Dos informes jurídicos solicitados por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra concluyen que la modificación de la ley foral del Derecho a la Vivienda en Navarra, que el Parlamento de Navarra aprobó en junio, presenta “diversos motivos de inconstitucionalidad al aplicar, con carácter retroactivo, un régimen indefinido a promociones de vivienda protegida en alquiler realizadas bajo unas condiciones y unos plazos previamente establecidos, en virtud de los cuales dichas viviendas se descalificarían llegada una fecha cierta a contar desde su calificación definitiva”. En concreto, la norma alcanza a 2.248 viviendas que hubieran perdido su protección en los próximos años.

Los dictámenes solicitados al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, Martín María Razquin Lizarraga, y al Antiguo Letrado Mayor del Parlamento de Navarra y Exletrado del Tribunal Constitucional, Manuel Pulido Quecedo, sostienen, según el comunicado remitido por la asociación de constructores, que la citada ley afecta a derechos adquiridos y vulnera la Constitución al incurrir en infracciones en su tramitación, en invasión de la competencia estatal en materia de vivienda, así como en violación de diferentes principios constitucionales, entre otros, seguridad jurídica, irretroactividad, confianza legítima, igualdad o derecho de propiedad.

La reforma fue impulsada inicialmente por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin y finalmente aprobada con los votos de estas tres formaciones y de Geroa Bai. La proposición de ley se presentó el 11 de junio y fue aprobada por el Pleno diez días después. “Uno de los principales argumentos utilizados por los grupos parlamentarios proponentes de la modificación urgente fue la existencia de 108 viviendas protegidas que iban a perder su calificación durante el verano de 2026. Sin embargo, la información facilitada por el Departamento de Vivienda, a través de una consulta al Portal de Transparencia, confirma que esas viviendas son propiedad de entidades públicas: 38 viviendas en Burlada cuyo propietario es el Ayuntamiento de Burlada, y 70 viviendas en Pamplona propiedad de Nasuvinsa”, señala ACP en su comunicado.

Para ACP Navarra, este dato evidencia que la urgencia invocada en relación con esas 108 viviendas no era tal y, por tanto, la modificación aprobada carecía de justificación, por lo que no debió tramitarse ni, mucho menos, ser aprobada. La finalización de su período de protección no suponía por sí misma ni su venta inmediata a un operador privado ni la salida automática de sus inquilinos, y la circunstancia de que fueran viviendas de propiedad pública cambiaba sustancialmente el escenario presentado para justificar una reforma legislativa urgente.

“Las 108 viviendas que se utilizaron reiteradamente para justificar la necesidad de aprobar la reforma de manera inmediata no estaban en manos de un fondo de inversión, ni de un propietario privado dispuesto a venderlas, sino en el patrimonio de entidades públicas. La información disponible muestra que los promotores son el Ayuntamiento de Burlada y Nasuvinsa. Por tanto, creemos que existía margen para estudiar una modificación de esta importancia con más tiempo, más información y un diálogo con el sector que lamentablemente no ha existido”, señalan desde la asociación.

En junio, los promotores y constructores navarros ya advirtieron que la reforma introducía una “grave inseguridad jurídica porque altera de forma unilateral y retroactiva la normativa bajo las que estas viviendas fueron promovidas” impidiendo su descatalogación. Una cuestión que, a su juicio, compromete la viabilidad de sus empresas y la confianza para volver a invertir en VPO de alquiler a futuro. Los efectos de la reforma, advirtieron entonces, recaerá sobre "empresas familiares navarras que llevan décadas promoviendo vivienda protegida de alquiler". Según los datos recabados por ACP, las empresas navarras tienen 557 viviendas afectadas hasta 2030, y 773 más hasta 2054, frente a unas 67 vinculadas a fondos de inversión. Defienden que la pérdida de calificación "no ha dejado familias en la calle" porque "durante años" los promotores han buscado soluciones para los inquilinos cuando algunas promociones han finalizado su periodo de protección, sin que se hayan producido situaciones de desprotección ni conflictos sociales.

La asociación concluye que, tal y como se trasladó a todos los grupos parlamentarios, la modificación no ha dado solución a aquellas viviendas que, con anterioridad a su aprobación, ya habían perdido la calificación protegida, y solo ha servido para expulsar a la iniciativa privada que, desde la entrada en vigor de la ley se ha visto obligada a desistir de la construcción de más de 300 viviendas que habían sido calificadas administrativamente para su alquiler protegido, agravándose así, aún más, la situación de escasez de oferta en el mercado.