Aprobados 3,2 millones para pagar un complemento a los contratados

El Ayuntamiento de Pamplona cumplirá ahora la sentencia que ya el año pasado reconoció que todos los contratados administrativos tienen derecho a percibir el complemento de grado, al igual que los funcionarios. El consistorio comenzó a pagarlo a los 414 afectados en agosto pasado, pero el fallo judicial obligaba a abonarlo con efectos retroactivos desde enero de 2015, un detalle que engrosa la factura pendiente con los contratados hasta los 3,2 millones de euros y que ayer el pleno aprobó pagar.

Fue la partida más cuantiosa de un amplio listado que incluía igualmente gastos relacionados con la pandemia del coronavirus, a los que el consistorio pamplonés ha tenido que hacer frente y todavía lo hará. Los remanentes de tesorería y también parte del superávit del presupuesto del año pasado son partidas que han ayudado a cubrir estos gastos plasmados ayer en una nueva modificación del presupuesto prorrogado de este año 2020. El expediente se aprobó con el voto unánime de toda la Corporación, y el mismo resultado obtuvo la resolución de alcaldía con la que el pasado mes de mayo se aprobaron partidas por importe de 799.000 euros para gastos relacionados con el covid-19.

AYUDA DEL GOBIERNO NAVARRO

La concejal María Echávarri (NA+) explicó que eran dos los objetivos de la modificación presupuestaria llevada al pleno extraordinario. Por un lado para “hacer frente a obligaciones de ejercicios anteriores” (pago del complemento, equipamientos para ANIMSA, o limpieza de edificios), y por otro para ampliar las partidas relacionadas con los gastos derivados del covid-19.

Aludió a dos modificaciones que no pudieron aprobarse el pasado mes de febrero, cuando toda la oposición sumó sus votos para sacar adelante sus propuestas. Se refería Echávarri al contrato para instalaciones semafóricas y al de aplicaciones informáticas para ANIMSA.

“El nuevo escenario de la pandemia obliga a adecuar los servicios a la nueva situación y a las nuevas necesidades tecnológicas derivadas de la actividad telemática. Se van a adecuar trámites de la sede electrónica, añadiendo gestiones y se va a facilitar el uso de la sede electrónica a la ciudadanía. Todo unido a las mejoras urgentes de las infraestructuras tecnológicas, que no estaban dimensionadas para las nuevas necesidades”.

En cuanto a los gastos relacionados con la pandemia, señaló que todos llegaban con los informes de Prevención de Riesgos Laborales para dar la mayor seguridad en el trabajo, y destacó entre ellos los 200.000 euros para las instalaciones de Aranzadi y San Jorge, entre otras cuestiones para controlar los accesos y el aforo ahora que vuelven a abrirse al público.

Preocupada por el “escenario de incertidumbre económica en el que nos movemos”, aunque la reducción de ingresos y el aumento de gastos “se está cumpliendo de la forma menos pesimista”, Echávarri subrayó que las dos incógnitas del mes de mayo todavía están pendientes. Se refería a la normativa del gobierno central para regular el destino del superávit de 2019, y al fondo de 25 millones que el Gobierno de Navarra destinará a las entidades locales y que deja “en situación preocupante al Ayuntamiento de Pamplona”, aunque la concejal confía en que los grupos parlamentarios lo subsanen con sus enmiendas.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Para “tranquilizar” a la responsable de Hacienda municipal intervino Javier Leoz (Geroa Bai), al anunciarle que su grupo ya está preparando enmiendas al fondo de 25 millones de euros del Gobierno de Navarra. El edil reconoció sin embargo que su grupo seguirá apoyando otorgar un mayor beneficio a los municipios más pequeños, “sobre todo desde que estamos hablado de combatir el despoblamiento y el abandono, y porque nosotros mantenemos el mismo discurso en todos los escenarios”, dijo. Leoz pidió compensaciones económicas para estos municipios a sabiendas de que ello implica ir en detrimento de las grandes localidades, pero también citó la gravedad de la situación de la economía pamplonesa y anunció su apoyo a las modificaciones presentadas al pleno.

“También creemos que la Administración del Estado debe tomar una decisión sobre la normativa presupuestaria y las inversiones financieramente sostenibles”, dijo.