La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha asegurado este lunes por la mañana que aunque no puede avanzar como va a terminar la negociación con Catella y Testa, propietarios de viviendas que tras perder su calificación quieren vender en el mercado privado con el consiguiente impacto que esto tendría para las familias afectadas, van a pelear "con uñas y dientes" para que esas ventas no se lleven a cabo.  

"Recomprar viviendas pagadas con fondos de todos los navarros me repatea pero es la solución y nuestra apuesta", ha defendido como vía para dar seguridad a las familias afectadas y antes de recordar que se trata de "un problema heredado", en referencia a los convenios que se firmaron con promotoras y constructoras con vigencias de 20 o 30 años, tras los cuales las viviendas pasaban al mercado libre.

Alfaro ha avanzado que el anteproyecto de presupuestos del Departamento de Vivienda para el año que viene dotará la partida de compra de vivienda con 22 millones de euros, frente al millón con el que, según ha dicho, se encontró el actual equipo al llegar al Gobierno hace tres años. El departamento negocia además que parte del superávit disponible pueda destinarse a la compra de viviendas.

La consejera de Vivienda ha aludido al blindaje del alquiler protegido, aprobado el pasado junio, que evitará "que vuelvan a darse estas situaciones" y ha recordado el derecho de adquisición preferente del Gobierno sobre las viviendas que han perdido la calificación en los últimos diez años, que obliga a los propietarios a pasar por el Ejecutivo antes de vender. "Testa va a tener que pasar por nosotros si quiere vender esas viviendas por lo que vamos a poder dificultar esa operación", ha advertido. 

En todo caso, Alfaro ha querido poner de relieve que, en materia de Vivienda, Navarra está "a años de otras comunidades" y que aquí no se podría dar el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada de su casa en Madrid, porque la zona de mercado tensionada limita las subidas del precio de los alquileres.

Ha evitado posicionarse sobre el Real Decreto de medidas que prevé aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la situación de la vivienda. "Por prudencia no me voy a pronunciar porque me consta que está habiendo negociaciones y que probablemente las haya por la complejidad de la situación hasta el último momento", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que las administraciones asuman los impagos de inquilinos vulnerables, ha afirmado que "habría que analizar la vulnerabilidad del inquilino; habría que analizar y ponderar si tiene más derecho el propietario o el inquilino; habría que ver de qué propietario estamos hablando, si es un gran tenedor, un fondo de inversión, yo me mostraría yo me mostraría totalmente en contra de que la Administración pública, con recursos de todos, pague la cuota de ese alquiler".