Todo comienza con una llamada a Policía Municipal de Pamplona. Los ruidos procedentes de una bajera interfieren en el descanso de los vecinos. Es en ese momento cuando una patrulla se acerca al establecimiento y, tras llamar a la puerta, ya que el local permanece visiblemente cerrado, se topan con varias personas, entre ellas el propietario.

Pese a las reiteradas solicitudes para que el responsable de la bajera se identifique, el acusado se niega a facilitar sus datos completos, limitándose a decir un nombre de palabra. Finalmente, viendo que la situación no tiene visos de mejora, Policía Municipal decide que la mejor opción es trasladar al hombre a sus dependencias para llevar a cabo la pertinente identificación. Fue allí cuando el afectado no tuvo más remedio que aceptar la situación y, a través del teléfono móvil, mostrar un documento oficial de nacionalidad búlgara. 

La consecuencia fue clara: una sanción de 601 euros, ya que la ley tipifica como infracción grave la negativa a identificarse ante la autoridad. Ante ello, el hombre presentó un recurso de alzada, alegando que no se habían valorado de forma adecuada sus argumentos. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Navarra ratifica ahora la sanción; subrayando que los hechos constatados por la Policía gozan de presunción de veracidad, principalmente porque no se aportaron pruebas que desvirtuaran el testimonio de los agentes ni se acreditaron errores en la denuncia.