El Gobierno de Navarra no está dispuesto bajo ningún concepto a salir al rescate de la promoción de 108 viviendas protegidas de Maristas. Por ello, ha instado a la promotora, Grupo Arrasate, a iniciar las obras y asumir las eventuales sobrecostes que puedan darse y compensarlos con los presumibles beneficios de la promoción de 58 viviendas de lujo que se construyen en la misma parcela, en el patio del antiguo colegio. “No vamos a permitir que lo privado recolecte los beneficios y la administración asuma las pérdidas”, ha proclamado la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin) en una comparecencia en el Parlamento de Navarra. Una postura que fue respaldada por sus socios, Geroa Bai y PSN, y por EH Bildu.

Sin embargo, UPN ha advertido que existe un obstáculo importante y es que se ha permitido a la promotora constituir dos cooperativas, una para las viviendas libres y otra para las protegidas. “De esta forma es imposible destinar las plusvalías de unos a compensar las pérdidas de los otros”, afirmó el parlamentario José Luis Sánchez de Muniáin.

La comisión de vivienda del Parlamento ha celebrado este miércoles una sesión dedicada a la situación de incertidumbre que viven los 108 adjudicatarios de la promoción de VPO y VPT, que han visto cómo se iba retrasando el inicio de las obras y desconocen cuánto les van a costar. Cabe recordar que se trata de la primera promoción de vivienda protegida en Pamplona en régimen de cooperativa.

En su comparecencia, Alfaro ha rechazado las acusaciones de UPN de “negligencia por no vigilar ni requerir”. Prueba de ello, la consejera relató la docena de ocasiones en que el departamento de Vivienda ha contactado -por email y en reuniones- con la promotora desde abril de 2024 para preguntar por los presupuestos a las constructoras y el inicio de las obras. La última de estas comunicaciones fue el 20 de enero, en que Arrasate asegura que los trabajos comenzarán en marzo.

“Voy a ser muy clara. Confío en que las obras se inicien de forma inmediata, tal como nos han comunicado”, ha afirmado la consejera, que ha dejado entrever que la promotora ha jugado a dilatar el proceso. Prueba de ello son las dos ocasiones, en 2021 y 2022, en que Arrasate presentó a Vivienda la solicitud de calificación provisional de vivienda protegida y antes de recibir su aprobación solicitó el desistimiento. “Están ejecutando las viviendas libres, las que les dan un mayor beneficio en una ubicación muy jugosa, pero siguen retrasando las protegidas. Que a nadie se le ocurra plantea que una vez hechas las libres, el Gobierno va a salir al rescate de las protegidas, ni directamente ni a través de Nasuvinsa. Si alguien está pensando en atajos o que lo público se haga cargo, está equivocado”, ha advertido Alfaro.

La consejera ha insistido en que Grupo Arrasate, cuando adquirió el solar, sabía que tenía que equilibrar ganancias y pérdidas de la promoción libre y la protegida. “Y también sabía de las peculiaridades de la promoción y lo que supone rehabilitar un colegio que además está catalogado”, ha añadido Alfaro.

EH Bildu, Geroa Bai y PSN han dado por buenas las explicaciones de la consejera y aplaudieron su labor de “vigilancia”. Coincidieron en la necesidad de mantener una posición de firmeza frente a la promotora y exigirle “garantías” de que va a realizar las obras.

Por contra, UPN, PP y Vox han considerado que la responsable de Vivienda no ha ofrecido ninguna solución para los afectados, que están en la "más absoluta incertidumbre". El más crítico ha sido Sánchez de Muniáin, que acusó al Gobierno foral de tratar de forma favorable a esta promotora. “Se beneficiaron de una aumento de módulo mediante proposición de ley y permitieron que constituyera dos cooperativas, una para los compradores de mayor poder adquisitivo y otra para los vulnerables. Y en este tiempo no se ha aplicado ningún mecanismo coercitivo”, sostuvo el portavoz regionalista.

Las próximas semanas se presentan claves para los 108 adjudicatarios de las viviendas de protección oficial del antiguo colegio de Maristas. El jueves 20 de febrero están convocados a una asamblea general en la que se someterá a votación el presupuesto recabado por la promotora Grupo Arrasate para la rehabilitación del edificio diseñado por Víctor Eusa.

La promotora tiene en su poder los presupuestos de dos constructoras. Uno de ellos es de Obras Especiales, la constructora que está levantando las 58 viviendas libres. Según el parlamentario José Luis Sánchez de Muniáin (UPN), ambos presupuestos superan los 16 millones. “Haciendo una simple operación, el coste por vivienda más el coste del suelo ya supera el precio máximo del módulo de VPO y VPT”, añadió Sánchez de Muniáin, que preguntó a la consejera de Vivienda si había reparado en ello y si han pedido explicaciones a la promotora. “A los cooperativistas no se les puede exigir ni un euro más. Si no, estaríamos ante una estafa”, advirtió el portavoz de UPN, que recordó que este es un problema del Gobierno “porque los adjudicatarios no eligieron ser cooperativistas, se lo exigió la promotora”. El portavoz del PP, Javier García, aseguró que en las diferentes asambleas celebradas la promotora ha expuesto que “igual tienen que hacer frente a una derrama”.

La consejera de Vivienda optó por esperar a marzo y ver si Arrasate cumple su promesa de iniciar las obras y si estas transcurren “con normalidad”. “La exigencia de garantías se tiene que producir en el momento de la entrega de la licencia de primera ocupación. Esto es una competencia municipal pero estamos en sintonía y coordinación. Vamos a esperar porque ahora ni nos compete ni podemos plantear qué tipo de garantías exigir”, concluyó Begoña Alfaro.