Vivienda
Plantean construir miles de nuevas viviendas en Sarriguren: UPN y el Gobierno proponen vías distintas
La presidenta de la Comunidad foral ha anunciado que trabajan para poner en marcha el nuevo PSIS de Sarriguren a lo largo de la legislatura


Actualizado el 15/02/2025 a las 08:44
Como ya ocurriera hace 27 años cuando se anunció la construcción de una ecociudad con miles de Viviendas entorno a Sarriguren, en el Valle de Egüés, esta zona de la comarca transformada en el tercer municipio de Navarra en población se ha convertido en el espacio pensado para solucionar la falta de vivienda nueva y protegida en el entorno de la capital. Con cerca de 16.000 residentes y casi todo el suelo calificado hace más de dos décadas agotado, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento del Valle de Egüés planean nuevas iniciativas para casi duplicar las más de 5.700 viviendas actuales. Así lo dieron a conocer la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por un lado, y la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, junto a Cristina Ibarrola, la presidenta de su partido, UPN, por otro. Planes diferentes que en ambos casos pasan por el visto bueno del Ejecutivo para poder materializarse.
Se trata de iniciativas que, por otro lado, se centran en el mismo territorio. En ambos casos envuelven el barrio actual hacia el este (frente a Ardanaz) y hacia el sur (frente a Badostáin). En la zona marcada en lo planes territoriales como óptima para el desarrollo de la Ecociudad.


Cambian, sin embargo, el número de viviendas previstas (4.000 protegidas el Gobierno de Navarra, con diferentes regímenes, y 5.000 el Valle de Egüés, la mitad de VPO y de ellas un 30% para alquiler). También difieren los instrumentos urbanísticos y discrepan sobre los tiempos para tener disponible el terreno para urbanizar primero y para edificar después. Para 2027 en el nuevo PSIS anunciado por el Gobierno foral y para 2026 sí saliese adelante lo que anunciaba la alcaldía del Valle de Egüés y que trabajaba con su grupo, una modificación estructurante. Sin embargo, desde Ordenación del Territorio descartan que sea el instrumento válido para una iniciativa similar por el número de viviendas previsto y por la calificación actual. Apuestan porque la fórmula adecuada para poder llevarse a cabo sería una revisión del plan municipal. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, dejó claro, además, que la vía era el PSIS en el que trabaja su departamento junto a la dirección general de Vivienda y Nasuvinsa y no la iniciativa que anunció en rueda de prensa la alcaldesa del Valle de Egüés. “El Gobierno no puede imponer a un ayuntamiento pequeño un desarrollo urbanístico, y del mismo modo un ayuntamiento no puede prever un gran desarrollo que excede de las previsiones del plan”, indicaba para responder al desconcierto surgido ante la duplicidad de planes y sus diferentes vías de ejecución.
TERRENO PRIVADO
Pese a que las dos propuestas para dar alternativa de vivienda se centran, como hace 27 años, en Sarriguren, la diferencia estriba en que ahora no se propone usar un suelo público. Las 50 hectáreas de las que habló este viernes María Chivite y el más de un millón de m2 (100 hectáreas) que baraja Xuriñe Peñas están en manos privadas por ahora. De promotores en algún caso y de propietarios originales, Y el terreno en su mayor parte sigue destinado a cultivo, según diferentes fuentes del sector de la promoción y la construcción.


