“Nos sentimos amenazados”. Así resumen su situación dieciséis jóvenes migrantes sin hogar que sobreviven desde hace meses en la antigua ikastola Jaso, en el barrio pamplonés de Echavacoiz. Procedentes en su mayoría de Marruecos y Argelia, han remitido una carta al Defensor del Pueblo de Navarra en la que denuncian que su integridad física está en peligro debido a la violencia constante en el edificio abandonado. Reclaman, por ello, ser realojados de forma urgente en un espacio seguro y habitable.

El inmueble, desocupado desde hace años, se ha convertido en refugio improvisado ante la falta de recursos de acogida. Con el apoyo de la Fundación Elkarte y la asociación Apoyo Mutuo, estos jóvenes participaron en la retirada de más de treinta toneladas de basura. Ambas entidades presentaron, además, un proyecto para rehabilitar el edificio como espacio formativo y residencial. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de dignificar el lugar ha acabado transformándose en un entorno de miedo y violencia, donde actualmente viven, según la época, entre treinta y cuarenta personas.

“Vivimos en un espacio sin ley”, denuncian en su escrito al Defensor del Pueblo. “Hay peleas, robos, agresiones con cuchillos e incluso incendios provocados. Nuestra vida corre peligro cada día”. Entre mayo y septiembre de 2025, este periódico ha documentado todo tipo de incidentes violentos: peleas multitudinarias, heridos por arma blanca, incendios intencionados y detenciones. Pese a la presencia policial, los jóvenes aseguran que la inseguridad persiste. “Entran con navajas para robarnos. No denunciamos porque sabemos que volverán”, evidencian.

El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado su intención de derribar la antigua ikastola en 2026, pero el grupo exige una alternativa habitacional previa. “No pedimos caridad, pedimos dignidad”, subrayan. “Si tuviéramos un techo, podríamos estudiar y trabajar”.

En su carta, los jóvenes invocan la Ley Foral de Servicios Sociales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Se acerca el invierno y no podemos seguir viviendo entre la violencia”, advierten.

Los dieciséis firmantes, de entre 21 y 37 años, estudian castellano y participan en programas de inserción. Algunos tienen formación universitaria o experiencia profesional en diversos oficios. “Queremos trabajar y ayudar a nuestras familias, pero sin un lugar donde dormir o asearnos es imposible avanzar”, explican.

Desde Apoyo Mutuo alertan de que la falta de respuesta institucional está agravando el deterioro físico y emocional del grupo. “No basta con ofrecer un techo; necesitan acompañamiento psicológico y social”, señalan. El documento remitido al Defensor del Pueblo concluye con un llamamiento a la humanidad: “Queremos vivir en paz, en un lugar con luz, agua y seguridad. Solo pedimos una oportunidad.”