Diario de Navarra

La primera explosión sacudió la residencia en la que vivía Ousama a las cuatro y media de la madrugada. Dormía y su primera reacción fue esconderse bajo la cama. En ese momento, la aviación y la artillería rusa descargaban fuego sobre las principales ciudades de Ucrania. También en Kharkiv (Járkov), donde estudiaba Finanzas. Al grito de “¡al refugio!” los estudiantes salieron de las habitaciones y buscaron las entrañas del edificio. Aquella tarde del 24 de febrero, horas antes del inicio de la invasión rusa, Ousama, de 21 años, preparaba algunos exámenes que debía realizar online. Después de estudiar se sentó al volante de su coche y circuló por la ciudad en busca de clientes. Trabajaba como taxista para poder pagar los 1.500 dólares que le costaba el año de carrera, sin contar gastos de habitación y manutención. Natural de Marruecos, sus padres, ambos profesores de peluquería en Fez, costearon con sus ahorros el primer año de curso de su segundo hijo en Ucrania, en 2019. El relato de Ousama se asoma desde el interior de una nave abandonada de Pamplona, donde espera una protección temporal que no llega. Los días posteriores a los bombardeos, sus compañeros de residencia, estudiantes de Pakistán, India, Marruecos y Argelia, principalmente, se abrieron paso como pudieron en la estación de tren y huyeron. Él lo hizo cuatro días después con una pequeña bolsa. Al entrar en el vagón, tomó asiento en el suelo y quedó sobrecogido por el sonido de la guerra. Sintió el silencio de la huida. Escuchó el ruido distante de las descargas de artillería, las explosiones, las sirenas antiaéreas, el silencio de la conmoción, del dolor, el traqueteo de un tren que se detenía en cada estación durante horas por seguridad. Así fue la huida, que se prolongó un día entero. Una vez en Lviv (Leópolis), Ousama continuó en taxi hasta la frontera. Y la tarde del 1 de marzo, su pasaporte recibió el impacto del sello de salida, prueba legal de la entrada en Europa. En Polonia lo trataron como a un refugiado ucraniano más. Varsovia había habilitado ocho centros de acogida a lo largo de su frontera. Se les facilitaba orientación y alojamiento temporal. Allí descansó dos noches y luego permaneció otros tres días con una familia polaca. Pero no quería abusar y se despidió, emprendiendo un periplo personal que le llevaría sin saberlo hasta Pamplona. Sentía impotencia. Era consciente de que Ucrania nunca más iba a ser Ucrania. Un día antes de que Ousama atravesara la frontera, otro estudiante de Marruecos, Bayad, de 27 años, residente también en Kharkiv, entró en Europa con una mochila al hombro. En su caso, el joven llevaba siete meses en Ucrania cuando le sorprendió la guerra. Aquella noche del 24 de febrero dormía en otra residencia y de igual modo se tuvo que refugiar en el sótano. Era su primer año y se había inscrito en Ingeniería Radioelectrónica, por la que había adelantado 3.000 dólares. Un pago que incluía los estudios y la residencia. Ahorros de toda una vida después de trabajar instalando paneles de pladur en Marruecos. En Kharkiv trabajaba como repartidor de comida en bicicleta. Desde el 24 de febrero han huido de Ucrania más de 7,2 millones de personas, produciéndose más de 12 millones de movimientos transfronterizos, según ACNUR. Por ello, ante este desplazamiento masivo, la Unión Europea activó en marzo de 2022 la Directiva de Protección Temporal. Un mecanismo de emergencia utilizado en circunstancias excepcionales con el que proporcionar protección inmediata y colectiva a las personas desplazadas ucranianas y aliviar la presión sobre los sistemas nacionales de asilo. Entre los derechos que confiere el sistema de protección temporal se incluyen el permiso de residencia, el acceso al mercado laboral y la vivienda, la asistencia médica y el acceso de los menores a la educación. En este contexto, el Gobierno español decidió ampliar el ámbito de aplicación de la Protección Temporal no sólo a personas de otras nacionalidades o apátridas que residían legalmente en Ucrania antes del 24 de febrero, sino también a los ciudadanos ucranianos en España antes del comienzo del conflicto o que se encontraban en situación irregular aquí. REFUGIADOS UCRANIANOS EN LA COLA DEL HAMBRE EN PAMPLONA DURMIENDO EN LA CALLE MIENTRAS ESPERA PROTECCIÓN Con un bocadillo de tortilla y un café caliente en sus manos, en un bar de la calle San Gregorio de Pamplona, Ousama cuenta que ahora duerme en la calle, que no sabe qué hacer, dónde ir, ni siquiera sabe si comerá. Se siente confuso. Lo marean de un lado a otro, sin terminar de valorar su caso. “Solo busco protección internacional”, asiente, en un inglés pausado. “La protección es un derecho para todos los seres humanos, ¿no?”, interpela, otra vez confuso. Esta mañana del 18 de octubre, Ousama desconoce la posibilidad de acogerse a la protección temporal. No lo sabrá hasta una hora después, al buscar asesoramiento en CEAR. Su responsable en Navarra, Idoia Oneca, hace referencia a la existencia de esta directiva europea tanto para nacionales de Ucrania como para desplazados por la guerra de terceros países con permiso de residencia en vigor en ese país. Así que no le queda otra opción que