La Mancomunidad ha comprobado “una notable reducción del bolseo en la Comarca desde la puesta en marcha el pasado 6 de mayo del sistema de patrullaje conjunto con el Ayuntamiento de Pamplona, para el control y sanción de los incumplimientos de la ordenanza de residuos”. En cuatro semanas se han registrado 22 denuncias “que se materializarán en sanciones”.

El bolseo se ha reducido de media un 30%, concluye la Mancomunidad y ha bajado en todos los barrios y zonas, con excepción de Azpilagaña, Milagrosa, Sadar y Mutilva.

Los mayores descensos se han registrado en Erripagaña, donde ha pasado de 116 a 46 bolsas/día por 1.000 habitantes, lo que supone una reducción del 59,9%; en la Rochapea, de 31 a 18 bolsas/día por 1.000 habitantes (reducción del 40%); en la Txantrea de 30 a 13 (descenso del 38,6%) y en San Jorge de 22 a 14 (reducción del 38,1%).

Destacan otras zonas como Ermitagaña/Mendebaldea (31,8%), Buztintxuri (31,3%), Mendillorri (29,7%), Barañáin (26,8%), Ensanche / Beloso (24,8%) e Iturrama (22%). Otros barrios donde se ha reducido el bolseo son Echavacoiz (21,8%), Lezkairu (20,2%), Sarriguren (9,6%), Nuevo Artica (4,5%) y San Juan (2,6%).

El pasado 6 de mayo la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Pamplona pusieron en marcha el sistema de patrullaje conjunto que tiene capacidad tanto inspectora como sancionadora y cuyas medidas punitivas se iban a realizar en dos tiempos. En un primer momento, sólo serán sancionados aquellos locales que, habiendo sido advertidos previamente, reincidan en los incumplimientos. El resto serán advertidos. Posteriormente ya se sancionarán sin excepción los incumplimientos de la normativa. Las sanciones afectan tanto a locales como a personas particulares.

El acuerdo con los ayuntamientos de la Comarca para coordinar la actuación de inspectores y policías locales se firmó en 2021. En él se calificaba expresamente el abandono de bolsas de residuos (bolseo), voluminosos y otro tipo de residuos como un “problema de incivismo que afecta directamente a la gestión de residuos” y a la “salubridad” de los barrios, y son “prácticas perseguibles y sancionables”.

Según aquel acuerdo, los ayuntamientos, a través de la Policía Municipal, debían controlar y denunciar, incumplimientos como depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida distintos a los identificados para cada fracción.