Diario de Navarra

Un juzgado ha condenado a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., la empresa pública que gestiona la Mancomunidad, a pagar 298.000 euros a la mujer e hija de un fontanero que murió a los 50 años como consecuencia del amianto al que estuvo expuesto durante su trabajo. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 1, que es recurrible, argumenta que el desarrollo de su enfermedad profesional fue causado por los incumplimientos por parte de la empresa en materia de seguridad. El fallecido trabajó para la Mancomunidad durante un total de 8.346 días repartidos en siete periodos distintos entre 1990 y 2017. En febrero de 2016, con 49 años, se le diagnosticó un carcinoma pulmonar del cual murió en agosto de 2018. La sentencia destaca el informe clínico del Instituto Navarro de Salud Pública de 2017, que recoge que el trabajador había estado expuesto al amianto “al realizar tareas propias de supuesto y sin protección personal, al menos hasta 2010”, y que la enfermedad que sufría era “compatible con dicha exposición y reunía criterio de causalidad”. Entre sus labores, el fallecido se encargaba de realizar cortes en tuberías (para reparar fugas o modificar trazados), y según un informe de la empresa el 6% de las tuberías de la red de abastecimiento de aguas de la comarca de Pamplona es de fibrocemento, material que contiene amianto y que se libera al corte. La empresa no cuestionaba que la patología del trabajador fuera una enfermedad profesional derivada de la exposición al amianto, pero alegaba que esa exposición no se produjo en su empresa, sino, en su caso, en otras firmas o ámbitos de su vida. La magistrada rebate esta postura, destacando que el informe del Instituto Navarro de Salud Pública relacionó la enfermedad del fallecido con su actividad concreta para la Mancomunidad. Al respecto, la sentencia reseña que fue la propia empresa la que incluyó al trabajador en el registro de trabajadores profesionales expuestos al amianto a partir de 2010. LAS MEDIDAS, ANTES Sobre las medidas preventivas que llevó a cabo la demandada, la resolución destaca que no se inscribió en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) hasta 1989, por requerimiento del Gobierno de Navarra, lo que supone “un incumplimiento”, ya que la obligación estaba vigente desde 1984. De la misma forma, las primeras medidas de protección que detalla la Mancomunidad (corte húmedo de tuberías, protección respiratoria, formación del personal y vigilancia de la salud) se implantaron en 1994, “cuando tenían que haber sido implantadas años antes”, dice la jueza. Sí que se desarrollaron medidas en 2005 y 2009, pero el fallo resalta que no consta que antes se realizara una evaluación de riesgos por exposición al amianto, ni un estudio específico, no está acreditado que diera formación a los trabajadores, que les entregara mascarillas homologadas ni ropa de trabajo apropiada... En consecuencia, la resolución establece una relación de causalidad entre estos incumplimientos y la enfermedad que sufrió el trabajador, por lo que estima la demanda. Los abogados de la familia, Roberto Jiménez y Juanjo Lizarbe, resaltan la importancia del fallo por cómo se aborda el tema, la elevada cantidad reconocida y la entidad que ha sido condenada.

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Condenan a la Mancomunidad de Pamplona por la muerte de un trabajador por amianto

Un juzgado impone a la entidad local una indemnización de 298.000 euros por no cumplir con las medidas preventivas

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