acudir a la Brigada Provincial de Extranjería. Antes revisa la documentación: pasaporte, los dos visados de estudiante en Ucrania, el sello de salida por Polonia, la tarjeta que le acredita como ciudadano ucraniano hasta el 2024... De camino a la policía detalla que el primer año en Ucrania se dedicó a estudiar el idioma y que tenía previsto iniciar Medicina, pero el covid lo paró todo. Entonces, regresó a Marruecos para evitar más gastos. Fue durante esta época, en su país, cuando comprendió que no encajaba por su forma de ver la vida. Tuvo que aislarse en una habitación fuera de la casa de sus padres. “¿Por qué? Sencillamente, por mi forma de vestir, de peinarme, de moverme, de hablar... Sufrí mucha violencia de género”, asegura, sin entrar en más detalles. Nueve meses después, regresó a Ucrania con un segundo visado de estudiante y le renovaron la tarjeta de residencia hasta el año 2024. Ousama accede a la oficina de extranjería junto al periodista y muestra la documentación. Sin embargo, al enseñar su pasaporte, marroquí, el funcionario zanja el asunto. “Con ese pasaporte es imposible solicitar protección temporal”, deja claro. “¿Tiene algún documento que demuestre que no puede volver a su país?” Ousama se encoge de hombros. “La única alternativa, prosigue el policía, es que solicite protección internacional. Pero no es inmediata como la temporal. En este caso le llevará un año y medio como mínimo hasta que la reciba”. El miércoles 19 de octubre, a las 13 horas, Ousama y Bayad coinciden por primera vez en su vida. Se encuentran en la puerta de la asociación Apoyo Mutuo, en el barrio pamplonés de la Rochapea, mientras solicitan alimentos. Al llegar al lugar no dan crédito a lo que ven. Delante tienen a un centenar de personas tirando de carros de la compra y silletas con niños. Les sobrecoge comprobar que en esta cola del hambre también hay familias ucranianas que se encuentran aquí por diferentes motivos. Algunas no reciben ayudas o han tenido que abandonar el programa de emergencia para ponerse a trabajar. Pero al ponerse a trabajar se han encontrado con jornadas de doce horas diarias y salarios precarios. Así lo denuncia Volodymir, padre de dos niños, junto a Maxim, otro padre ucraniano. En frente, también están Natalia y su suegra, Irina. Se comunican con el traductor del móvil. María Equiza, voluntaria de la asociación, trata de animarles. “Vienen muchas familias ucranianas. Parece que las ayudas no cubren las necesidades del mes. Además, las familias de acogida no han recibido las ayudas prometidas”, evidencian desde Apoyo Mutuo. Ousama y Bayad se despiden, pero antes comparten sus números de teléfonos. Se abrazan. Se encontrarán por la noche, frente al calor de una hoguera en una nave abandonada. “Es difícil para un estudiante universitario verse en estas condiciones, en la calle, sintiéndose invisible... Nosotros viajamos a Ucrania para cambiar nuestra vida. No podemos regresar a Marruecos”. Estíbaliz San Juan, abogada de CEAR: "Se está vulnerando la orden de protección temporal" En marzo de 2022 se activó una normativa de protección temporal para el desplazamiento masivo de ciudadanos nacionales en Ucrania que huyen de la guerra. Una directiva que los propios países podían ampliar a personas de terceros países residentes en Ucrania con el permiso en vigor y que no pudieran regresar a su región de origen de manera segura. En este sentido, España decidió ampliar la normativa. En uno de los artículos expuestos por el Consejo Europeo se dice que quienes deseen acogerse a la protección deben cumplir los requisitos exigidos, “pero si no pudieran presentar la documentación correspondiente, los Estados deben reorientarlos hacia el programa adecuado”, subraya la directiva. La abogada de CEAR, Estíbaliz San Juan, analiza la situación actual. “Esta orden incluye a los nacionales de terceros países con un permiso de residencia legal válido, por ejemplo de estudiantes, que no pudieran regresar a su país”, explica la abogada. El problema estriba, continúa aclarando San Juan, en que en la mayoría de las comunidades autónomas ni siquiera se está admitiendo a trámite la solicitud de nacionales de terceros países con el permiso de residencia legal. “Es decir, las brigadas de extranjería no están recogiendo las solicitudes de protección temporal y ni siquiera las están estudiando”, denuncia. Tal y como ha sucedido con Ousama y Bayat. “Esto significa que se está negando el acceso al procedimiento. Y consideramos que esto no debe ser una decisión de la Policía, porque no poseen la facultad de estudiar si estas personas desplazadas pueden o no regresar a su país”, deja claro. “Quien tiene la competencia, la capacidad y los conocimientos de valorar y estudiar si una persona está en riesgo o no a la hora de volver a su país es la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio de Interior. Y lo que la policía está haciendo es ni siquiera recoger la solicitud. Así que consideramos que se está vulnerando la directiva de la UE e igualmente la orden a nivel nacional porque estas solicitudes deberían ser recogidas y admitidas y estudiadas por la oficina de asilo”.

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