El Parlamento de Navarra votó por unanimidad en noviembre de 1997, hace 24 años, otorgar la Carta de Capitalidad a Pamplona, con efectos desde el 1 de enero de ese año. Gobernaba entonces UPN, con Miguel Sanz presidente; en la oposición, el PSN, CDN, HB, EA e IU. Lideraba el Ayuntamiento el tripartito CDN, PSN e IU, con Javier Chourraut, alcalde; UPN estaba en la oposición, igual que HB.

La Cámara foral respaldaba el acuerdo dentro de un nuevo reparto del Fondo de Haciendas Locales. Suponía, en fin, una inyección económica de 1.800 millones de pesetas al año, algo más de un millón de euros, con cargo a los presupuestos generales de Navarra. Con ella, Pamplona salía de la Ley de Saneamiento de las Haciendas Locales y pasaba a contar con una financiación singular.

ALGUNOS PEROS DE LOS PARTIDOS, MENOS EL PSN

La crónica del acuerdo en Diario de Navarra decía que, “a pesar de que los partidos de la oposición, excepto el PSN, manifestaron algunos inconvenientes, todos coincidieron en que “se trata de una medida necesaria para que Pamplona alcance su reequilibro presupuestario”. Contó con el visto bueno de todo el arco parlamentario, UPN, PSN, CDN, EA, HB e IU.

Rafael Gurrea, vicepresidente y consejero de Administración Local, destacaba que “el carácter de capital de Pamplona confiere a su ayuntamiento una singularidad respecto a otras entidades locales, desde el momento en que numerosos servicios son demandados y utilizados, además de por los vecinos, por un alto porcentaje de población de hecho que acude a Pamplona como usuaria con carácter ocasional o permanente de los grandes servicios públicos”.

El parlamentario de CDN Miguel Ángel Larráyoz consideró que la tramitación se había “alargado demasiado” y que la ley limitaba la autonomía municipal, algo en lo que coincidió con Ion Erro, de IU. Adolfo Araiz, entonces parlamentario de HB, dio el visto bueno de su grupo y opinó que “la cantidad establecida no responde a estudios rigurosos, sino al resultado de un pulso político entre el Gobierno y ayuntamiento y añadió que “el acuerdo era el reconocimiento de la insuficiencia financiera de Pamplona y la de otros ayuntamientos navarros, como una secuencia de un tratamiento incorrecto a las entidades locales desde los presupuestos de Navarra”. El parlamentario de EA, Fermín Ciáurriz, manifestó su desacuerdo con el procedimiento y “con la utilización partidista”. El PSN fue el único grupo que no percibió inconvenientes a la concesión de la Carta.

Los posteriores debates parlamentarios para concretar las cantidades económicas, hicieron emerger un pacto de UPN y PSN que frenó los intentos de los grupos de la oposición para incrementar la cuantía de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales. Ambos partidos encriptaron 1.000 millones de pesetas más para el acuerdo presupuestario inicial, que suponían un incremento de la ayuda en concepto de Carta de Capitalidad de 138 millones para 1998. Así, pasaba de 1.838 a 1.976 millones de pesetas.

EL ACUERDO SELLÓ UN PERIPLO DE VEINTE AÑOS

El acuerdo para la Carta de Capitalidad selló un periplo de dos décadas de desencuentro institucional a la búsqueda de un sistema de compensación financiera. Y los protagonistas fueron dos ejecutivos antagonistas, pero también se puso de relieve que el Gobierno foral necesitaba el beneplácito del consistorio para la consecución de algunos proyectos.

La Carta de Capitalidad cerró un capítulo de tutela y control económico que durante una década ejerció la Administración foral a través de la Ley de Saneamiento, una norma nacida para supervisar la salida del Ayuntamiento de Pamplona del agujero de 14.000 millón de pesetas en que quedó en los años 80.

El Gobierno lograba, por su parte, el respaldo de Pamplona para constituir una demarcación única en telecomunicaciones y televisión por cable, algunos proyectos urbanísticos y la anexión de Mendillorri a la capital navarra. Fueron dos de las condiciones que hicieron posible al acuerdo final.

Y hubo algo más. Según crónicas de aquel tiempo, Javier Chourraut reconoció que la buena sintonía personal entre el presidente y el alcalde, él mismo, allanó el camino hasta lograr un acuerdo. No compartían esta tesis los socios de CDN en el Gobierno de Pamplona, PSOE e IU, para quienes había surtido efecto la presión con Mendillorri y la demarcación única del cable.

LOS PUNTUALES QUE AVALABAN LA CARTA

Valoraba que “un 15,6% de personas no empadronadas en Pamplona” utilizaban sus servicios, la población flotante, que calculaban en unas 31.600 personas.

Las sanciones de tráfico de las personas de fuera de Pamplona conformaban otro de los criterios que el Gobierno entendió compensables a la capital: “El 47% de las denuncias son imputables a personas de fuera, lo que obliga a labores de coordinación, control y seguridad de tráfico, por parte de la Policía Municipal”.

También hablaban de las subvenciones de bonobuses a jubilados que el ayuntamiento aplicaba a la villavesa, también a quienes no residen en la capital.

Ponían sobre la mesa la exoneración de impuestos, como la contribución urbana, de los edificios institucionales del Gobierno de Navarra, incluida como susceptible de financiación en la Carta de Capitalidad.

El dinero por la anexión de Mendillorri reportaba 358,3 millones de pesetas.