Un fallo en la forma de tramitación ha supuesto la anulación del procedimiento urbanístico que aprobó el Gobierno de Navarra en diciembre de 2019 y que daba luz verde a construir, en la Ciudad del Transporte de Pamplona, en término municipal de Noáin ( Valle de Elorz), la planta de tratamiento de residuos que proyecta la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

La sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, da la razón a una parte de los argumentos dados por el Consistorio llamado a albergar la instalación en su término y por el ingeniero Francisco Galán para solicitar la anulación del acuerdo. Entiende la Sala de lo Contencioso Administrativo que el procedimiento del Ejecutivo foral es nulo por ser contrario al Ordenamiento jurídico en lo relativo a las servidumbres aeronáuticas y la reordenación de la cuarta fase de la zona pensada inicialmente para el transporte y la logística. Cabe recurso en casación.

Desde el Gobierno foral confían en poder reconducir el procedimiento ahora en entredicho. Subrayan la importancia de que el TSJN no haya considerado que la modificación no puede llevarse a cabo y, por tanto, aseguran que la planta pueda instalarse donde pensó la Mancomunidad si se completa la tramitación de manera correcta. La entidad comarcal, que tras varios retrasos en trámites barajaba para junio de 2024 la puesta en marcha del centro, ve ahora su calendario retrasado “unos meses”. Recuerdan, en cualquier caso, que la adjudicación confirmada a FCC Construcción y FCC Medio Ambiente por 72 millones de euros estaba condicionada a posibles incidencias judiciales. También la compra del terreno que se recalificó hace más de dos años. La operación se cerró el pasado mes de diciembre por casi 11,4 millones, pero con una cláusula de devolución si no se completaba la tramitación urbanística. Supone un nuevo varapalo a otro de los planes que ha iniciado Mancomunidad para gestionar los residuos, como ocurriera con las plantas de biometanización y compostaje que llegó a plantear en Góngora y Arazuri y que acabaron anulados por el Supremo.

La sentencia es el primero contrario a la planta de los más de 20 recursos que ha recibido la tramitación del también llamado centro ambiental de la comarca. El centro llamado a sustituir la fórmula actual de entierro del material depositado en contenedores de fracción resto había superado recursos administrativos en cuanto al procedimiento llevado a cabo por Mancomunidad, o a la elección del terreno. Está pendiente alguno sobre la compra del terreno por parte de la entidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra comunicó ayer el sentido de la sentencia que las partes acababan de recibir. En un auto de 30 folios va desgranando cada uno de los recursos que plantearon tanto desde Noáin (Valle de Elorz) como el ingeniero Francisco Galán, autor en su día del proyecto del centro de residuos de Góngora y defensor de prolongar su uso. Una normativa vigente en la Unión Europea y la ley de Residuos fija el porcentaje de residuos que se pueden verter sin tratar, llamado a desaparecer en uno s años.

DEFECTO PROCEDIMENTAL

Apuntan desde el TSJN que la sala aprecia un defecto “procedimental” referente a la exposición pública. La controversia, añaden, tiene su origen en si la inclusión de la línea ferroviaria, no contemplada inicialmente e incluida a instancias de Adif, debe ser considerada una modificación sustancia del PSIS y, por tanto, susceptible de ser objeto de jurisprudencia. La sentencia sostiene que “las modificaciones introducidas deben ser consideradas sustanciales por la incidencia que producen en el modelo de planeamiento elegido entre una y otra aprobación”. También se refiere al cambio de uso que se aprobó por el Gobierno de Navarra, del industrial logístico inicial a otros autorizados como el centro de tratamiento de residuos de la Comarca de Pamplona que se contemplaba en un contrato de reserva de parcela entre Nasuvinsa y Servicios de la Comarca de Pamplona, acordado en 2018. Concluye la sala que “se ha producido una modificación sustancial en la planificación de la cuarta fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona, tanto respecto a la red ferroviaria como en los usos” y entiende que “debió dar lugar a un nuevo trámite de información pública”.

La sentencia rechaza otros argumentos de los recurrentes, como la petición de nulidad por ausencia del informe de impacto de género; o por la ausencia del informe de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. En este sentido, desde el gabinete del departamento de Ordenación del Territorio que dio el visto bueno a la modificación del PSIS, destacaban que no ha aceptado otros argumentos sobre la falta de informes. “De hecho, se dan por válidos y son favorables, lo que se puede traducir en que la tramitación se alargará unos meses, pero no hay que volver al principio”, sostienen. El Gobierno ha sido condenado a costas.

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El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el alcalde del Valle de Ollo, David Campión, elegido con votos de sus compañeros independientes, EH Bildu, el PSN y Geroa Bai, no se aventura a decir el retraso que supondrá la sentencia en los planes para poner en marcha un centro de tratamiento de residuos orgánicos, fracción resto y envases. Recuerda que el trámite anulado ahora lo llevó a cabo el Gobierno e Navarra y la entidad ni siquiera era parte en el recurso. Valora que en los pasos dados respecto a la planta, como la compra del terreno a Nasuvinsa (11,4 millones) y la adjudicación de la redacción del proyecto, construcción y puesta en marcha a FCC (72 millones) se ha condicionado la continuidad y devolución de cantidades a que el trámite siga adelante. “No arriesgamos la economía de la mancomunidad”, sostiene. Y pone el acento en que lo “verdaderamente ilegal es enterrar toneladas de residuos” y alerta de posibles sanciones europeas.

Sebastián Marco valoraba ayer la sentencia que anulaba el procedimiento urbanístico que validó la instalación de una planta de tratamiento de residuos en la Ciudad del Transporte, en término municipal de Noáin (Valle de Elorz). Agradecía la labor y colaboración de los presidentes de concejos, a los representantes en la MCP, al ingeniero Francisco Galán y a la abogada Laura Lomana tras una primera sentencia favorable a sus intereses. Pero ponía el acento en que era “un día muy triste para todas las localidades que formamos la MCP”. Apuntaba que no se había trabajado por el interés general sino por sacar un proyecto “que sabían que no era legal y hoy ha sido anulado”. Pedía explicaciones por el “despropósito” de gastar más de once millones en la compra de unos terrenos “en los que no es posible” construir la macro planta. “Esperamos que la Mancomunidad tenga en cuenta la severidad de la sentencia y pedimos que recapacite sobre este proyecto y lo paralice a la mayor brevedad posible”.