Política
UPN y PP vuelven a presentar sus iniciativas legales de reforma de la renta garantizada
Han registrado de nuevo en el Parlamento navarro sus proposiciones, tras la decisión del Gobierno de María Chivite de no impulsar su anunciado cambio legal


Actualizado el 01/10/2026 a las 19:38
UPN y PP han vuelto a registrar en el Parlamento sus respectivas iniciativas legales para modificar la renta garantizada, pese a que fueron rechazadas por la Cámara. Han dado este paso, después de que la presidenta María Chivite y la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, hayan confirmado que no van a promover el cambio legal de esta prestación para reforzar su control y la inclusión social y laboral de sus beneficiarios, pese a que llevaban meses anunciándolo.
UPN sostiene que la “necesidad de reformar el actual modelo ha sido puesta de manifiesto por la propia Cámara de Comptos”, que “alertó de deficiencias en los mecanismos de control, incidencias en la revisión de expedientes y cobros indebidos” y recomendó “reforzar la supervisión y el seguimiento de la prestación”, señala este partido en una nota.
QUÉ CAMBIOS PROPONE UPN
UPN plantea que para acceder a la renta garantizada el beneficiario esté en situación administrativa regular y carezca de antecedentes penales por delitos graves. Limita la duración ordinaria de la prestación a tres años, con una cuantía decreciente a medida que transcurra el tiempo.
Convierte en obligatoria desde un inicio la participación en un programa personalizado de inclusión sociolaboral e incorpora obligaciones para los perceptores como la de aceptar ofertas de empleo adecuadas a su perfil. Además, propone crear un servicio específico de inspección, auditorías periódicas y un endurecimiento de las sanciones para combatir el fraude.
LA REFORMA QUE PLANTEA EL PP
Por su parte, el PP volverá a llevar al Parlamento su propuesta, que vincula la prestación a un “proceso real de inclusión social y laboral”. Contempla cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra para acceder a su cobro; la coordinación entre la renta garantizada y el Ingreso Mínimo Vital; una evaluación individual durante el primer mes y un contrato de inclusión activa con compromisos de formación, búsqueda de empleo y aceptación de ofertas “adecuadas”, recordó el PP en una nota. También plantea reforzar los controles y establece consecuencias ante el fraude y los incumplimientos.
