Censo electoral
El censo exterior aumenta en Navarra en más de 6.600 personas, un 21% más, de la mano de la ‘ley de nietos’
El Tribunal Supremo ha paralizado de forma cautelar el derecho a voto de estos nuevos electores del llamado censo CERA en medio de una dura batalla política y jurídica
Publicado el 04/10/2026 a las 05:00
La llamada ‘ley de nietos’, por la que hijos y nietos de exiliados españoles pueden obtener la nacionalidad de origen, al igual que aquellos hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de entrar en vigor la Constitución de 1978, ha tenido una incidencia notable en Navarra en el crecimiento del Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Desde las últimas elecciones generales de julio de 2023, ya con la ‘ley de nietos’ en vigor - que en realidad se trata de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática-,este censo ha crecido en la Comunidad foral desde los 29.940 electores a los 36.315 de julio de este año, más de un 21% y por encima de la media del conjunto del país, que ha sido del 17,5%.
Pero este censo no deja de crecer mes a mes y solo en el pasado agosto ya se han incorporado otros 235 electores nuevos hasta alcanzar los 36.550, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE). El INE no identifica el motivo administrativo por el que se han dado las altas al CERA ya que en la suma también entran los españoles que han pasado a residir en el extranjero, o quienes viven fuera y ya tenían la nacionalidad pero que en este tiempo han cumplido la mayoría de edad.
Pero la influencia de la ‘ley de nietos’ es significativa. En los cuatro años anteriores a la entrada en vigor de esta normativa el censo CERA se incrementó en Navarra en apenas dos mil personas, una tercera parte de lo que ha crecido en los tres últimos años.
Y es que, como en el resto del país, la mayoría de las 6.600 nuevas incorporaciones desde 2023 al censo de residentes ausentes en Navarra derivan de la ‘ley de nietos’ y han tramitado su inclusión en remoto desde consulados y embajadas de Argentina, México, Estados Unidos, Venezuela... pero también desde países del entorno europeo como Francia y Reino Unido.
Te puede interesar
SOLO SE HAN RESUELTO UNA PARTE DE SOLICITUDES
La ‘ley de nietos’ posibilita que hijos y nietos de españoles emigrantes puedan recuperar su nacionalidad sin necesidad de residir en España, una realidad que lleva aparejadas obligaciones y derechos, como el voto en los comicios generales y autonómicos, aunque no en los municipales. Según cifras de la Administración estatal, unos 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española a través de este proceso, de los que poco más de medio millón ya la tienen aprobada.
La oleada de solicitudes superó todas las previsiones y la capacidad de gestión de los consulados y embajadas de España se halla actualmente sumida en un gran atasco. Por ello, el goteo de reconocimientos seguirá durante muchos meses, o incluso años, ya que aunque la Ley entró en vigor en 2022 y se habilitó un plazo de tres años para que los interesados pudieran presentar sus demandas de nacionalidad, la resolución de las mismas se va a demorar.
Te puede interesar
EL VOTO DE LOS NUEVOS 6.600 CENSADOS
A día de hoy es una incógnita que va a ocurrir con los inscritos en el censo como residentes ausentes por la ‘ley de nietos'. Hay toda una batalla política y judicial. Vox presentó en julio un recurso ante el Tribunal Supremo contra una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que el órgano electoral se negó a suspender las “inscripciones masivas” en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), que va a aumentar como consecuencia de la 'ley de nietos', que permite el voto a los nacionalizados.
Tras ese recurso y el interpuesto también por la asociación Iustitia Europa el Supremo ha resuelto suspender de manera cautelar el derecho a voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada ‘ley de nietos’, así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad.
El auto del Supremo argumentó que el “incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA” puede “afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados” y pidió informes a la Junta Electoral Central (JEC) que deberá determinar el derecho a voto de los inscritos uno a uno. Y es que desde Vox se cuestiona que la instrucción que dictó el Ministerio de Justicia para conceder las nacionalidades en 2022 supera lo que la Ley de Memoria Democrática establecía para descendientes de exiliados y amplía los supuestos: “El ámbito de aplicación de la ley de nietos beneficiaba a unos pocos miles, pero con esa instrucción pasa de pocos miles a 2,5 millones”, ha criticado la formación de Abascal.
'LEY DE NIETOS', LOS HITOS DE UNA NORMA ENVUELTA EN POLÉMICA
¿Qué es la ‘ley de nietos’?
La llamada ‘ley de nietos’ es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. A través de ella pueden obtener la nacionalidad los nacidos fuera de España de padres o abuelos españoles que la perdieron tras sufrir exilio por ‘razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual’. Además se extiende a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
¿A quien se considera exiliado?
Una vez aprobada la ley, el Gobierno dictó una instrucción sobre cómo aplicar esta medida en los registros consulares donde se tramitan las peticiones de nacionalidad. En dicha instrucción señaló que se presumirá la condición de exiliado “a todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, con la condición de que acrediten esa “salida del territorio español”. Es decir, amplió la consideración de exiliados y es lo que han recurrido Vox y Iustitia Europa al considerar que la norma abre la puerta a la obtención generalizada de la nacionalidad y, por tanto, el derecho al voto.
¿Qué ha suspendido el Tribunal Supremo?
El Supremo ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Vox y Iustitia Europea y ha suspendido la inscripción en el censo de votantes del exterior (CERA) a quienes lo hayan hecho a través de la ‘ley de nietos’, tanto las que ya están tramitadas como las que están en proceso. No suspende la obtención de la nacionalidad, sino la posibilidad de votar. El auto pide que se acredite que se ha logrado la nacionalidad española de acuerdo con las exigencias de la ley, “sin haber aplicado la presunción” que se dictó después, la instrucción.
¿Cómo ha intentado salvar este escollo el Gobierno de Pedro Sánchez?
PSOE y Sumar han aprovechado esta semana su mayoría en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para introducir una enmienda ‘intrusa’ que busca blindar la ‘ley de nietos’ y la instrucción posterior que extiende la presunción de exiliado a todos los que salieron de España entre 1936 y 1955. La batalla política y judicial continúa mientras la mayor parte de los 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad siguen un tortuoso camino de resolución.
