Propuesta de la MCP para subir un 2,5% el agua y un 4% los residuos
El precio para 2025 se fijará en la asamblea de la Mancomunidad, que marca un precio mínimo de 97,5 euros por vivienda y rebaja el porcentaje de subida
Publicado el 02/10/2024 a las 05:00
La factura cuatrimestral que gira la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por los servicios de agua y residuos sufrirá en 2025 una subida del 2,5% en el primer caso y del 4% en el segundo. Ese es el planteamiento trasladado este martes desde la presidencia y la gerencia a los grupos políticos con representación en la asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Este órgano tendrá la última palabra al respecto. Con la medida propuesta, se aplicaría una subida algo inferior en porcentaje a la aprobada para este 2024, del 5%. En el caso de las villavesas, otro de los servicios que gestiona el ente comarcal, se trabaja con la idea de adecuar los precios al IPC (en el 2,3% en agosto), al tiempo que se espera la decisión del ministerio sobre la continuidad o no de bonificaciones a usuarios. También será la asamblea, formada por los 27 concejales de Pamplona y 27 de otros municipios y áreas de la comarca, la que establezca esas cifras.
Para 2025, y al calcular los ingresos, la Mancomunidad establece un importe mínimo por vivienda de 97,5 euros. Será un año de menos incorporaciones de vivienda, frente a la previsión de incremento para 2026.
El precio final del agua se fija según el consumo doméstico y de riego, la cuota de abastecimiento y saneamiento y el canon de saneamiento. En el caso de los residuos se estipula una cuota fija anual y una variable. Y cada año se actualizan las cuotas de acuerdo al porcentaje decidido por la asamblea para las ordenanzas de residuos y del ciclo integral del agua.
El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el alcalde del Valle de Ollo y edil independiente, David Campión, calificada de “sostenida” la subida que se barajaba para el próximo año. Hablaba de un año de fuertes inversiones ligadas a planes europeos, como el PERTE de la digitalización del agua (cambios en los contadores y mayor control de consumos y pérdidas de agua) y el de los planes de turismo, que implican aportaciones de la propia entidad.
Pendientes de la tasa “justa”
Sigue pendiente el nuevo modelo que prime lo que han dado en llamar la tasa “justa”, supeditada a la aplicación de los sistemas de recogida y al uso de los datos de las tarjetas, ahora clausurados tras una resolución de la agencia de protección.
CLAVES
1 Subida del 4% en residuos y del 2,5% en agua. La factura es conjunta y se gira en tres veces al año, cada cuatrimestre, para pagar el consumo de agua, el canon de saneamiento y las cuotas de abastecimiento y saneamiento y las cuotas por los residuos. Se prevé un incremento del 2,5% en las tasas del ciclo integral del agua y del 4% en la de residuos.
2 IPC para el transporte urbano comarcal. La propuesta que se baraja desde la presidencia es un incremento similar al IPC interanual (en agosto estaba en el 2,3%). Supondría subidas en el precio de los billetes sencillos y los de San Fermín, así como en abonos temporales y en viajes pagados con tarjeta monedero. En los bonos y tarjetas se está a la espera de si se mantienen o se retiran las bonificaciones del 50% que se aplican desde 2023. A final de 2022 fueron del 30%.
3 Presupuesto de 107 millones. Supone un incremento del 4,06% respecto al de 2024 y destina 34,7 millones a personal.
Centro de residuos, parque fluvial y contadores en las inversiones
Ligado en el tiempo a las tasas por el agua y las basuras, la Mancomunidad trabaja también en el presupuesto para 2025. Un cuadro de ingresos y gastos que para el próximo año podría ascender a 107.647.571,98 euros, un 4,06% más que los 103.444.026,12 euros de este 2024. La cifra engloba gastos como los 30 millones para compras o los 34,7 para personal, la partida más amplia. Y entre las compras figuran las inversiones, como el centro de tratamiento de residuos que se construye desde el año pasado en el Valle de Elorz y que empezará a funcionar a pleno rendimiento en 2026 si no hay más imprevistos; la ampliación del parque fluvial; el inicio de la clausura del vertedero de Góngora; la ampliación del parque fluvial hacia el Valle de Elorz o la conexión de Ibero y Etxauri o las mejoras en la digitalización de contadores de agua.
Parte de las inversiones cuentan con subvenciones procedentes de fondos europeos Next Generation que fijan su finalización para 2026. “Son aportaciones importantes en temas como el turismo y los PERTE para la digitalización del agua, lo que obligan a un desembolso fuerte de la Mancomunidad para asumir su parte de estas actuaciones y a su vez hay una fluctuación y evolución en los tipos de interés que influyen en los presupuestos”, desvelaba el presidente de la Mancomunidad, David Campión, tras presentar el trazo grueso de los números de 2025 a portavoces y miembros de la comisión permanente y el consejo de SCPSA.
También recibirá ayudas europeas la planta de tratamiento de residuos, una de las principales inversiones en Navarra. “Rozará los 100 millones de euros entre la obra, la compra de terreno,...”, apuntaba Campión. El detalle son 97,8 millones, de los que 83,3 aporta SCPSA y 11 el Gobierno de Navarra a través de fondos europeos para tratamiento de residuos (está pendiente la firma de un convenio con Medio Ambiente) y 2,2 el ministerio y 1,1 el Gobierno de Navarra con fondos del plan de inversiones.
IPC para el bus, pendiente de los descuentos
Poco se adelantó ayer sobre el precio de las villavesas para 2025, más allá de la comunicación de que se baraja una subida similar al índice de precios al consumo (IPC), que en agosto se situaba en el 2,3%. Como en los dos años anteriores, se está pendiente de que el ministerio de Transportes y Movilidad sostenible acuerde seguir o no con las bonificaciones. En 2024, como en 2023, ascienden al 50% en los viajes pagados con tarjeta monedero y con abonos temporales. El 30% de descuento financiado por el ministerio y el 20% por la Mancomunidad. El ministro Óscar Puente ligaba estas ayudas a administraciones con políticas de movilidad sostenible.
