Audiencia Nacional
La UCO detiene a Antxon Alonso y practica 19 registros, varios en Navarra
La operación está vinculada a Leire Díez y el expresidente de la SEPI
Actualizado el 12/12/2025 a las 08:31
La nueva red corrupta estaba dirigida por un triunvirato, implicaba a numerosas personas más allá de los detenidos y extendió sus tentáculos a varias instituciones públicas y a diversas empresas de varias comunidades autónomas, fundamentalmente firmas de renovables y tecnológicas.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) detuvieron a última hora del miércoles en Bizkaia al empresario Antxon Alonso como tercer cabecilla de esta trama que supuestamente lideraban también la exmilitante socialista Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre 2019, ambos arrestados poco antes. Y detrás de toda esta telaraña que vendría operando casi desde la misma llega de Pedro Sánchez a Moncloa en el verano de 2018 -afirman mandos de la investigación- una vez más, planea la sombra de Santos Cerdán, aunque no está imputado en esta causa. Al menos, por el momento.
Los agentes al mando del teniente coronel Antonio Balas dan un papel muy relevante en el nuevo entramado ahora destapado a Alonso, socio en 'secreto' de Santos Cerdán en Servinabar, la empresa en el epicentro del cobro de mordidas del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' que investiga por su parte el Supremo. La Guardia Civil va ampliar la detención de Díez, Alonso y Fernández en dependencias policiales para su interrogatorio hasta el sábado a las 10 de la mañana, cuando pasen a disposición de la Audiencia Nacional.
Además, entre el miércoles y el jueves los funcionarios llevaron a cabo un total de 19 registros entre otros lugares en Madrid, Zaragoza, Navarra y Sevilla. En la Comunidad foral regresaron de nuevo a la antigua sede de Servinabar, en Pamplona, mientras que en Olite acudieron a la empresa Erri Berri, y en Aizoain a Cistec Technology, según fuentes policiales, sin bien desde esta última empresa negaron haber recibido la visita de los agentes.
VINCULADOS A SERVINABAR
Algunos de estos allanamientos, según fuentes de la investigación están relacionados precisamente con Servinabar. Es el caso del registro de la empresa de renovables Forestalia, vinculada al entorno de Cerdán y su socio Antxon Alonso, cuyas sedes en Madrid y Zaragoza fueron allanadas ante la sospecha de que podrían haber recibido algún trato de favor por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera. Los funcionarios también entraron en el piso en la céntrica calle de Diego de León donde Leire Díez se solía reunir con empresarios y en un despacho de abogados de la capital hispalense, entre otras muchas localizaciones.
Pero los registros más 'delicados' tuvieron lugar en instituciones públicas, supuestamente 'parasitadas' por Díez, Alonso y Fernández (y el resto de los investigados, cuyo número se desconoce) para sus amaños. Se trata de Mercasa, la empresa también propiedad de la SEPI y del Ministerio de Agricultura, que gestiona la Red de Mercas de plataformas mayoristas de distribución alimentaria; la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente de la SEPI; la propia SEPI, donde hubo requerimiento de información por los funcionarios personados; o Enusa, la Empresa Nacional de Uranio, participada por la SEPI, donde Díez fue jefa de prensa entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 y que ahora está dirigida por Mariano Moreno, el exgerente del PSOE del 'caso sobres' que está siendo investigado en otro procedimiento.
Precisamente, el inmediato predecesor de Moreno en la presidencia de Enusa, José Vicente Berlanga, está entre los numerosos investigados formalmente en esta nueva trama, que no han sido detenidos, según informaron a este periódicos fuentes del caso. Berlanga, que estuvo al frente de la agencia entre 2018 y 2021, es un militante socialista del entorno político más cercano a José Luis Ábalos y fue aupado por éste hasta la cúspide de esta institución.
UNA INVESTIGACIÓN SECRETA
La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, sigue secreta y el sigilo en la UCO es casi total, aunque las fuentes consultadas por este periódico durante las últimas horas ya han revelado algunas de las piezas de este desconocido y muy complejo puzle, en el que Anticorrupción acusa a Díez, Alonso y Fernández de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Así las cosas, otro de los puntos clave, según revelan fuentes de la misma, es la tecnológica vasco-navarra Cistec Technology. Leire Díez, en un dato que no incluyó en su currículum oficial, fue consejera de esta firma, sin tener ningún tipo de formación o experiencia previa en la “consultoría de telecomunicaciones”. Tras el desembarco de Díez, las inyecciones de dinero público (por subvenciones o contratos) se habrían disparado. Cistec, desde que se conociera que Díez fue su consejera, ha negado siempre cualquier tipo de irregularidad y ha venido subrayando que la ahora detenida ni siquiera llegó a cobrar por el cargo.
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