La cooperativa de viviendas de Maristas ha decidido darse un plazo para que la promotora, Grupo Arrasate, y el Gobierno de Navarra, se reúnan y pongan negro sobre blanco a todas las dudas legales y económicas que han surgido en los últimos días. Mientras tanto no se va a proceder a contratar ni las obras de derribo del interior del colegio ni la construcción de los pisos.

Una mayoría de 57 del centenar de cooperativistas (hay varios pisos sin adjudicar) han rechazado este jueves los dos presupuestos que se sometían a votación. Los responsables del Grupo Arrasate han explicado que van a gestionar una reunión con la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.

Grupo Arrasate ha ofrecido a los cooperativistas reducir las derramas a la mitad. Varios adjudicatarios han asumido con escepticismo la oferta. Por un lado, se sigue superando el precio del módulo y por otro se mantiene la incertidumbre sobre futuros sobre costes y quien los asumirá.

Las múltiples dudas legales y económicas que han surgido en los últimos días sobre esta promoción de VPO y VPT en régimen de cooperativa han pesado sobre la decisión de los adjudicatarios. Antes de la reunión, un grupo de adjudicatarios repartió un documento aconsejando votar “no a los presupuestos y a la derrama”. “Tanto la interposición de las cooperativas como hacernos participar en la votación son maniobras que el Grupo Arrasate está utilizando para delegar su responsabilidad de promotor en los cooperativistas”, argumenta este escrito. Añaden que aprobar el presupuesto y las aportaciones pueden tener “consecuencias en una futura probable demanda contra el Grupo Arrasate”, pues esta empresa alegará que los cooperativistas están de acuerdo.

Tras esta asamblea, los cooperativistas pretenden abrir un “periodo de reflexión" en el que el Grupo Arrasate asuma la "responsabilidad económica y moral de sus actos", señala el texto.

Los cooperativistas plantean varias opciones para no tener que asumir la derrama. La primera opción es una rebaja de la comisión de gestión que se va a llevar el Grupo Arrasate de las dos cooperativas, la viviendas libres y las protegidas. Según explicaron varios adjudicatarios, la promotora ya ha aceptado una rebaja de 600.000 euros, pero ven posible reducir la cifra.

También plantean que la cooperativa de viviendas libres, que es la propietaria de los garajes y trasteros en construcción, les abarate en un 35% los precios de venta. Otra alternativa es que la cooperativa de vivienda protegida participe del beneficio por la instalación de un supermercado de Mercadona en sus bajos comerciales. La cadena ya ha solicitado la licencia de obras.

El pasado martes, un grupo de adjudicatarios se reunió con la consejera y la directora general de Vivienda. Les advirtieron del riesgo de perder la subvención si en el momento de la entrega de las viviendas su coste de construcción supera el módulo máximo permitido. En tal caso, el Gobierno de Navarra no concedería la calificación definitiva de VPO y VPT. Se generaría una situación inédita en la Comunidad foral, donde no hay precedentes de una situación de este tipo.

Hay que recordar que esta es la primera promoción de vivienda protegida en régimen de cooperativa, donde los 108 adjudicatarios han tenido que constituirse en cooperativa. Esta es la primera queja que hacen al Grupo Arrasate, la promotora que ahora tiene un papel de gestora. “La promotora nos obligó a constituirnos en cooperativa como única opción para acceder a la vivienda protegida, sin alternativa real, y ahora, esa misma condición impuesta por la promotora es utilizada como excusa para trasladarnos la responsabilidad de los sobrecostes de la construcción”, denunció recientemente una plataforma de afectados.

Así, los adjudicatarios han firmado dos contratos con Grupo Arrasate, uno para la compraventa de vivienda y otro para la constitución de la cooperativa. Entre las cláusulas figura que el socio asume “su calidad de promotor, así como los deberes y responsabilidades inherentes a dicha condición”. “Como tal socio promotor, asume que el resultado final de la liquidación de la cooperativa, tanto si es negativo como positivo, será sufragado o cobrado entre los socios de la cooperativa”, añade el contrato.

Durante la asamblea, que ha sido especialmente bronca, se han sucedido las críticas a los responsables del Grupo Arrasate, a los que les acusan de “oscurantismo y maniobras extrañas”. En concreto, les han reprochado que al segregar el proyecto en dos cooperativas, han tenido un “favoritismo” por las viviendas libres con una “injusta asignación de recursos”. Al ser Grupo Arrasate gestora de las dos cooperativas, se ha creado un “claro conflicto de intereses”, expusieron.

Además, un grupo de adjudicatarios sostiene que la promotora ya sabía hace más de un año que el proyecto “no era viable y era necesario hacer derramas”. “Se nos ocultó y han dejado pasar el tiempo hasta que ya era inevitable”, señalan. Por contra, una vez comunicadas la semana pasada las derramas, que oscilan entre los 7.000 y los 22.000 euros, “les han entrado las prisas”, expuso una cooperativista. Con la última propuesta de la promotora, quedarían en torno a los 7.000 euros de media, según explicaron asistentes a la asamblea.

Así, en la asamblea se ha impuesto la tesis de que, después de más de un año de retrasos, merece la pena esperar uno o dos meses. Grupo Arrasate ya les ha advertido que es imposible encontrar una constructora que rebaje el presupuesto que este jueves se sometió a votación (16,4 millones) ni es posible “optimizar” más el proyecto para reducir costes. Siguieron defendiendo la legalidad de las aportaciones y su negativa a asumirlas. Así que la baza de los cooperativistas está en presionar y negociar a la par que analizan los subterfugios legales. Para ello esperan contar con el apoyo del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona.