sociales?”, se pregunta un vecina.

“Cuando viene la policía están tranquilos un par de días y, luego, otra vez a las andadas. Para los que vivimos cerca es una situación muy desagradable y más si se pelean de madrugada en la calle, no nos dejan descansar”, apunta otro. Y la agresividad de una de las ocupantes, coinciden en señalar todos, hace imposible cualquier mediación.

Policía Municipal es consciente de la gravedad porque, dice el defensor, así lo reflejó en un informe que decía: “Dado el malestar existente en el vecindario, lo alterados que están las personas que ocupan el (…) debido a los consumos y la situación deplorable de la vivienda, convendría crear una orden de trabajo para controlar la zona y tranquilizar a los vecinos”.