Diario de Navarra

La Junta de Gobierno es el órgano que tendrá que decidir si el Ayuntamiento de Pamplona puede ordenar el desalojo o no de los okupas que desde 2016 han convertido una vieja nave industrial de la calle Artica, en la Rochapea, en un gaztetxe para el barrio. Esa es al menos la propuesta que ha hecho la letrada municipal ante la petición realizada por el presidente de la Junta de Compensación que gestiona la urbanización prevista en ese lugar y que conlleva el derribo de la nave ocupada ilegalmente. La petición oficial tiene fecha del pasado mes de noviembre y en ella el presidente de la citada junta, de la que forma parte el Ayuntamiento como socio, proponía un plazo de 10 días para el desalojo. El pasado mes de mayo un juzgado de lo civil determinó que tenía que ser la jurisdicción administrativa la encargada de determinar el desahucio de la nave basándose en que el propietario era una Junta de Compensación y no un particular. La nave ubicada en el número 28 de la calle Artica albergó un negocio familiar que se dedicó a la construcción de microbuses y reparaciones de autobuses. En el espacio que ocupa esta nave y la colindante está previsto un inmueble con 46 viviendas libres, y que el Ayuntamiento de Pamplona obtenga un local de 3.000 metros cuadrados ubicado en la planta baja del edificio. RIESGO Y PELIGRO Para iniciar el procedimiento administrativo, la Junta de Compensación acordó requerir al Ayuntamiento que utilizase los medios que tiene atribuidos para poder ejecutar la urbanización y, por lo tanto, para desalojar la nave. Se solventarían de esta manera, además, las quejas y denuncias vecinales que a finales del año pasado daban cuenta de la presencia de indigentes en la nave, así como del acceso a los balcones de las viviendas de algunos de los okupas. El escrito enviado por el presidente de la junta aludía igualmente a los riesgos que podían derivarse de la ocupación ilegal, basándose para ello en el informe encargado a un arquitecto, en el que se habla del “fragante incumplimiento de la normativa de protección de incendios”, con el “grave riesgo” que suponía la inexistencia de salidas de emergencia reglamentarias. A esto se sumó el informe de una intervención de Policía Municipal que daba cuenta de las obras sin autorización y sin medidas de seguridad alguna “para reparación de goteras en la cubierta”, que estaban realizando los okupas. INFORME DE LA LETRADA Ante la petición del presidente de la junta, la letrada municipal señala en su informe que el ordenamiento jurídico confiere a las administraciones públicas una serie de poderes para actuar y cumplir su finalidad y que entre esas potestades no está la solicitada de auxiliar a la junta. Explica luego que tras la aprobación definitiva de la reparcelación de la superficie de la calle Artica (abril de 2010), esta nave “no existe jurídicamente” porque todas esas parcelas se subrogaron en la nuevas. Y alude a los estatutos de la Junta de Compensación según los cuales esta tenía que recibir las edificaciones “previamente desalojadas y desocupadas”, y que si no se le entregó la nave, “debería tenerse en cuenta quién estaba en el uso y disfrute de la misma antes de la ocupación”, porque ese es el responsable de mantener los bienes usados en las debidas condiciones.

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Piden al Ayuntamiento que desaloje a los okupas de la nave de la calle Artica

La Junta de Compensación lo ha solicitado de manea oficial y alerta de los riesgos y peligros que tiene la nave

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