Tribunales
Juzgada por instalarse en casa de su exmarido, llevarse documentos y extorsionarle en el valle de Egüés
Un jurado popular, constituido tras dos intentos fallidos, juzga a la mujer: el fiscal pide 2 años y 10 meses de prisión, la acusación particular 5 años y 8 meses y ella la absolución
Actualizado el 04/03/2025 a las 07:17
Seis mujeres y tres hombres juzgan en Pamplona a una mujer acusada de instalarse en casa de su exmarido cuando él estaba de vacaciones, robarle 40.000 euros y cierta documentación confidencial, y después extorsionarle para recuperarla. El juicio comenzó este lunes al tercer intento en la Sección Segunda de la Audiencia, después de haberse suspendido dos veces en los últimos cinco meses: la primera por la insólita incomparecencia de cuatro candidatos a jurado popular y la segunda por el cambio de abogado de la acusada.
La Fiscalía pide para la mujer 2 años y 10 meses de cárcel, la acusación particular 5 años y 8 meses y la defensa la absolución. La mujer declaró que se instaló en casa de su exmarido, en el valle de Egüés, porque se encontraba en una situación “complicada” y que se sentía legitimada para hacerlo porque él había incumplido un acuerdo. Negó las acusaciones de hurto y de extorsión.
El caso de esta semana lo juzgan los ciudadanos porque el delito de allanamiento de morada es uno de los que contempla la ley del jurado popular junto con el homicidio y asesinato, cohecho, incendio forestal... La mujer también está acusada de hurto y de extorsión. Según el relato de la Fiscalía, el 6 de septiembre de 2020, el hombre volvió de vacaciones a su vivienda y se encontró a su mujer, de la que se había divorciado seis años atrás, sentada en el sofá. Tras una orden del juzgado y la intervención de la policía, la mujer se marchó de la vivienda, cuyo uso había sido asignado a él en el acuerdo de separación.
Según añaden las acusaciones, la mujer se llevó 40.000 euros en efectivo que el denunciante tenía guardados en la vivienda, así como información confidencial de su trabajo. Después, agregan fiscal y acusación particular, la mujer le reclamó el pago de 400.000 euros, una pensión y la retirada de la denuncia por el allanamiento de morada, entre otras exigencias, a cambio de devolver esos documentos.
DICE QUE NO SE LLEVÓ NADA
La mujer relató este lunes en el juicio que en aquella temporada estaba pasando por una mala situación económica derivada de la pandemia. Reconoció que el uso de la vivienda correspondía a su marido según el convenio regulador, pero añadió que ella había seguido acudiendo a este domicilio para atender a los hijos de la pareja y que siempre había tenido llaves. Tras quedarse sin ingresos y no poder mantener su piso en alquiler, explicó, decidió instalarse en la vivienda de su exmarido.
Entendía que él había incumplido su compromiso de exonerarle de unas deudas, lo que le generaba problemas, por lo que el acuerdo de divorcio quedaba anulado y ella podía instalarse en la que aún consideraba su vivienda. Su intención, dijo, era solucionar todo a la vuelta de su exmarido. Se marchó de allí tras la orden del juzgado y negó haberse llevado documentación ni dinero en efectivo. Del mismo modo, negó la extorsión: “Si no tengo nada, ¿qué le voy a devolver?”. Así, responsabilizó a su abogada por aquel entonces de haber exigido dinero y otras compensaciones en un correo electrónico.
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