El pleno de Burlada dio este jueves luz verde a la contratación del equipo técnico que diseñará la encuesta entre los vecinos de Erripagaña, perteneciente a su propio municipio, de Pamplona y Huarte, las tres con alcaldía de EH Bildu. Del proceso se ha descolgado a los residentes del cuarto Ayuntamiento con presencia en el barrio, Egüés, cuya vara de mano la ostenta UPN.

Desde la Asociación de Vecinos de Erripagaña se oponen a este sondeo porque, según dicen, retrasa la que debería ser la única consulta: a qué localidad quieren adherirse. Sólo así, exponen, conseguirán que su administración municipal se implique para dotar de servicios a Erripagaña porque aún falta un colegio, un civivox o un polideportivo.

El mismo argumento expusieron ayer desde la oposición de Burlada Ana Góngora (UPN), Kevin Lucero (PSN) y María Luz Moraza (PP). Pero el tripartito de EH Bildu, Contigo Zurekin y Geroa Bai impuso su mayoría de votos para sacar adelante la propuesta. Sin embargo, Amaiur Guindeo (Geroa Bai) expresó sus dudas sobre esta encuesta.

El concejal reconoció que podría retrasar la resolución de integración a un único Ayuntamiento. También cuestionó si se iba a respetar lo dicho por la ciudadanía o si se garantizará la viabilidad económica de los municipios que pierdan el barrio. Y añadió que la falta de un colegio y la demora del centro de salud -competencias del Gobierno de Navarra- ha llevado al límite el problema.

Además, el tripartito sacó adelante la subida del 2,7% -el IPC a diciembre de 2024- de la contribución urbana y tasas y precios públicos frente a la negativa de UPN y PP y la abstención de PSN. “Hay 28,5 millones de remanente de tesorería. En el ahorro neto, lo que mide si se puede hacer frente a los gastos corrientes, algo más de 4 millones. Y en 2023, más de 3 millones. Son ingresos recurrente. Más ajustado a la realidad es congelar la contribución porque la han subido el 9 y el 5% en dos ejercicios consecutivos”, dijo Lucero.

Curiosa la sentencia de un juez del Tribunal de lo Contencioso de Pamplona, que ha anulado sólo la obligación del euskera en la plaza de Secretaría de Burlada cuando a este puesto no se le exige. Fue el portavoz socialista Kevin Lucero el que acudió al amparo del tribunal para recurrir la preceptividad de esa lengua en la plantilla orgánica aprobada para 2024. Ayer, en el pleno se dijo, como era lógico, que no podrían cumplir esa sentencia porque precisamente ese funcionario no tenía que saber euskera. El juez no se pronunció sobre el resto del personal.