La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso diseñaron una operación para inflar artificialmente el coste de rehabilitación de la sede de Mercasa y justificar su traslado, con la intención de obtener beneficios de la operación inmobiliaria. La tesis, recogida en un escrito presentado en la Audiencia Nacional, recibe ahora un importante respaldo documental: una auditoría de la propia empresa pública admite que Servinabar 2000, la sociedad vinculada a Santos Cerdán, había elaborado el estudio técnico cinco meses antes de que se tramitara su contratación y reconoce incumplimientos de sus normas internas.

Un informe de la UCO conocido en el mes de junio detalla con correos y mensajes un presunto plan urdido por el denominado grupo Hirurok (Antxon, Leire y Vicente) en connivencia con dos directivos de Mercasa para trasladar la sede de esta empresa, vendiendo un inmueble y comprando otro. La idea era “disfrazar” la operación, planteando primero una rehabilitación de la actual sede para llegar a la conclusión de que salía más rentable  el traslado. Servinabar iba a llevarse su correspondiente comisión por sus labores de intermediación, según la UCO. La operación no salió bien y lo único que obtuvo Servinabar son 14.975 euros por elaborar un estudio técnico del edificio, un contrato menor plagado de irregularidades, según la auditoría interna.

“El informe técnico se elaboró con carácter previo a la tramitación del expediente, lo que supone un incumplimiento manifiesto de la normativa aplicable en la entidad”, señala la auditoría, fechada el 17 de junio de 2026. El documento, junto con otro informe de cumplimiento de octubre y los anexos del contrato, fue remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporado al procedimiento que instruye Santiago Pedraz el 19 de octubre.

La secuencia de fechas resulta especialmente comprometedora. Servinabar visitó el edificio del paseo de La Habana el 15 de junio de 2021, según recoge su propio trabajo. Un correo enviado al día siguiente por su responsable técnico, Mikel Arrarás, a la directiva de Mercasa Mayte Castillo, confirma aquella visita. Sin embargo, la empresa pública no inició formalmente la contratación hasta octubre, aprobó el expediente el 11 de noviembre y comunicó la adjudicación al día siguiente. Para entonces, el informe aparecía fechado en julio.

El trabajo costó 14.975 euros más IVA, un total de 18.119,75 euros. Servinabar lo remitió con la factura el 29 de diciembre de 2021, fuera del plazo previsto para su ejecución. Un mes después, el 21 de enero de 2022, entregó otra versión de 73 páginas en la que la visita al edificio pasó de junio a noviembre y también se desplazaron las fechas de elaboración. Pero en los anexos sigue figurando junio. Ambos documentos carecen de firma y la revisión interna no encuentra una explicación de esos cambios.

El expediente presenta más anomalías. En un primer borrador, Mercasa justificó que no se pidieran tres ofertas porque la contratación debía tratarse con “discrecionalidad” y formaba parte de la estrategia de la compañía. En una versión posterior aparecieron Infraestructuras Montearagón y Sumelzo como empresas consultadas, pero la auditoría no encuentra solicitudes de presupuesto ni respuestas que lo acrediten. Además, ambas empresas están vinculadas a la trama. En concreto, Montearagón compartió su sede social con Servinabar en la calle San Nicolás de Pamplona. Sumelzo, vinculada a Forestalia, pagó 12.100 euros a Servinabar en 2020.

El vínculo con los investigados aparece desarrollado en el escrito de Anticorrupción, presentado para oponerse al recurso del expresidente de Mercasa José Ramón Sempere contra el traslado de documentación a los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado. Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen describen a Díez, Fernández y Alonso como integrantes del grupo Hirurok, que habría utilizado contactos en el sector público para orientar expedientes en beneficio propio o de terceros.

Según la Fiscalía, los tres conocían el interés de Sempere y otros responsables de Mercasa por trasladar la sede. Su propuesta consistía en obtener un contrato para justificar mediante una “sobrevaloración ficticia” las obras de rehabilitación y actuar después como intermediarios en una compraventa o arrendamiento inmobiliario. Los investigadores identificaron un documento de junio de 2021 que planificaba las relaciones entre Servinabar y Mercasa y constataron que una estimación inicial de 2.114.417,31 euros se elevó pocos días después hasta 2.828.571,72, más de 700.000 euros adicionales sin justificación técnica aparente, según su análisis.

En las conversaciones de 2021 hay mensajes especialmente expresivos. El 31 de mayo, Vicente Fernández escribió a Antxon Alonso que había conseguido que “dejen a nuestro cargo” la venta de la sede. En septiembre,  Leire Díez envió al grupo los “textos para pasárselos a Mayte para que monte ya los dos expedientes”. Anticorrupción interpreta estos intercambios como gestiones coordinadas para preparar las contrataciones.

La nueva documentación también permite seguir los contactos entre Leire Díez y Mayte Castillo después de aquella adjudicación. Mercasa localizó gastos de representación correspondientes a seis encuentros entre ambas: tres comidas entre septiembre de 2022 y enero de 2023, cuando Díez figuraba como directiva de Correos, y otras dos comidas y una reunión entre marzo y junio de 2024, cuando aparecía identificada como periodista. La revisión no precisa de qué hablaron ni encuentra facturas de representación referidas a Alonso o Arrarás.

Mercasa tampoco localiza pruebas de que el estudio de Servinabar se utilizara finalmente para ejecutar las obras de mejora energética. Según sus comprobaciones, los trabajos posteriores se apoyaron en un proyecto propio de 2022, revisado en 2024. La entidad afirma asimismo que, tras revisar su contratación desde 2019, no ha identificado otros encargos similares a la sociedad navarra ni irregularidades equivalentes en los expedientes examinados.