La Ecociudad se promovió en unos terrenos que en 1992 habían sido adquiridos por el entonces Gobierno de Navarra y que se pusieron a disposición de constructores y promotoras a través de nuevos procedimientos. Ahora, según adelantaba en unas jornadas sobre Vivienda de Comisiones Obreras la presidenta Chivite y después explicaban desde el gabinete del consejero de Cohesión Territorial después, en el caso del Ejecutivo se plantea que a través del PSIS se creen las bases para expropiar esos terrenos y poder lograr su objetivo de una iniciativa “cien por cien pública”.
PLAZOS Y ACCESOS
También desde el sector de la construcción y promoción pusieron en duda los plazos dados para disponer del suelo para vivienda en un plan en suelo privado. Por otro lado, el Ejecutivo adelantó, pero sin dar detalles, que en su plan se incluyen también mejoras en las infraestructuras de movilidad.
CLAVES
1 Planes Especiales de Incidencia Supramunicipal. Es la fórmula planteada por el Gobierno de Navarra para ampliar Sarriguren. Tienen por objeto actuaciones residenciales, de actividad económica o el desarrollo de planes y políticas públicas, cuya incidencia y efectos trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales características, del municipio o municipios sobre los que se asienten. Deben justificar las circunstancias que motiven la declaración y explicar el objeto y clasificar el suelo. Los promueve el Gobierno foral.
2 Revisión y modificación de planes generales. El instrumento que propone el gobierno local del Valle de Egüés. Incluyen nuevos criterios sobre la estructura general u orgánica del territorio y puede conllevar cambios en la clasificación o calificación de suelos. El procedimiento es similar a la tramitación y aprobación, pero si modifica la ordenación estructurante de planes generales o planes de sectorización no requiere una estrategia de modelo de ordenación del territorio que sí tienen que tener los planes nuevos, el departamento competente en la materia debe recabar informes sectoriales afectados pro la modificación, le periodo de información pública es de un mes y la aprobación definitiva por el consejero se producirá en el plazo de dos meses.
Un PSIS para unas 4.000 viviendas, disponer de terrenos y mejorar accesos
El plan del Gobierno foral para ofertar suelo para vivienda en Sarriguren pasa por aprobar en los dos años que restan de legislatura un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para disponer de terreno (50 hectáreas aproximadamente) para construir 4.000 viviendas de diferente tipología de protección. En el mismo instrumento se incluirían las bases para expropiar el terreno, al sur y este del barrio actual, y un plan de movilidad y mejora de las infraestructuras en la zona, según apuntaron, sin más detalles, el Ejecutivo foral y el gabinete de Cohesión Territorial, el departamento con competencias en urbanismo y en Obras Públicas.
El anuncio de la presidenta, hecho a las puertas de su intervención en unas jornadas sobre vivienda y completadas después ante los asistentes, incluye una actuación residencial “100% pública, que podría ocupar unas 50 hectáreas, capaz para unas 4.000 viviendas sujetas a varios regímenes de protección, incluso las nuevas modalidades que está configurando la Dirección General de Vivienda”. La ampliación, señaló, es la contemplada en estudios previos de la actual zona residencial y es compatible con las previsiones del Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Pamplona.
Una modificación que propiciaría en 16 meses suelo para 5.000 viviendas
Una modificación estructurante para la zona sur y este de Sarriguren, marcadas en los planes de ordenación del territorio y en el borrador de la EMOT del nuevo plan municipal del Valle de Egüés, como propicias para el desarrollo residencial, es la vía que anunció ayer UPN, en la alcaldía pero sin mayoría en el pleno del Valle de Egüés, para promover hasta 5.000 viviendas en Sarriguren. Se trataría de duplicar el terreno actual de la Ecociudad, con casi 1,2 millones de metros cuadrados frente a los 1,3 que se recalifciaron en el PSIS iniciado en 1998. Y de construir allí la mitad de las viviendas de protección oficial y de destinar un 30% de ellas al alquiler. La propuesta, junto a iniciativas legislativas de UPN en materia de vivienda, fue planteada por la alcaldesa regionalista, Xuriñe Peñas, y por la presidenta del partido, Cristina Ibarrola. Las dos molestas por el plan adelantado minutos antes por la presidenta del Gobierno foral.
Según resaltó Peñas, la fórmula buscaba adelantar los plazos (16 meses explicó) frente a la redacción del nuevo plan municipal en la que trabaja el Ayuntamiento (60 meses). Se mostró confiada en que la iniciativa fuera respaldada por el Gobierno, que en última instancia, y si tuviera apoyo municipal, debería aprobarla.
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