El Gobierno de Navarra deberá realizar una primera evaluación del impacto que ha supuesto la regularización extraordinaria de personas migrantes y dar a conocer el resultado. Así lo ha aprobado este viernes el Parlamento, a propuesta de UPN, ya que la iniciativa ha contado con el apoyo de PP y Vox, pero también de Geroa Bai. El resto de miembros del Ejecutivo tripartito, PSN y Contigo Navarra, y su socio presupuestario, EH Bildu, han votado en contra, pero se han quedado en minoría.

La iniciativa se ha debatido en la comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Legislativo, y en ella se pide al Ejecutivo que presente públicamente en dos meses esa evaluación del impacto que ha supuesto la regularización extraordinaria de personas migrantes en la que, según datos oficiales, se registraron 14.886 solicitudes en la Comunidad foral.

La resolución aprobada detalla que ese análisis debe incluir, al menos, el impacto en el empleo (afiliaciones a la Seguridad Social, contratos laborales formalizados, sector y tipo de contrato; nuevos autónomos; demandantes de empleo inscritos en el Servicio Navarro de Empleo; en la economía sumergida, y demanda de cursos y programas formativos); en otros servicios públicos y el acceso a nuevos derechos (renta garantizada; servicios sociales y sanitarios; vivienda o en la escolarización); en la recaudación de la Hacienda Foral, y “en la diversidad y la riqueza cultural”.

El texto original tenía un segundo punto, desestimado con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo y Vox y los votos a favor de UPN y PP, en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo foral a “redimensionar los servicios públicos y las políticas activas de empleo de acuerdo con los resultados de dicha evaluación, a fin de atender con la calidad necesaria a toda la ciudadanía que vive en la Comunidad foral”.