En estos 20 años, la rabia y el descontento han ido en aumento. Varias vecinas lograron una VPO en 2005 en Buztintxuri, entre los números 63 y 66 del paseo de Santa Lucía. Era su primera vivienda, su gran ilusión entonces, pero una cláusula del contrato de compraventa las convertía en “realojadas”. Este error administrativo, del que se percataron hace unos meses, ha condicionado su día a día en una comunidad muy problemática y ahora también su futuro.  

Desesperadas, han tocado todas las puertas posibles -Ayuntamiento de Pamplona, Nasuvinsa, Departamento de Vivienda, Defensor del Pueblo- y ahora han presentado un recurso de alzada ante el TAN (Tribunal Administrativo de Navarra). Quieren una solución que compense un error de 20 años. A otros inqulinos que sí eran realojados en sentido estricto ya se la han dado. Ellas exigen un desagravio: poder permutar la vivienda por otra VPO en otro lugar de Pamplona y vender la casa a precio de mercado.

Tal y como recogen en el recurso de alzada presentado ante el TAN, en 2005 el  Ayuntamiento de Pamplona “edificó utilizando fondos públicos” el bloque de viviendas en el que viven actualmente. “Este bloque de viviendas estaba destinado a realojos de familias cuyas viviendas no tenían condiciones adecuadas de habitabilidad y cuyos ingresos no les permitían acceder a otro tipo de vivienda”, continúan.

Muestran como prueba un vídeo de aquel 2005 en el que aparece la entonces alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina (UPN), y el también entonces consejero de Vivienda del Gobierno de Navarra, José Andrés Burguete (CDN), presentando y explicando la promoción ya concluida desde el mismo paseo de Santa Lucía: un bloque en Buztintxuri con 132 viviendas para realojo -de los propietarios de las viejas viviendas derribadas donde ahora se levanta el bloque- y 24 para alquiler social. En total, 156 viviendas.

“Yo firmé el precontrato al día siguiente de que se emitiera aquel vídeo en televisión. Fue todo muy precipitado. Te dicen que  te han concedido una VPO y no te lo piensas. Tampoco miras el precontrato de arriba abajo”, relata una de las afectadas. Pero había un cláusula del documento que les condicionaba la propiedad a futuro y que les incluía en un grupo que nada tenía que ver con su perfil: “realojos del Ayuntamiento de Pamplona”. En virtud de esta cláusula, el contrato que firmaron se elevaba a “escritura pública” y hacía “inadmisible cambio alguno en la titularidad ni por extensión ni por omisión, tanto si los cambios pretendidos se producen por cesión intervivos, como mortis causa”, según recoge dicha cláusula del contrato de compraventa.

OTRA VPO

“Queremos que nos permitan  optar ahora a otra VPO, manteniendo nuestros ingresos en el nivel que teníamos hace 20 años”, reclama una de las propietarias. Porque, para las afectadas, la concesión de hace 20 años, estuvo envuelta en una “grave falta de transparencia y mala praxis por parte del Ayuntamiento de Pamplona y de Nasuvinsa”. Aseguran que en la reunión que mantuvieron con Nasuvinsa (entonces Vinsa) hace 20 años, no se les informó de que eran viviendas destinadas a realojos. “Tampoco éramos personas vulnerables ni en riesgo de exclusión social”, añaden. Aseguran que tampoco se les informó de que si las rechazaban no serían excluidas de la lista de solicitantes de VPO ni de que iban a compartir bloque “con seis portales de VPO de régimen especial y otros seis de alquiler social

El bloque de viviendas del paseo de Santa Lucía, en Buztintxuri, donde las propietarias tienen su vivienda, es un viejo conocido de la Policía Municipal y del Ayuntamiento de Pamplona. “Tengo una carpeta con 200 noticias publicadas en los periódicos sobre los problemas de esta comunidad”, se lamenta una de ellas . 

“Durante todos estos años hemos tenido que convivir con una seria problemática social y de convivencia: ocupaciones,  robos , incendios, trapicheo de drogas, peleas, vandalismo, etc…  Nuestras peticiones de ayuda al Ayuntamiento de Pamplona han sido desoídas de manera sistemática así como nuestras llamadas a Policía  Municipal”, se quejan.

El bloque en cuestión ha sido noticia en los últimos años por el fallecimiento de una persona que ocupaba ilegalmente una de las viviendas en un incendio, por la ocupación de los trasteros del bloque y por el reciente intento de ocupación de un piso municipal. El consistorio anunció recientemente un plan con una partida de 350.000 euros para mejorar una situación que sigue empantanada. “Aquí el que puede, se va”, concluyen”.