Los dos jóvenes que habían pedido una ronda de copas por valor de 35 euros en una discoteca de Pamplona no acertaban con el PIN de la tarjeta de crédito con la que querían pagar. El camarero se fijó y descubrió entonces que la tarjeta estaba a nombre de una mujer. Y recordó que, justo esa noche, una chica había alertado al personal de seguridad de la sala porque no encontraba su cartera. Así que el barman retuvo la tarjeta y a los jóvenes y fue en busca de la chica, descubriendo así que era la propietaria de la tarjeta. Avisaron a la Policía Municipal de Pamplona y el caso llegó al juzgado. Pero la instrucción se ha dilatado tanto en el tiempo (casi tres años) que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona ha tenido que archivarlo recientemente por haber prescrito el delito.

La escena se dio a las 4.15 horas del 26 de febrero de 2022. Cuando la patrulla policial llegó a la sala, esperaba el jefe de camareros, quien explicó a los agentes lo que había ocurrido en la barra y cómo el trabajador había retenido a los jóvenes y la tarjeta y había dado con la chica. La joven explicó a los policías que no sabía cómo había perdido la cartera (llevaba documentación, dinero en efectivo y la tarjeta), pero que durante ese tiempo ya le habían realizado un cargo de 14 euros en la discoteca.

Uno de los jóvenes retenidos, el que intentó pagar, declaró a los agentes que “una tercera persona” le había dado la tarjeta y el PIN, y que por eso había intentado pagar las consumiciones. No dijo quién era esa persona. A su lado estaba el otro joven.

La incidencia se llevó al juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona. Pero el tiempo fue transcurriendo y en enero de este año, casi tres años después de lo ocurrido, el abogado de los jóvenes, Iñaki Asiain, pidió el archivo. Argumentaba que en aquellas fechas el uso fraudulento de las tarjetas de crédito era una conducta que aún no se había agravado por ley, algo que ocurre en la actualidad. En 2022, exponía el letrado, lo único que se contemplaba era que si lo defraudado no superaba los 400 euros era un delito leve. Por tanto, tratándose de una tentativa de un delito leve de estafa, que prescriben al año, el caso de aquella ronda de 35 euros llevaba prescrito desde febrero de 2023. A principios de febrero, la magistrada del juzgado decretó del archivo.