Viviendas
Gestora, constructora y Hermanos Maristas hacen una última oferta
Rebajan costes en 375.000 euros pero advierten que si la asamblea del día 30 no aprueba las obras, tendrán que buscar otra constructora


Publicado el 18/04/2025 a las 05:00
La gestora Grupo Arrasate, la constructora Obras Públicas y los Hermanos Maristas han lanzado una última oferta al centenar de cooperativistas de las VPO y VPT del antiguo colegio de Pamplona. Cada una de las partes ha reducido en 125.000 euros sus precios y honorarios, lo que supone una rebaja total de 325.000 euros en el presupuesto de la promoción de 108 viviendas. De esta forma, explican en una carta a los cooperativistas, se evita que los adjudicatarios tengan que hacer una aportación adicional en el caso de que elijan el presupuesto que es un 80% llave en mano y un 20% abierto a mediciones. Las aportaciones serían de una media de 7.800 euros en el caso de que se optara por el presupuesto cerrado. No obstante, Grupo Arrasate, los Hermanos Maristas y la constructora Obras Especiales dejan claro que esta última oferta está condicionada a que sea aprobada en la asamblea del 30 de abril. Si los cooperativistas rechazan las tres modalidades de presupuesto sometidas a votación (llave en mano, abierta o mixta), Obras Especiales “retirará su oferta y decaerá su interés por participar en la licitación de las obras”. Es decir, los cooperativistas tendrían que solicitar presupuestos a otras constructoras.
Obras Especiales advierte a los cooperativistas que ya no es posible ajustar más el precio teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se presentó el presupuesto. Para hacer este último esfuerzo adicional, la constructora exige que las obras puedan comenzar a mediados de mayo para así compatibilizar recursos con las obras de las viviendas libres, que afrontan su recta final.
Los Hermanos Maristas, por su parte, recuerdan que anteriormente aceptaron una rebaja de 300.000 euros en el contrato de compraventa de la parcela. Por tanto, la renuncia económica asciende a 425.000 euros. Advierten, sin embargo, que si el día 30 no se aprueban las obras, la institución ejercerá su derecho de cobro íntegro pactado en escritura sin ningún tipo de rebaja “incluyéndose en su caso el mecanismo de condición resolutoria por impago”. Actualmente, los Hermanos Maristas únicamente han recibido 83.500 euros del contrato de compraventa de la parcela y los 1,4 millones restantes quedaron pendientes a la obtención de la licencia de obras y la “formalización de la financiación promotora”. De hecho, condicionan la rebaja de 125.000 euros a que dicha cantidad se abone antes de fin de mayo.
Esta última oferta se produce pocos días después de que la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, se reuniera con el consejo rector de la cooperativa Maristas II y otros dos adjudicatarios en representación de un grupo crítico con las decisiones que ha ido tomando Grupo Arrasate. El consejo rector está formado por tres cooperativistas, aunque uno de ellos renunció hace unos días a la vivienda y ya no forma parte de la cooperativa.
En la próxima asamblea se va a votar una ampliación del número de miembros del consejo rector a 5 o 7 personas. El grupo de cooperativistas crítico con la gestión de Arrasate ha denunciado que el consejo rector “actúa descaradamente como portavoz y extensión al servicio de la promotora Arrasate”.
Adjudicatarios rechazan la "estrategia de presiones y ultimátums"
La última oferta de la gestora de la promoción de Maristas no ha convencido al grupo de cooperativistas que se ha unido para defender sus intereses. Consideran que es una “huida hacia adelante, insistiendo en una estrategia de presiones y ultimátums”. “Si no se aprueban ya los presupuestos ofertados, se retiran todas las rebajas y se nos invita a salir del proyecto. Una vez más, se fuerza a familias adjudicatarias de vivienda protegida a aceptar condiciones fuera de la legalidad o a renunciar a su derecho a una vivienda”, han señalado en un escrito remitido a este periódico.
Afirman que el Gobierno de Navarra fue claro en la última reunión y que “la promoción debe ajustarse a un presupuesto 100% cerrado, bajo la fórmula llave en mano y siempre respetando el precio de módulo de vivienda protegida del año 2023. Cualquier desviación, partida abierta o sobrecoste queda fuera del marco legal”, dice el escrito.
Por ello lamentan que Arrasate insista en “imponer” tres modelos de presupuesto que, a su juicio, no cumplen con ese criterio ya que, o bien plantean sobrecostes o están sujetos a desviaciones futuras durante la ejecución de obra.
Por ello consideran la última oferta “una maniobra de presión para que aprobemos un atropello -el nuestro- bajo amenaza de que, si no lo hacemos, estos actores se retirarán y el coste será aún mayor”. “Se intenta forzar una decisión a todo o nada en una asamblea manipulada mediante el miedo y una vez más lejos de la claridad y honestidad que muchos adjudicatarios llevamos demandando durante meses”, dice el escrito.
Afirman que esta estrategia está poniendo en “grave riesgo” el acceso a las subvenciones públicas de vivienda. “Los plazos legales para tramitar ayudas públicas y sus requisitos son claros, por lo que de aceptar sus condiciones, nos haría incurrir en incumplimiento, obligándonos de facto a renunciar a unas ayudas a las que legalmente tenemos derecho”, señalan.
En su escrito, los cooperativistas señalan que la “pasividad del Ayuntamiento de Pamplona resulta inadmisible”. “No es posible que, siendo garante del interés público, permanezca impasible ante esta situación de abuso. Si no actúa con firmeza, se convierte en cómplice directo del desmantelamiento de un modelo de vivienda protegida que debería estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados”, dice el escrito.
Por este motivo, el grupo de cooperativistas solicita al Gobierno de Navarra y al ayuntamiento su mediación para “rescatar a las familias de esta promoción, víctimas angustiadas de una gestión abusiva” y para exigir “con firmeza” la presentación de un presupuesto 100% cerrado y sin sobrecostes. “Y para que, en suma, no seamos los adjudicatarios de vivienda protegida quienes tengamos que pagar los platos rotos”.
“Esto no sólo es injusto. Es una extralimitación para con muchas familias con necesidad de vivienda y escasos recursos para acceder a una, que hemos pasado en pocos meses de ver cómo nuestra mayor ilusión se ha convertido en una auténtica pesadilla”, añaden.