La constructora Obras Especiales ha aceptado reunirse con personal técnico de la empresa pública Nasuvinsa para revisar los presupuestos de rehabilitación del antiguo colegio de Maristas y construcción de 108 viviendas protegidas. Esta información trascendió durante la reunión informativa que mantuvieron este  viernes por la tarde adjudicatarios de la promoción.

Los adjudicatarios han expresado su satisfacción por esta decisión, que consideran “un avance significativo en el conflicto abierto en torno a la operación urbanística que involucra a Obras Especiales, los Hermanos Maristas y las cooperativas de vivienda” y que atribuyen a las “intensas gestiones que el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo en las últimas semanas”.

Este nuevo escenario, explicaron varios cooperativistas, “abre una ventana de oportunidad de cara a la asamblea convocada para el 30 de abril, ya que permite ganar tiempo y oxígeno antes de tomar decisiones definitivas”. La intención es que los técnicos de Nasuvinsa, en coordinación con Obras Especiales, analicen las partidas presupuestarias con el objetivo de ajustar el coste total a los precios de módulo exigidos por la normativa de vivienda protegida.

La reunión informativa de este viernes fue convocada por un grupo de cooperativistas críticos con la gestión que está realizando la gestora y el consejo rector. Según se ha comentado en esta reunión, los Hermanos Maristas han descartado realizar nuevas rebajas sobre el precio pactado inicialmente. Sin embargo, los cooperativistas consideran que, “dado el carácter social del proyecto y los 13,5 millones de euros obtenidos por la venta de la parcela, la congregación debería hacer un esfuerzo adicional para facilitar el acceso a la vivienda a familias, incluidas algunas en situación de vulnerabilidad”.

LA VINCULACIÓN DE LICENCIAS

Uno de los puntos de fricción, explicaron, ha sido la interpretación de la operación urbanística. Mientras los Maristas insisten en desvincular las parcelas, sugiriendo que una de ellas se vendió por separado y a menor valor, los cooperativistas sostienen -apoyándose en el propio PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana)- que la venta fue conjunta, aunque posteriormente Arrasate optara por dividir el proyecto en dos fases. Para los futuros vecinos, esta operación no puede entenderse fragmentada y, por tanto, piden mayor compromiso económico a los Maristas en su conjunto.

Los cooperativistas también han alertado sobre posibles sobrecostes en diversas partidas del proyecto y han denunciado intentos de “maquillar las cuentas” por parte de Arrasate. Recuerdan que aún quedan “varios escenarios inciertos por aclarar” y advierten que no se puede permitir que una promotora externa determine el precio del módulo de vivienda protegida, ya que esa competencia recae exclusivamente en el Gobierno de Navarra.

“Es fundamental que todos los actores implicados en el proyecto Maristas II -promotora, cooperativistas, propietarios del suelo, técnicos y administración- se pongan manos a la obra de forma coordinada para garantizar que esta promoción de vivienda protegida salga adelante con éxito”, señaló un cooperativista del grupo crítico. Añadió que para ello, es “imprescindible asegurar la viabilidad económica desde el inicio”, evitando sobrecostes durante la fase de construcción que puedan poner en riesgo el acceso de las familias adjudicatarias. “La colaboración transparente y rigurosa entre todas las partes es clave para garantizar que se respeten los precios máximos establecidos por ley y que se cumpla el objetivo social del proyecto: facilitar el acceso a una vivienda digna, asequible y con plena seguridad jurídica y financiera”, añadió este cooperativista.