UPN ha vuelto a registrar en el Parlamento de Navarra su propuesta de reforma de la Ley de Renta Garantizada “ante la falta de avances por parte del Gobierno de María Chivite, que anunció en octubre de 2024 que estaba trabajando en una modificación de la prestación y que, casi dos años después, sigue sin haber presentado ningún proyecto de ley”. 

La formación regionalista defiende un modelo de renta garantizada “respete el régimen foral y favorezca la inclusión social a través del empleo”. “Navarra necesita una reforma real de la Renta Garantizada, basada en las competencias propias de la Comunidad Foral y en medidas que puedan aplicarse de forma efectiva para mejorar el sistema, reforzar la inclusión social y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos”, han reivindicado.

Así, han señalado que, “frente a quienes plantean medidas que dependen de decisiones del Estado, UPN propone una reforma que respeta plenamente el Régimen Foral y que se centra en aquello que Navarra puede hacer para mejorar la prestación y ayudar a las personas a construir un proyecto de vida autónomo a través del empleo”.

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La formación recuerda, además, que “la necesidad de reformar el actual modelo ha sido puesta de manifiesto por la propia Cámara de Comptos, que alertó de deficiencias en los mecanismos de control, incidencias en la revisión de expedientes y cobros indebidos, recomendando reforzar la supervisión y el seguimiento de la prestación”.

La propuesta de UPN, recuerdan, establece como requisitos para acceder a la Renta Garantizada encontrarse en situación administrativa regular y carecer de antecedentes penales por determinados delitos graves. Asimismo, limita la duración ordinaria de la prestación a tres años, con una cuantía decreciente a medida que transcurre el tiempo, para evitar situaciones de dependencia permanente y favorecer la incorporación al mercado laboral.

Además, convierte en obligatoria desde el inicio la participación en un programa personalizado de inclusión sociolaboral, con acompañamiento y seguimiento individualizado, e incorpora nuevas obligaciones para los perceptores, entre ellas aceptar ofertas de empleo adecuadas.

La iniciativa también contempla la creación de un servicio específico de inspección, auditorías periódicas y un endurecimiento de las sanciones para combatir el fraude y garantizar que las ayudas lleguen exclusivamente a quienes cumplen los requisitos.

Por último, propone establecer límites al conjunto de ayudas públicas que puede percibir una misma persona o unidad familiar, con el objetivo de ordenar el sistema de protección social y reforzar la equidad en el acceso a los recursos públicos.