Hay errores que cuestan caros. Unos más que otros desde luego. En el caso que nos ocupa, la pérdida supuso quedarse, entre otros, sin tres relojes, dos móviles, un cúter, unos guantes y un colgante. Una batería de posesiones que, más allá de su valor económico, también tenían el sentimental. 

Todo comienza con el registro de un vehículo por parte de Policía Municipal de Pamplona. Durante el proceso, los agentes determinan que estos objetos no pueden quedarse con su propietario. De ahí su incautación.  (El afectado alega en todo momento que el cúter lo lleva para cortar el cinturón de seguridad en caso de accidente). 

Es poco después cuando el afectado reclama la devolución de sus pertenencias.  Consultados los expedientes, se constata que dicha solicitud existe. De hecho es Secretaría de Jefatura quien demanda al Grupo de Investigación información acerca de los objetos reclamados, aunque sin obtener contestación.

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Días después se vuelven a reclamar los objetos pero, en esta ocasión, Policía Municipal sí responde. Y lo hace dando constancia de que los enseres que reclama el afectado se destruyeron poco después de la primera instancia. "No habíamos tenido conocimiento de la petición", reza el informe. 

Admitiendo el error, tanto en la recepción como en la gestión de la comunicación por parte del Grupo de Investigación, es el Defensor del Pueblo quien toma cartas en el asunto. Y lo hace recordando que la responsabilidad de las administraciones públicas, como lo es el Ayuntamiento de Pamplona, pasa por indemnizar a quienes hayan sufrido un daño consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

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Con el contexto sobre la mesa, la institución que dirige Patxi Vera "ve pertinente" que se analice la reclamación del autor de la queja, por lo que recomienda al Ayuntamiento de Pamplona que incoe y tramite, de oficio, un procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

Y tal y como exige la ley, recordar al consistorio que dispone de un plazo máximo de dos meses para responder si acepta la resolución y, en caso afirmativo, de las medidas adoptadas para su cumplimiento.