Pasar de un barrio repartido en cuatro municipios a depender de uno o, en su defecto, de dos. De pertenecer a Burlada, Pamplona, Valle de Egüés y Huarte a ser parte de Pamplona únicamente o solamente de Burlada. O de los dos, tras asumir Burlada lo que hoy es Valle de Egüés o Huarte y mantener Pamplona su porcentaje. La Cámara de Comptos aboga en el informe provisional sobre la situación de Erripagaña por reducir la fragmentación administrativa y sugiere las dos variables para una gestión “más lógica y racional” de los recursos públicos. Así figura en el informe provisional que ya obra en poder de los cuatro Consistorios y que ahora analizan para poder presentar alegaciones. Pide también sopesar las consecuencias económico financieras de las alternativas. Los cuatro ayuntamientos se comprometieron hace más de un año a hacer un análisis económico y financiero y en mayo anunciaron para 2025 una consulta a la ciudadanía de Erripagaña sobre el futuro de un barrio que se impulsó hace 20 años y que reclama soluciones.

El trabajo de Comptos responde a una petición del Parlamento de Navarra de marzo de 2023. A instancias de Geroa Bai llegó la solicitud de la Asociación de Vecinos de Erripagaña para realizar un informe de fiscalización sobre la situación del barrio. Partían los vecinos de que la división administrativa genera problemas como la calidad de los servicios públicos y repercute en la falta de dotaciones.

El órgano fiscalizador se suma a una tesis cada vez más extendida sobre la racionalización. “Esta Cámara considera que debe reducirse la fragmentación administrativa actual y que las alternativas de redistribución poblacional y territorial que supondrían una gestión de los recursos públicos más lógica y racional serían que Erripagaña perteneciera a un solo municipio (Pamplona o Burlada) o, en su defecto, a dos (Pamplona se quedaría con su parte y Burlada asumiría la de Valle de Egüés y Huarte).

VISIBILIDAD EN PELIGRO

El informe pone números a un paso u otro. En el caso de que fuera Pamplona la que absorbiera el barrio al completo los ingresos corrientes de Burlada disminuirían en 2,55 millones y afectaría a la viabilidad económico-financiera del ayuntamiento. Si Burlada se quedara con todo Erripagaña, sus ingresos aumentarían en 3,51 millones, mientras que Pamplona sería el ayuntamiento cuyos ingresos bajarían más: 1,96 millones. Con n un barrio a dos, sería el Valle de Egüés el más perjudicado, con una reducción en sus ingresos de 0,79 millones.

El informe repasa el histórico desde que en 2004 se aprobó el PSIS para impulsar la zona residencial entre Burlada, Pamplona, Valle de Egüés y Huarte. Analiza también las inversiones llevadas a cabo, los ingresos de cada municipio y los pasos para llevar a cabo algunas de las dotaciones que han reclamado desde el vecindario. Pero también detalla que en el caso de Pamplona no se han aportado datos sobre inversiones específicas en Erripagaña (4,8 hizo Burlada y 514.926 Valle de Egüés) y tampoco sobre algunos de los ingresos recibidos en el desarrollo de la urbanización. Pamplona que, según han dicho desde el Consistorio, lleva a cabo una análisis económico financiero. Una ciudad que, según su alcalde, Joseba Asiron (EH Bildu), estaría dispuesta a asumir la totalidad del barrio. Así lo afirmó cuando convocó a los demás alcaldes para abordar la consulta.

CONEXIONES Y SERVICIOS

Junto a la recomendación sobre la reducción de la fragmentación administrativa, Comptos aboga también por seguir gestionando conjuntamente los servicios de seguridad ciudadana, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes tal y como se acordó en mayo. Y pone más tareas. En este caso al Gobierno de Navarra. Van desde la adecuación de la accesibilidad de Erripagaña al colegio público de Mendillorri; a adoptar las decisiones sobre ubicación de infraestructuras de manera global y estratégica abarcando distintos núcleos de población con el fin de invertir los recursos públicos de una manera eficiente o liderar y coordinar por parte del Gobierno de Navarra el desarrollo urbanístico de los PSIS ejecutando las dotaciones previstas en los mismos con una diligencia razonable. Y contemplando, en su caso, la incidencia administrativa del territorio afectado considerando su adscripción a municipios concretos.