Con los presupuestos en la mano, la promotora de las 108 viviendas protegidas del antiguo colegio de Maristas de Pamplona ve necesario que sus propietarios hagan una aportación añadida, que oscila entre los 7.000 y los 22.000 euros, con una media de 14.700 euros. Así se lo ha comunicado de forma personal a los adjudicatarios-cooperativistas, que el día 20, en asamblea general, votarán si lo aceptan o lo rechazan.

Por primera vez, un grupo de cooperativistas se ha unido para denunciar públicamente la situación de incertidumbre que viven. En un comunicado desvelan que los sobrecostes de unas obras que todavía no han comenzado “en el mejor de los casos ascienden a más de un millón y medio de euros”. “Estamos en una posición de total indefensión, obligándonos a soportar una carga económica que no nos corresponde y que vulnera nuestros derechos como adjudicatarios de vivienda protegida”, señalan en una nota.

Según el testimonio de varios propietarios, la promotora Grupo Arrasate les ha informado de la cantidad extra que tendrían que aportar si se acepta el presupuesto más económico de los tres que han recibido de otras tantas constructoras. Supondría un encarecimiento del 8% sobre el precio de venta anunciado en 2023 y se superaría el módulo (coste máximo) fijado en la calificación provisional otorgada por el Gobierno de Navarra a estas 77 VPO y 31 viviendas de precio tasado de la promoción Maristas II S. Coop.

Los propietarios advierten que la ley foral “establece con claridad que el acceso a una vivienda de protección oficial debe realizarse en condiciones de equidad y sin que los compradores sean objeto de prácticas abusivas”. “En este sentido, el traslado de sobrecostes a los futuros propietarios es ilegal, y exigimos que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente”, apuntan en su nota.

El jueves 20 de febrero los cooperativistas están convocados a una asamblea general, donde tendrán que tomar una decisión trascendental, si aceptan el presupuesto. Si al menos el 50% dice sí, las obras comenzarán en marzo, pero los propietarios tendrán que asumir los sobrecostes, previstos e imprevistos, que se generen. Si no están de acuerdo, siempre tienen la opción de renunciar a la vivienda. La promotora se ha comprometido a reembolsarles las cantidades ya aportadas sin penalización económica. Tres días antes de la asamblea, la promotora ha convocado una reunión informativa para exponer las cuentas y responder dudas.

El grupo de adjudicatarios que de forma anónima ha decidido hacer público su malestar se sienten rehenes de una decisión que se han visto forzados a tomar, ser cooperativistas y, por tanto, responsables de la promoción. “Como adjudicatarios, somos, sobre el papel, los promotores de este proyecto. Sin embargo, en la práctica, nos encontramos atados de pies y manos por una gestora que no solo nos impide maniobrar, sino que tampoco nos facilita la información necesaria para la toma de decisiones. En lugar de actuar con la transparencia y diligencia que cabría esperar en un proceso de estas características, juegan con nuestra necesidad de vivienda y con los márgenes de tiempo, forzándonos a asumir sobrecostes injustificados sin margen de negociación ni explicación clara”, señala el comunicado.

Por ello, han exigido al Gobierno de Navarra que “garantice el cumplimiento de la ley foral y proteja a los futuros propietarios de VPO y VPT de prácticas ilegales, impidiendo que la promotora delegada nos imponga sobrecostes ajenos a nuestra responsabilidad”. Los propietarios han señalado que, “en caso de que no se adopten medidas urgentes, nos reservamos el derecho a emprender acciones legales y administrativas para la defensa de nuestros derechos y la protección de nuestra inversión”.