No habían pasado ni cinco minutos del visto bueno inicial del pleno de Pamplona a la subida del valor catastral cuando desde el Ayuntamiento se emitía un comunicado para anunciar que amortiguará el impacto entre la ciudadanía del fuerte incremento en la contribución urbana. Un 90% de media porque hacía 25 años que no se había actualizado este valor que se calcula con el precio del suelo y de las construcciones. Y lo hacía la nota de prensa recordando la promesa realizada momentos antes desde el tripartito (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin) de que el equipo de gobierno rebajara al mínimo legal el tipo de gravamen que se aplica a la contribución.

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Entre el 0,25% y el 0,50% de esa horquilla que estipula la ley, Pamplona tiene el 0,3997%. En octubre, en el pleno para aprobar las ordenanzas fiscales y precios públicos de la capital en 2025, si el tripartito cumple su palabra de ayer, propondrá el 0,25%, lo que supone un 38% menos del tipo de gravamen. ¿Cómo calcular cuánto pagará usted por la contribución? La operación es sencilla: sume a su factura actual el porcentaje de subida de su zona. Y al resultado, reste ese 38%.

Un ejemplo: si una persona propietaria paga en la actualidad 170 euros de contribución anual por un piso cuyo valor catastral sube un 120%, si se mantiene el tipo actual esa persona pagaría lo mismo que está pagando ahora más un 120% (en este ejemplo, 374 euros). Sin embargo, si se rebaja el gravamen al 0,25% (es decir casi un 40% menos respecto a lo que se cobraba hasta ahora) esa subida final, pese al incremento del valor catastral, se lamina hasta el 38% (es decir, 234,6 euros).

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Eso supone que, en ese 90% de media de subida del valor catastral, el incremento final del impuesto supondrá un media del 19,3%. Pero nos encontramos con casos como el del Casco Antiguo donde el nuevo catastro se revaloriza en un 147%; y eso obligará a que sus vecinos afronten un pago de más del 55%. La previsión, reconoce en su nota el Ayuntamiento, es que la contribución suba en todos los barrios por el requerimiento legal “de actualizar la ponencia, pero no a los niveles que lo haría si se mantuviera el actual gravamen”.

CRÍTICAS DE UPN Y PP

Un argumento, junto al de la responsabilidad del gobierno para actualizar el catastro y así su nivel de ingresos (hecho por la edil responsable de Hacienda, Garbiñe Bueno, de EH Bildu), que no convenció ni a UPN ni a PP. Pero el tripartito no los necesitaba: ya tenía el apoyo del PSN que le daba mayoría para sacar la propuesta adelante. Aunque desde las filas regionalistas, María Echávarri anunció que se abstendrían para facilitar la tramitación del expediente. Porque, añadió la concejala, era un documento puramente técnico. Otra cosa, anunció, será el debate político en octubre sobre su aplicación en 2025. El PP, dijo su portavoz Carlos García Adanero, votó en contra porque no tenía asegurada esa cuenta final de lo que deberán pagar los ciudadanos.

Comenzó su intervención Bueno indicando que la culpa de este desfase era de “los gobiernos de derechas”. Según la edil, incumpliendo la ley que obliga a actualizar el catastro cada cinco años lo que, añadió, había privado a Pamplona de 30 millones de ingresos e impedido aplicar beneficios como la mencionada rebaja del tipo de gravamen o bonificar hasta el 90% el impuesto a las rentas más bajas.

Palabras que respaldaron sus socios de gobierno y el PSN. La socialista Marina Curiel, Mikel Armendáriz (Geroa Bai) y Txema Mauleón (Contigo Zurekin) hablaron de prevaricación. Según expusieron, la sociedad pública Tracasa entregó el documento en 2021. “El técnico dijo que se dejó en un cajón sin saber por qué”, afirmó Curiel. Armendáriz sí aventuró el motivo: razones electorales. Y Mauleón desveló que se había acordado aprobar todos la actualización y, a cambio, cuando eran oposición antes de la moción de censura de diciembre, les apoyaron la subida del 2% de las tasas.

Echávarri replicó que el afán de EH Bildu era el recaudatorio. “Y mejor está el dinero en el bolsillo de los ciudadanos que en el bolsillo de Asiron”. Citó los incrementos en el IAE, las plusvalías, el Servicio de Atención Domiciliaria o las tasas de terrazas.

La regionalista dijo que se trabaja en la ponencia desde 2019. “Si no de qué la han podido aprobar en seis meses, es imposible”. De hecho, afirmó, había un cronograma que se estaba cumpliendo como exponerles a los grupos el documento. “Fue el 12 de diciembre, pero ustedes estaban a otras cosas porque el 13 tramitaron la moción de censura”.