Lo que comenzó como una actuación rutinaria de limpieza tras los Sanfermines acabó convirtiéndose en un conflicto legal que ha puesto en un brete al Ayuntamiento de Pamplona. Y es que el consistorio deberá indemnizar a una aseguradora por los daños causados en un local de la Plaza del Castillo, después de que el Tribunal Administrativo de Navarra haya vinculado las filtraciones de agua al uso de baldeo a presión. 

El problema gira en torno al uso de agua a presión durante la limpieza viaria. La aseguradora que denuncia los hechos, y que ya había abonado las correspondientes reparaciones tras lo sucedido, sostiene en todo momento que el baldeo realizado tras las fiestas provocó que el agua se filtrara por las juntas del pavimento hasta el techo del local. Frente a ello, el Ayuntamiento de Pamplona defiende que no se había baldeado la zona, que los porches son de propiedad privada y que el problema se debía a una deficiente impermeabilización del sótano.

De ahí que el conflicto terminara en los tribunales, donde el TAN ya ha analizado con detalle los informes técnicos presentados y se inclina claramente por los argumentos presentados por la aseguradora. Dicho informe, basado en una inspección presencial realizada pocos días después del siniestro, describe con precisión cómo el agua a presión penetró por las juntas abiertas del pavimento. En cambio, el documento enviado por el consistorio "se apoya en afirmaciones genéricas, sin visita al lugar de los hechos, y además incurre en contradicciones", ya que por un lado se reconoce que durante San Fermín se realizan limpiezas extraordinarias con agua y por otro se sostiene que en ese punto concreto no se utilizó baldeo.

Para el Tribunal, esas incoherencias y la falta de una comprobación técnica restan credibilidad a la versión municipal. Subraya, además, que el hecho de que el pavimento sea de propiedad privada "no exime" al Ayuntamiento de Pamplona cuando el daño procede de una actuación material ejecutada en el ejercicio de sus competencias de limpieza urbana. 

Por todo ello, estima el recurso y reconoce el derecho de la aseguradora a cobrar 1.361 euros, cantidad que deberá actualizarse e incrementarse con los intereses legales, anulando así la resolución municipal que había rechazado la indemnización.