Los arquitectos del centro cultural de Egüés denuncian al Consistorio

Tras la renuncia del Ayuntamiento a la ejecución de la obra pagada, recuerdan que no cabe otro proyecto

Valle de Egüés refuerza servicios sociales con guardias en festivos
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Valle de Egüés refuerza servicios sociales con guardias en festivos

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C. A. M.

Actualizado el 12/12/2020 a las 06:00

El equipo redactor del proyecto de casa de cultura en Sarriguren (Valle de Egüés) ultima una demanda al Consistorio tras la resolución del contrato que les unía por la renuncia municipal a la ejecución de la obra de construcción. Alertan, además, de que el nuevo concurso que el equipo de gobierno de Navarra Suma baraja para contar con otro proyecto no podría realizarse. Explican que la renuncia “no se justificó adecuadamente por motivos de interés público” y que no se ha producido un motivo “sobrevenido” para cambiar de postura.

Los abogados del equipo Impar Roncal Basterra SLP, que en 2017, tras un procedimiento abierto, fueron contratados para la redacción del proyecto y dirección de la obra de la casa de cultura en Sarriguren explicaron este viernes la situación. Lo hicieron después de que desde el equipo de gobierno de Navarra Suma anunciaran los planes para encargar un nuevo proyecto tras renunciar a ejecutar el aprobado en 2018 y modificado en 2019. Por dos veces quedó desierto el concurso de obras impulsado con Geroa Bai en la alcaldía y el nuevo equipo de NA+ descartó que se pudiera ejecutar tal y como había sido proyectado. Por el proyecto se pagó, según la concejal de Cultura, Inmaculada Múgica, la mitad de lo contratado para el proyecto y la dirección de obra: 107.060 euros.

Las asesoras legales del equipo de arquitectos, sin embargo, subrayan que la renuncia al proyecto llegó tras una resolución de alcaldía después de haber intercambiado mensajes sobre la intención de llevar a cabo la inversión. Advierten también que la alcaldesa, Amaya Larraya (NA+), no ha respondido a su recurso de reposición tras firmar la resolución de renuncia. En ella recordaba que se pasó de un proyecto inicial de 4,5 millones a un incremento de dos más que, “podía poner en peligro la estabilidad y viabilidad de las arcas municipales”.

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