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TRIBUNALES

La Audiencia archiva las denuncias por la gestión de UPN en Egüés

Avala el auto del juzgado de Aoiz que en 2017 concluyó que no se apreciaba responsabilidad penal

Tres de los investigados en el caso. De pie, Carolina Potaú. En el centro, Estefanía Clavero, y a la derecha, José A. Andía. También en la imagen, Javier Marquínez, actual edil de Navarra Suma.
Tres de los investigados en el caso. De pie, Carolina Potaú. En el centro, Estefanía Clavero, y a la derecha, José A. Andía. También en la imagen, Javier Marquínez, actual edil de Navarra Suma.
Archivo
  • C.A.M.
Actualizada 12/05/2020 a las 06:00

La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha cerrado la vía penal del llamado “Caso Egüés”, que investigaba los presuntos delitos de los que se acusaba a ex ediles de UPN en el Ayuntamiento del Valle de Egüés y de la empresa Nasipa, socia del Consistorio en dos sociedades de promoción de viviendas. En un auto abordado en octubre y firmado la semana pasada, avala otro que dictó en 2017 el juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz, que no apreció responsabilidad penal en los investigados, entre ellos el que fuera alcalde desde 2003 a 2013, José A. Andía. La resolución es firme y condena al consistorio a las costas.


Cuando todavía estaba gobernado por Geroa Bai en coalición con EH Bildu recurrió al entender que la instrucción de Aoiz mezclaba la jurisdicción penal y contable y que cabía seguir con el procedimiento para investigar la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos.

El auto de la semana pasada desestima esta pretensión y avala los fundamentos jurídicos del juzgado de Aoiz, que tras el archivo provisional desestimó una primera apelación del Consistorio. Confirma por tanto que no se aprecia esa responsabilidad penal denunciada tras una investigación en el Consistorio avalada por los entonces ediles de Nafarroa Bai (ahora en Geroa Bai), Bildu, el PSN, I-E y PPN. También la Cámara de Comptos apreció posibles irregularidades que remitió al Juzgado y al Tribunal de Cuentas. Aquella vía jurisdiccional se archivó definitivamente el año pasado.

El auto de la sección Segunda de la Audiencia Provincial era el paso que esperaban los investigados desde hace meses. Con él se cierra el camino abierto en 2011 cuando comenzó a investigarse la gestión del Consistorio y de las sociedades mixtas en las que tuvo como socio a Nasipa. La empresa entró más tarde en lo que se denominaba concurso de acreedores.

En apenas seis folios zanja la Audiencia Provincial el largo proceso judicial. Además de aceptar los fundamentos del juzgado de Aoiz, se refiere al cumplimiento de la tutela judicial en el caso, tras la denuncia de los hechos y la investigación llevada a cabo en Aoiz, que se prolongó varios años y que se reactivó tras sumarse la Cámara de Comptos a la denuncia que primero hizo el Consistorio y que apreció más de medio centenar de presuntas irregularidades.

Menciona también el auto de la Audiencia que el auto de Aoiz estaba claramente motivado y no obedecía a meros formalismos. “Ambas decisiones dan cumplida respuesta a todas las cuestiones suscitadas, sin que la sala aprecie motivos para modificar las conclusiones por la instructora”. Además, incide en que la vía penal se rige por el principio de intervención mínima y que el control jurisdiccional de la actuación administrativa puede ser desarrollado por la jurisdicción contenciosa administrativa como la penal, “reservando esta última a actos que infringen notoriamente los principios constitucionales”.

Nueve ex ediles y directivos de Nasipa investigados desde hace nueve años


El auto de la Audiencia Provincial que confirma el archivo del llamado “Caso Egüés” pone fin a la investigación judicial que pesaba sobre los ex ediles de UPN, José Anastasio Andía, Carolina Potau, Estefanía Clavero, Alberto Idoate e Íñigo Solchaga. También sobre los ex directivos de Nasipa Miguel, Gregorio y Saturnino Luis Ezquerra y Juan Larraza Zandueta. Todos fueron llamados a declarar a Aoiz entre 2014 y 2015, cuando el informe de la Cámara de Comptos reactivó la investigación sobre la denuncia que había hecho el Ayuntamiento del Valle de Egüés. En ella apreciaban posibles irregularidades y responsabilidades contables, administrativas y penales en la gestión de las sociedades creadas desde la pública Andacelay para promover viviendas. El procedimiento se incoó por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos. La instrucción de Aoiz descartó las presuntas responsabilidades penales y ahora la Audiencia corrobora esta situación. Este lunes, desde UPN destacaron la inocencia de los que fueran sus representantes, algunos forzados a dimitir.


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